Este país tiene una deuda con sus jóvenes. Son la generación peor pagada, en su mayoría no tienen acceso a una vivienda y, además, se cierne sobre ellos una preocupante y no resuelta precariedad.

Cuando se les pregunta por sus problemas, todas las encuestas coinciden en tres: crisis económica, falta de calidad del empleo e imposibilidad de comprarse un piso.

Comunidades y municipios llevan tiempo intentando afrontar este problema, pero con un éxito muy relativo. El Gobierno central se sumó ayer con una línea de avales para facilitar que los menores de 35 años puedan adquirir una vivienda.

Un paso necesario, pero aún insuficiente. Toca también fomentar la construcción masiva de pisos accesibles y una ley de la vivienda más eficaz. Los avales marcan un camino en el que todavía hay muchas etapas por cubrir.