La delegación de la Comisión de Venecia que este jueves visita Madrid ha mantenido un brevísimo encuentro con las cuatro principales asociaciones judiciales para recoger sus impresiones sobre la ley de amnistía. A excepción de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), todas ellas han alertado a este órgano consultivo del Consejo de Europa sobre las potenciales interferencias de la norma en el Estado de Derecho, el principio de Igualdad y la separación de poderes.
La reunión ha tenido lugar en la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde previamente la Comisión de Venecia se ha citado con el presidente interino del órgano, Vicente Guilarte, y otros dos vocales. Según informaciones de Europa Press, Guilarte y los vocales José Antonio Ballestero y Mar Cabrejas han trasladado a la Comisión de Venecia la preocupación que existe entre jueces y magistrados por las acusaciones de 'lawfare' y los ataques de políticos que vienen sufriendo a raíz de la ley de amnistía.
A la salida de la segunda cita, la magistrada de la Asociación Judicial Francisco Vitoria (AJFV) Carmen Gámiz ha explicado las advertencias que tanto ella como los representantes del Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) han trasladado a la delegación.
Según ha detallado, los integrantes de la Comisión de Venecia "no han hablado, se han limitado a tomar nota" de lo que, por turnos de cinco minutos, ha relatado cada asociación. "Hemos explicado que creemos que la ley de amnistía afecta al principio de Igualdad y a la separación de poderes, y que no debería abarcar delitos como el terrorismo o la malversación de caudales públicos", ha indicado por su parte Gámiz.
La APM, que tras la reunión ha emitido un comunicado, ha trasladado a la Comisión de Venecia que la ley de amnistía "carece de causa relacionada realmente con el interés general, pues tan solo responde a un compromiso político exigido para fraguar el pacto de investidura".
Esta asociación, que es la mayoritaria de la carrera judicial, ha alertado igualmente de la colisión de la amnistía con "aspectos básicos esenciales del ordenamiento comunitario". En este sentido, han subrayado particularmente la inclusión del terrorismo y la malversación de caudales públicos dentro de los delitos amnistiables.
Finalmente, el magistrado Celso Rodríguez Padrón, representante de la APM en el encuentro, ha denunciado el "cúmulo inaceptable de ataques a la independencia judicial y al principio de separación de poderes que no pueden tolerarse bajo ninguna excusa ni concepto".
Advertencias sobre el CGPJ
En otro orden de asuntos, las asociaciones han explicado a la Comisión de Venecia la "anómala" situación de bloqueo por la que pasa el Consejo General del Poder Judicial desde hace más de cinco años. Mientras que los vitorinos han defendido la necesidad de "reformar" el sistema de elección de sus vocales antes de renovar el órgano, Juezas y Jueces para la Democracia se ha centrado en la urgencia de renovar el Consejo.
"Hemos remarcado la anomalía del mandato caducado del CGPJ", ha explicado el portavoz de la asociación progresista, Benjamín Sánchez, que también ha informado a la Comisión sobre las "reprobables aptitudes" de los vocales del órgano, que a finales del año pasado publicaron un comunicado sobre la proposición de ley de amnistía, cuando a su juicio no tiene competencias para ello.
Por otro lado, Sánchez ha defendido durante la reunión que las asociaciones judiciales no deben pronunciarse "sobre una proposición de ley que no se ha aprobado y que a día de hoy no se sabe si se va a aprobar".
La Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa, ha mantenido una intensa ronda de contactos con las instituciones españolas a lo largo de este jueves para analizar la proposición de ley de amnistía. La delegación que ha aterrizado en Madrid en la mañana está compuesta por Marta Cartabia, ministra de Justicia italiana durante la etapa de Mario Draghi; el vicepresidente de la Comisión de Venecia, Martin Kujier; el exprimer ministro de Bulgaria Philip Dimitrov; y los juristas Regina Kiener, José Luis-Vargas, Simona Granata-Menghini y Pierre Garrone.
Tras recabar las impresiones e informes del Senado (que fue quien pidió la visita de la Comisión), la Comisión de Justicia del Congreso, algunos grupos parlamentarios, el ministro de Justicia, el CGPJ, las asociaciones judiciales y el Centro de Estudios Constitucionales, la delegación enviada por el Consejo de Europa elaborará un informe no vinculante sobre la proposición de ley. Según se prevé, este documento se publicará a mediados de marzo.
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