Se lo espetó Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez el pasado miércoles. En el primer 'cara a cara' del nuevo año en el Congreso de los Diputados, el líder de la oposición recriminó al presidente que su Gobierno fuera el de las "cero leyes". Un reproche que cuadra con la rebaja del ímpetu legislativo del Ejecutivo en la nueva legislatura. Si bien es cierto que Sánchez no ha cumplido aún los 100 días de rigor en la Moncloa en esta nueva etapa, las dificultades que está llevando consigo la tramitación de la amnistía y las diferencias ideológicas entre los socios que conforman la mayoría de la investidura dejan entrever un escenario en que la coalición tendrá difícil lograr una agenda reformista como PSOE y Unidas Podemos llevaron a cabo en la legislatura pasada. Los Presupuestos, la ley por excelencia de cualquier Ejecutivo, también presentan grandes dificultades. Más aún, después de que el PP haya cumplido su amenaza y haya tumbado esta semana en el Senado los objetivos de déficit, retrasando aún más los plazos de las cuentas de 2024.
El presidente ya lo avisó en campaña, antes de que el 23 de julio dibujara un diabólico panorama parlamentario para los intereses del PSOE, que optó por no forzar una repetición electoral y volver a gobernar subiendo a su tren al Junts de Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat fugado de la Justicia, con la medida de gracia en forma de financiación del billete. El programa de los socialistas no contenía grandes transformaciones y el entonces presidente en funciones repitió en varios mítines que de su reelección dependía la consolidación de las reformas acometidas en los tres años y medio inmediatamente anteriores. Insistió en ello en septiembre del año pasado, ya consciente del panorama político que tenía ante sí. "[Tengo] una hoja de ruta clara que necesita ser consolidada en los próximos años. Eso es lo que propuse a los españoles el 23 de julio: no dar pasos atrás, sino consolidar y desarrollar muchas de las cosas que hemos ido aprobando en los años", apuntó desde Nueva York.
Sánchez ha propuesto nuevas medidas, pero que no necesitan pasar por el Congreso para ser aprobadas. Véase la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta 1.134 euros -firmada en el Consejo de Ministros el pasado martes- o un plan de choque educativo, cuyas competencias residen en las comunidades autónomas. Ambos anuncios, por cierto, realizados en Galicia, donde se celebran elecciones autonómicas el próximo domingo 18 de febrero. El pasado miércoles, en el Congreso, anuncio asimismo un refuerzo de la Ley de Cadena Alimentaria para calmar la protesta agrícola desatada en España esta semana, pero sin concreción alguna.
Para más inri, ninguna de las mismas ha logrado cambiar el foco informativo, que sigue estando puesto en la amnistía. La medida, "inconstitucional" para los socialistas antes de los comicios, ha encallado en el Congreso y ha vuelto a la Comisión de Justicia, donde socialistas y posconvergentes deberán llegar a un acuerdo antes del próximo día 21. Los primeros se oponen a la "amnistía integral" que proponen los segundos. Para sortear dicho obstáculo, el jefe del Ejecutivo propuso el lunes una reforma para acortar los plazos judiciales que 'murió' a los pocos días. En ello pesó el desinterés de Junts, pero también las reticencias mostradas por los otros grupos que sostienen al presidente, empezando por Sumar y pasando por ERC, la otra pata del independentismo catalán.
El hecho de que la amnistía regresara a su punto anterior -es decir, a la comisión- fue otra muestra de la debilidad parlamentaria del Gobierno, que necesita a todos sus socios en todas y cada una de las votaciones. Están recientes aún las ajustadas votaciones de tres importantes decretos, de los que el Ejecutivo logró convalidar dos -uno sobre medidas de modernización de la Justicia con el que se desbloqueó el desembolso de 10.000 millones de euros de fondos europeos y otro sobre el paquete anticrisis-. El tercero, de medidas laborales, decayó tras la negativa de Podemos, ya fuera de Sumar, a apoyarlo.
También esta semana se ha vuelto a demostrar la complejidad que se le presenta a Sánchez por la divergencia ideológica de sus socios. Pese a que PNV y EH Bildu o ERC y Junts puedan coincidir en sus objetivos en lo que al nacionalismo se refiere, sus posicionamientos económicos y sociales distan de ser parecidos. Es más, Junts y el PNV se han abstenido en el Senado para permitir el comienzo de la tramitación de la primera ley con la que Feijóo quiere aprovechar su mayoría absoluta. El movimiento de los socios de Sánchez no era necesario debido a los holgados números de los populares en la Cámara Alta, pero si mantienen su decisión en el Congreso, podrá aprobarse la denominada ley 'antiokupas'.
La mayoría absoluta en la Cámara Alta también ha permitido al PP tumbar los objetivos de estabilidad presupuestaria del Gobierno, en lo que supuso el primer revés para la elaboración de los Presupuestos de 2024. Estos objetivos son un paso previo imprescindible para poder elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que también podrían ser torpedeados por Junts, que avisa que sin amnistía no habrá legislatura. Esto ha provocado, incluso, que el Gobierno empiece a plantearse un año sin Presupuestos. Ahora están prorrogados los del pasado año, con los que el Ejecutivo cree que "tiene margen" para seguir en caso de no ser capaz de aprobar unas nuevas cuentas públicas.
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