La ley de familias aterrizará por segunda vez en el Congreso de los Diputados en menos de un año. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto que se fraguó en los despachos de la anterior ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y que decayó por la convocatoria de elecciones anticipadas. Su sucesor, Pablo Bustinduy, envía ahora a la Cámara Baja el texto completamente intacto, sin modificaciones, con el objetivo de agilizar su tramitación y negociar ahí las novedades que pretende introducir, como la ampliación de la baja por nacimiento de 16 a 20 semanas o hacer retribuidas al menos cuatro de las ocho semanas del nuevo permiso por cuidado de hijos.
Se trata de la primera ley que reconoce bajo un mismo paraguas jurídico a las diferentes situaciones familiares que existen en España, con el objetivo de implementar políticas de apoyo, reforzar los instrumentos de protección social que ya existen y avanzar en la lucha contra la pobreza infantil, cuya tasa coloca a España en los primeros puestos de la Unión Europea (UE). "Esta ley supondrá un hito en la política social de nuestro país", ha celebrado Bustinduy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que también ha recordado que, en comparación con la media europea, España destina un punto porcentual menos de su PIB a medidas de protección a la infancia.
Así, entre otras cosas, la norma redefine el concepto de familias numerosas y las equipara a las monomarentales con dos hijos. Reconoce también la diversidad de otros modelos familiares, como las familias adoptivas, reconstituidas, las LGTBI, con algún miembro con discapacidad o las que acogen; y amplía las medidas de conciliación, con tres nuevos permisos para el cuidado de familiares o convivientes, que ya entraron en vigor al aprobarse en la anterior legislatura a través del decreto para hacer frente a la crisis provocada por la guerra en Ucrania.
Igualmente se homologan los derechos de los matrimonios con los de las parejas de hecho, que constarán en un registro y podrán acceder a los mismos permisos, como el de 15 días, y tener reconocido su derecho a la atención temprana.
Familias numerosas
Las familias numerosas, por su parte, dejarán de ser nombradas así en el ámbito jurídico y pasarán a denominarse "familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza", abarcando en ese nombre también a los 300.000 hogares de un solo progenitor con dos hijos que calcula el Gobierno que hay en España. Este ha sido un asunto polémico, pues las familias numerosas han retirado su rechazo a que su nombre quede borrado en la ley de familias. Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales aseguran "estar abiertos a recuperar el término original" si con ello se consigue un mayor consenso durante la tramitación en el Congreso.
Independientemente de su nombre, las más de 800.000 familias numerosas que calcula el Ejecutivo que hay actualmente experimentarán otros cambios. La categoría especial, por ejemplo, pasará de necesitar un mínimo de cinco hijos a cuatro hijos; tres en el caso de parto múltiple o rentas bajas de los progenitores. También se considerarán familias numerosas a las familias con dos hijos en las cuales uno de los progenitores tenga al menos un 33% de discapacidad (y no 65%, como ahora); y en los casos de custodia compartida se permitirá por primera vez que ambos progenitores, aunque separados, puedan tener dos títulos diferentes.
Familias monomarentales y prestación por crianza
Por su parte, las familias monomarentales —más de dos millones, de las cuales el 81% están encabezadas por mujeres— tendrán por primera vez un título de acreditación oficial, similar al que hasta ahora se expedía para las familias numerosas, que les concederá ciertos beneficios de cara a la vivienda, al empleo, al transporte, actividades culturales, educación, etc. Además, tendrán acceso a 16 semanas de educación infantil gratis en dos años desde el nacimiento de los hijos; y aquellas que estén compuestas por un progenitor y dos hijos pasarán a equipararse a las familias numerosas de categoría especial.
Según ha celebrado Bustinduy, la iniciativa "formaliza" igualmente la existencia de una prestación por crianza de 100 euros mensuales para familias con hijos de 0 a 3 años que, asegura, es el punto de partida" para "su eventual extensión en el futuro" y avanzar hacia una renta que, tal y como ha defendido el ministro de Derechos Sociales en más de una ocasión, debería ser "universal", similar a la de numerosos países de la UE, y hasta los 18 años.
De hecho, fuentes del ministerio de Bustinduy aseguran que contemplan la posibilidad de agilizar ciertas medidas, incluyéndolas en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), como aumentar las deducciones por maternidad de 100 euros al mes hasta los seis años de edad, ampliar a 20 semanas las bajas por nacimiento o hacer retribuidas al menos cuatro de las ocho semanas del nuevo permiso por cuidado de hijos. Y es que esta última debe estar en vigor antes de agosto de 2024, según la directiva de la UE.
Además, y según establece la ley, el Gobierno desarrollará un marco estatal de referencia para acompañar y apoyar a las familias durante los primeros 1.000 días, o tres años de vida, desde el nacimiento de los hijos. Un marco que implicará medidas como la evaluación de riesgos durante el embarazo, el incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en Educación Infantil de 0 a 3 años, o un catálogo para que haya un mínimo de prestaciones disponibles para las familias en todas las comunidades autónomas.
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