Gobierno, socios y oposición han defendido este jueves a capa y espada sus posturas sobre la polémica legalidad de la amnistía ante la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa que ha viajado a España solo para examinar la futura ley. Tanto el Gobierno como sus aliados parlamentarios han reivindicado que la amnistía es "constitucional", mientras que la oposición la ha definido como "transacción corrupta" y ha avisado de que "condenaría a Europa". 

Los enviados del Consejo de Europa han empezado la jornada en el Ministerio de Justicia. Allí se han reunido con Félix Bolaños, que les ha trasladado a los miembros de este órgano consultivo la "valoración positiva del Gobierno" sobre la proposición de ley "por su contribución a la convivencia y por su pleno respeto al texto constitucional, al derecho europeo y a los principios del Derecho Internacional por los que vela la propia Comisión de Venecia", según ha informado el ministerio en un comunicado. Además, Bolaños ha mostrado su plena disposición a mantener un contacto continuado con la Comisión y a resolver cualquier cuestión que sus miembros quieran plantear".

Después, ha sido el turno del Congreso. Los comisarios han dedicado aproximadamente dos horas a escuchar los argumentos de los grupos, a los que ha hecho preguntas sobre todo técnicas, como por qué se ha hecho por una proposición de ley y no un proyecto de ley. También han abordado el lawfare a través de las comisiones de investigación. No obstante, ante la falta de tiempo, han quedado en enviar más cuestiones para que sean respondidas por escrito. Con todo ello, y tras otras reuniones que tienen agendas para este asunto, los comisarios emitirán su informe de conclusiones antes del 15 de marzo, ya que el PP ha solicitado la urgencia.

Los portavoces de la Comisión de Justicia han transmitido su satisfacción por el transcurso de la reunión. Claro que mientras el Gobierno y sus socios se han aferrado a las preguntas técnicas del órgano consultivo del Consejo de Europa, el PP ha puesto el foco en el interés que ha suscitado el contexto de la norma. De ahí que, tal y como ha señalado la popular Cayetana Álvarez de Toledo, espera que la comisión también entrará en el fondo.

Desde el PP se ha explicado que "lo que está en juego no es la convivencia sino la vigencia del derecho en España, y por tanto, del derecho en Europa; que la amnistía es una transacción corrupta incompatible con la Constitución española y el derecho europeo, es decir, que condenaría a Europa".  Si bien la Comisión de Venecia no ha preguntado por terrorismo, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo ha abordado "la inasumible enmienda de terrorismo, de la campaña de ataques protagonizadas por miembros del Gobierno contra jueces concretos, y las maniobras de los prófugos como es la reforma del Código Penal y la ley de enjuiciamiento criminal para limitar la instrucción de un juez concreto". 

Asimismo, ha entregado a los comisarios varios documentos como el pacto de PSOE y Junts del 9 de noviembre "que recoge la transacción corrupta", el informe de los letrados de la comisión de justicia, el comunicado conjunto de todas las asociaciones judiciales en contra del lawfare y un documento con las respuestas de los principales actores jurídicos contra la ley. "Pedro Sánchez está cada vez más cercado: quiso construir un muro contra la derecha y se ha encontrado con el muro del derecho", ha asegurado la popular.

En esta línea se ha movido Vox, que ha elevado la presión sobre los comisarios, a los que pide no dejarse "engañar por la propaganda oficial" del Gobierno en torno a la amnistía. "Ellos, como expertos que son de lo que representan esos valores de la democracia, del Estado de Derecho, de la división de poderes y de la justicia en Europa, tienen que calificarla como una norma contraria a esos principios constitucionales, democráticos y del Estado de Derecho", ha valorado Javier Ortega Smith.

Los socialistas, por su parte, han garantizado a los comisarios que la amnistía es una "ley sólida que viene a resolver un problema político" y que el Estado de derecho en España "está más fuerte que nunca". Asimismo, han defendido la vía de proposición de ley al tratarse de una prerrogativa de las Cortes Generales. Sus socios independentistas, tanto ERC como Junts, han reivindicado la legalidad de la norma.