El Congreso de los Diputados admitió ayer la prórroga del plazo para la votación de la ley de amnistía en la Comisión de Justicia. PSOE y Junts, que no descartan llegar a un acuerdo antes, se dan así hasta el 7 de marzo para continuar sus conversaciones respecto a la medida de gracia. Sin embargo, no parece -o al menos así lo defienden desde Moncloa- que los socialistas estén dispuestos a ceder mucho más. Además, pasan ya a la estrategia de la presión asegurando en privado que ellos no tienen implicados en el procés que necesiten quedar liberados de causas judiciales y restan importancia al hecho de que los posconvergentes permitieran este martes la tramitación en el Parlament de Cataluña de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que la Cámara declare la independencia de Cataluña.
"Si los que se van a beneficiar no la apoyan, ellos verán", resume uno de los ministros socialistas, que insiste en la idea de que el PSOE no cuenta con ningún implicado en causas judiciales por el procés independentista y que añade que el Gobierno "seguirá gobernando con o sin amnistía". En público, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, añadió más presión a Junts asegurando que "nadie entendería que esa ley no se aprobase". "Especialmente en Cataluña", apuntó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este martes.
La presión ejercida desde el Ejecutivo llega después de que la Mesa del Congreso aceptase ayer, con los votos de los socialistas y sus socios de coalición -Sumar-, la prórroga solicitada por el PSOE para que la Comisión de Justicia emita un nuevo dictamen sobre la proposición de ley de amnistía, fijando el 7 de marzo como fecha límite. Para entonces, PSOE y Junts deberán haber llegado a un acuerdo o, de lo contrario, la norma decaerá definitivamente. El lunes, la portavoz del partido, Esther Peña, aclaró que el PSOE pidió la ampliación del plazo de tramitación en el Congreso para aprovechar las posibilidades que les da el reglamento, pero no descartó un acuerdo "en breve".
La ley volvió a ese trámite tras rechazar los de Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat fugado de la Justicia en Bélgica, en el Pleno su aprobación definitiva. Los posconvergentes continúan insistiendo en que la amnistía debe ser "integral". Hay temores en las filas independentistas de que el expresident quede fuera de la medida de gracia en caso de que sea imputado por terrorismo o alta traición, delitos por los que los jueces pretenden investigarle en las causas de Tsunami Democràtic o Voloh y no incluidos en la medida de gracia.
El miedo de los socialistas es que la amnistía termine no superando el filtro del Tribunal Constitucional, lo que sería un varapalo para Sánchez. Por eso defienden no hacer más cesiones, después de haber aceptado incluir los casos de terrorismo, siempre y cuando éstos no hayan supuesto una violación "grave" de los Derechos Humanos. En esto último insisten en Moncloa, en donde fuentes gubernamentales aseguran que se han plantado y que no admitirán cambios de gran calado en el articulado. Añaden que no contemplan un escenario en el que la ley termine no aprobándose. Desde el partido, además, insisten en que no hubo terrorismo en los disturbios del procés. "No hubo terrorismo", apuntó este martes Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso.
Restan importancia a la ILP independentista
Durante este martes, Moncloa también restó importancia al hecho de que la Mesa del Parlament admitiese a trámite este martes una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) registrada por Solidaritat Catalana per la Independència (SI) para que la Cámara declare unilateralmente la independencia de Cataluña, a pesar del informe desfavorable del letrado. El PSC votó en contra y ERC se abstuvo, pero la iniciativa se tramitará gracias a los votos de Junts y la CUP. Los socialistas catalanes han pedido una "reconsideración" y fuentes gubernamentales señalan que no es la primera vez que hay "posiciones maximalistas" en el Parlament que terminan "quedando en nada".
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