La pobreza energética y alimentaria alcanza máximos en dos décadas en España tras la crisis inflacionaria

Una mujer hace cola con su carro de la compra a la espera de recibir regalos para niños vulnerables en una imagen de archivo.
Una mujer hace cola con su carro de la compra a la espera de recibir regalos para niños vulnerables en una imagen de archivo.
ALEJANDRO MARTÍNEZ / EP
Una mujer hace cola con su carro de la compra a la espera de recibir regalos para niños vulnerables en una imagen de archivo.

En los últimos tres años, los ciudadanos de España y medio planeta han visto cómo los precios del consumo, es decir, los que forman parte de su día a día, se han disparado como nunca antes en cuatro décadas. Sospechábamos y había indicios de que la crisis inflacionaria dejaría cicatrices, especialmente en los hogares más vulnerables. Las familias con menos destinan más porcentaje de sus ingresos a productos básicos como los alimentos y la energía, que han sido los dos grandes protagonistas de las subidas de precios. Pero los últimos datos sobre carencias materiales que ha publicado el INE dan un retrato especialmente agrio de las consecuencias de la crisis. Y es que las tasas de pobreza energética y alimentaria han alcanzado niveles nunca antes vistos desde 2004, el año en el que el instituto estadístico empezó a recopilar estos datos.

Así se refleja en la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), la radiografía más precisa que existe de la renta, pobreza y condiciones materiales de los hogares españoles. La estadística del INE apunta a que una de cada cinco familias españolas (el 20,7% de los hogares) no pueden permitirse mantener su vivienda a una temperatura adecuada. Estamos hablando de un porcentaje que en 2019 se situaba en el 7,6%, casi tres veces por debajo que ahora.

Las dificultades para adquirir alimentos básicos como la carne o el pescado también se han acrecentado desde que empezaron a dispararse los precios. No en vano, el precio general de los alimentos y bebidas es ahora un 30% más elevado que a comienzos de 2021. La fuerte subida de la cesta de la compra ha provocado que el 6,4% de los hogares españoles no puedan permitirse consumir carne, pollo o pescado al menos dos veces a la semana. El caso de los niños es especialmente llamativo: el 7% de menores de 16 años no consumen con regularidad este tipo de productos básicos. Hablamos de algo más de medio millón de personas.

Como era previsible, la crisis inflacionista ha golpeado con especial fuerza a los hogares en el escalafón más bajo de la renta. Mientras que entre la población general, uno de cada cuatro hogares sufre de pobreza energética, la proporción aumenta hasta un tercio entre el 20% de familias de menor renta. El caso de la falta de recursos para una alimentación adecuada es aún más llamativo en los hogares con menos ingresos. La tasa de pobreza alimentaria alcanza el 15%, frente a un 6,4% de media nacional.

Las familias monoparentales lo tienen más difícil

Si analizamos entre los distintos tipos de hogar, cuáles se encuentran en situación más delicada, hay un protagonista indiscutible: las familias monoparentales. El 41% de los hogares con un adulto y uno o más niños dependientes reconoce que tiene difícil o muy difícil llegar a fin de mes. Una tasa que casi duplica la media nacional del 21,6%. La cara opuesta de la moneda son los hogares formados por dos adultos sin menores dependientes a su cargo. En estos casos, solo el 16,2% de las familias declaran dificultades para llegar a fin de mes.

Además, los hogares monoparentales sufren con más frecuencia carencias materiales. Por ejemplo, el 59% no tiene capacidad de afrontar gastos imprevistos, la mitad no se puede permitir ir de vacaciones al menos una semana al año y uno de cada tres no tiene ingresos suficientes para mantener una temperatura adecuada en su hogar. 

Los ocupados llegan peor a fin de mes que los jubilados

La Encuesta de Condiciones de Vida deja también una imagen llamativa. Y es que los trabajadores tienen más dificultades para llegar a fin de mes que los jubilados. Una tendencia que ya se vio durante los años de la crisis financiera, pero que se ha acentuado desde 2019. Actualmente, el 19% de los ocupados declara problemas para llegar a fin de mes, frente a un 14% de los jubilados, la mayor brecha entre ambos grupos desde que existen registros.

Las crecientes diferencias entre ambos grupos se deben a la revalorización de las pensiones conforme al IPC que se aplica por ley desde 2021. Gracias a la protección a este colectivo, los pensionistas han logrado salir de esta crisis sin perder poder adquisitivo. Sin embargo, los asalariados han visto mermado su poder de compra, dado que sus sueldos no han crecido tanto como la inflación. 

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