Joseba García, el hermano de Koldo García, el exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos y centro de una presunta trama de cobro de comisiones ilegales por la compra de mascarillas durante la pandemia por Covid, es el único de los presuntos implicados que trabajaban en el Ministerio y que sigue haciéndolo. Así lo ha indicado este martes el actual ministro, Óscar Puente, durante una rueda de prensa en la que ha anunciado la apertura de una auditoría sobre los dos contratos conocidos de compra de mascarillas, con Adif y Puertos del Estado, y de la que, sin embargo, ha puesto en duda que pueda arrojar luz sobre si hubo "mordidas", comisiones ilegales como las que investiga la Audiencia Nacional. "No va a ser fácil", ha dicho.
"En este momento, en el Ministerio, de las personas investigadas en la trama queda solo una persona. Es el hermano del señor Koldo, que trabaja en una empresa pública dependiente de Adif y es personal de la brigada de limpieza. Presta servicio en Vitoria", ha dicho Puente, que ha llegado a relatar que el día en que fue detenido por su presunta pertenencia a la presunta red de cobro de comisiones, Joseba García estaba manejando una máquina de la empresa. "El día que le detienen está prestando servicio en la localidad de Vitoria, estaba llevando unas máquinas desbrozadoras, se lo llevan detenido y avisa a la empresa a través de su familia. Una vez que es puesto en libertad se reincorpora a su puesto de trabajo", ha contado Puente, sobre una persona que ha declarado ante el juez en calidad de investigado -imputado- como uno de lo familias de Koldo García con un notable incremento de ingresos en 2020. Tras declarar en la Audiencia Nacional la semana pasada, quedó en libertad sin medidas cautelares.
Puente ha desmentido que sigan trabajando en el Ministerio otras personas implicadas, como el hermano del presidente del Zamora CF, Víctor del Aldama, un policía nacional que Puente ha negado que fuera detenido y ni que llegara "de la mano" de Ábalos a Transportes, puesto que su llegada coincidió con la del exministro del PP Íñigo de la Serna, en 2016. Según ha dicho, en estos momentos no está adscrito al Ministerio, sino en la embajada de Rusia, en un cambio de destino que ha considerado "normal". Con respecto al subteniente de la Guardia Civil implicado en la trama, Puente ha dicho que está en situación de retiro desde el verano pasado.
Por otra parte, el ministro ha manifestado su confianza en el subsecretario del Ministerio de Trabajo, Jesús Manuel Gómez, que lleva en el puesto desde 2020 y a quien Puente confirmó a su llegada, el pasado noviembre. Testigos de la investigación le habrían señalado como quien recomendó contratar con la empresa en el centro de la trama, Soluciones de Gestión. "He hablado con él y está absolutamente tranquilo, muy fastidiado por verse en los papeles, pero absolutamente tranquilo y me ha dado explicaciones que me han satisfecho", ha dicho Puente, que ha añadido que "de momento tengo confianza en el subsecretario".
Contratos y 'mordidas'
Puente ha comparecido este martes en rueda de prensa en la sede de su Ministerio junto al secretario de Estado de Transportes, Juan Antonio Santano, para informar de la apertura de una "auditoría amplísima" que llevará a cabo la Inspección General de Servicios del Ministerio, un órgano formado por "funcionarios de carrera, inamovibles" y que funciona con "neutralidad e independencia", ha dicho el ministro. Es el mismo que llevó a cabo la investigación, por ejemplo, sobre el reciente caso de la compra de trenes para Cantabria y Asturias que no cabían por los trenes de la red de Cercanías por la que debían circular que terminó con el dos ceses en Renfe y Adif.
Ahora, tendrán acceso a toda la documentación que consideren preciso requerir al Ministerio o sus empresas dependientes y podrán entrevistar a los empleados que consideren oportuno para llevar a cabo una auditoría que Puente considera una "prioridad". Sus conclusiones se harán públicas y se aportarán a la comisión de investigación que el PSOE ha propuesto en el Congreso, así como a la investigación en la Audiencia Nacional si se requiere.
Las pesquisas se centrarán en el suministro de un total de 13 millones de mascarillas FFP2 para Puertos del Estado y Adif por parte de la empresa que está en el corazón del 'caso Koldo', Soluciones de Gestión. Puente no ha descartado del todo que pueda ampliarse a otros contratos y por eso se ha pedido a todos los departamentos del Ministerio y organismos dependientes que informen de si hay "algún contrato adicional". De momento estos dos son los únicos de lo que se tiene constancia. Ha descartado que la auditoría vaya a extenderse a otros ministerios.
Tal y como ha argumento Ábalos, ministro de Transportes en marzo de 2020 y a quien el PSOE exige "responsabilidades políticas" por el presunto cobro de comisiones por parte de una trama en cuyo centro estaría su exasesor, Koldo García, Puente ha recordado este martes que los dos contratos que ahora volverán a ser objeto de auditoría ya fueron auditados por la Intervención General del Estado y por el Tribunal de Cuentas, que no vieron reproche. De hecho, ha recordado el ministro, las mascarillas que se adquirieron para Adif y para Puertos del Estado resultaron ser más baratas de las que distintos ministerios y administraciones compraron en aquellos momentos - a 2,37 y 2,5 euros la unidad respectivamente-, los más duros de la pandemia por Covid y en un momento en el que el mercado mundial de productos sanitarios estaba convertido en un "zoco", según indicaban entonces entonces responsables políticos.
"Estas mercancías llegaron en su totalidad, correctamente, se repartieron entre el personal, fue un material que se cerró al precio bajo y llegó correctamente", ha abundado Puente sobre unos contratos que ha admitido que podrán investigarse sin necesariamente llegar a la conclusión de que hubo 'mordidas' como las que investiga la Audiencia Nacional.
"Los contratos podrán estar bien y no excluye que hubiese mordidas, el análisis no excluye la posibilidad de que haya personas que se hayan lucrado con estos hechos", ha dicho. Encontrar evidencias de que hubo mordidas en contratos que pasaron el visto bueno del Tribunal de Cuentas o de la Intervención General del Estado es el "meollo de la cuestión", ha admitido. "Voy a intentar aportar a la investigación un documento que de alguna manera ayude a solventar esta responsabilidad, de cómo se hicieron los contratos, quién tomaba las decisiones, etc", ha dicho Puente que, sobre su confianza de que la auditoría pueda detectar el cobro de comisiones por parte de miembros de la 'trama Koldo', ha admitido que "no va a ser fácil".
Situación "desgarradora"
Más allá de que esta auditoría consiga determinar si hubo "mordidas" en los contratos de compra de mascarillas para Adif y Puertos del Estado, el denominado ya 'caso Koldo' se ha convertido en el presunto caso de corrupción más grave en el PSOE desde que Sánchez es presidente, que este martes ha vivido un nuevo episodio político con la negativa de Ábalos a entregar su acta de diputado, su paso al Grupo Mixto en el Congreso y la apertura por parte del PSOE de un expediente sancionador que previsiblemente dará paso a su expulsión del partido del que fue Secretario de Organización, ministro y uno de los miembros centrales del equipo que llevó a Sánchez a volver a presentarse a unas primarias y a ganarlas en 2017 y después a hacer triunfar la moción de censura en 2018 contra Mariano Rajoy -precisamente por corrupción en el PP, tras la sentencia del 'caso Gürtel'-, que llevó a Sánchez a La Moncloa.
"Para mí, la situación desde un punto de vista político y personal es absolutamente desgarradora", ha afirmado Puente, que ha dicho tener "el más alto concepto por José Luis, tanto persona como político". "Yo he vivido con José Luis Ábalos momentos políticos decisivos, para mi partido y mi país, de los que unen a las personas, y supone que la decisión a tomar sea especialmente difícil". "Si me hubiera dicho que iba a vivir el momento en que la Ejecutiva Federal del PSOE iba a estar en trance de pedir Ábalos que entregara el acta no lo hubiera creído".
Dicho esto, Puente se ha mantenido en la línea de la dirección del PSOE de que Ábalos debería renunciar a su acta por "responsabilidad política", no porque se le crea corrupto. Por el contrario, le ha recordado el caso de Josep Borrell, que en las elecciones generales de 2000 iba a ser candidato a la Presidencia del Gobierno por el PSOE pero renunció por un caso de corrupción que afectaba a dos colaboradores suyos en Cataluña. "Se sintió interpelado. Es evidente que no hizo nada que tuviera relación, pero la confianza que había depositado en estas personas había sido tan estrecha que Borrell se marchó".
"Nadie le está acusando de corrupto en el PSOE, lo hemos dejado clarísimo. Mi sensación personal es que tendría que ver para creer que José Luis Ábalos ha metido la mano, me cuesta muchísimo", ha dicho el hoy ministro de Transportes, que sin embargo sí le ha achacado faltar a un deber de vigilar a sus colaboradores. "Poner la contratación en manos de personas que no tienen la cualificación necesaria no es la mejor manera de hacer las cosas".
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