Una posible decisión por parte de la Fiscalía para imputar un delito de terrorismo al expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont complicaría todavía más que Junts diera luz verde a la ley de amnistía a la que Pedro Sánchez se comprometió a cambio de su investidura y tras el pronunciamiento mayoritario a favor de los fiscales del Tribunal Supremo, el Gobierno se ha centrado este jueves a minimizar su papel en la toma de tal decisión. Es más, ha apuntado a que el "especialista" en la materia es el fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, que ya informó en contra de imputar a Puigdemont por un delito de terrorismo.
El Gobierno ha minimizado este jueves la importancia de los fiscales del Tribunal Supremo en la decisión sobre una posible imputación del delito de terrorismo de Puigdemont al recordar que la decisión corresponderá a la número dos de la Fiscalía General del Estado al margen de la mayoría de fiscales que el lunes se mostraron favorables a ello y también al subrayar que el "especialista" en esta cuestión está en otra instancia judicial, en la Audiencia Nacional, donde Carballo ya informó en contra de la intención del juez instructor Manuel García-Castellón de procesar al expresident por un delito que complica la ley de amnistía que el Gobierno negocia con Junts y ERC para los procesados por el proceso independentista.
El encargado de lanzar un mensaje que pone totalmente en cuestión el papel de los fiscales del Supremo ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente, que en una entrevista en Espejo Público ha recordado que no son ellos quienes decidirán sobre la imputación de Puigdemont, sino la número dos de la Fiscalía que no tiene por qué tener en cuenta su opinión y ha conferido una autoridad mayor al fiscal de la Audiencia Nacional, que ya se manifestó en contra.
"La Fiscalía no toma las decisiones de manera democrática sino jerárquica", ha advertido y se ha referido al Estatuto Fiscal para indicar que la decisión sobre la imputación de Puigdemont es competencia de la teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde, número dos de la Fiscalía General del Estado y que fue nombrada a propuesta de la ex fiscal general Dolores Delgado.
"Hay una discrepancia en la Fiscalía del Tribunal Supremo y la teniente fiscal es la superior jerárquica que tiene que decidir, no sobre mayorías, sino con arreglo a Derecho, a lo que ella estime que es el Derecho", ha añadido. "Pregunte a cualquier fiscal, que le dirá que la mayoría está muy bien pero es un elemento más. Lo fundamental es que tiene que tomar una decisión conforme a Derecho y nadie más que ella puede tomarla", ha dicho.
De este modo, el Gobierno ha restando importancia a la amplia mayoría de 11 a cuatro fiscales del Tribunal Supremo que consideraron el lunes que hay indicios de los vínculos entre Tsunami Democratic y el expresident catalán, que de ese modo también debería ser imputado de un delito de terrorismo.
"Especialista" en la Audiencia Nacional
Puente ha cuestionado también la capacidad de los fiscales del Supremo para decidir sobre un delito de terrorismo, al asegurar que el "especialista" es el fiscal de la Audiencia Nacional, que ya se opuso a la tesis del juez instructor García-Castellón.
"Los fiscales del Tribunal Supremo no conocen el delito de terrorismo, que es en la Audiencia Nacional y el fiscal especializado en terrorismo ha dicho en un informe prolijo, claro y contundente que no hay terrorismo y lo ha trasladado en un recurso en contra de la decisión del juez" instructor García-Castellón, ha afirmado Puente.
La eventual imputación de Puigdemont por un delito de terrorismo vinculado al que también se aprecia en Tsunami Democratic ha puesto en la picota esta semana a los fiscales del Tribunal Supremo, al fiscal que redactó Álvaro Redondo que redactó un informe en contra de la imputación después de haber redactado un "borrador" previo que sostenía todo lo contrario. También al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, al que una parte de los fiscales del Supremo acusa de estar detrás del cambio de parecer de Redondo y de hacer un "155 encubierto".
Frente a la mayoría entre los fiscales del Supremo, el Gobierno se pone de parte de los dos fiscales que no aprecian motivos para imputar un delito de terrorismo a Puigdemont, Redondo en el Supremo y Gallardo en la Audiencia Nacional, quienes Puente ha subrayado este jueves que forman parte de la conservadora Asociación de Fiscales y, en el caso del segundo, que se ha manifestado "públicamente en contra de la amnistía", también desde las páginas del diario La Razón.
Puente también ha descartado "presión a ningún fiscal" por parte del Fiscal General del Estado. "Como en tantos procesos, en la toma de posición del Ministerio Fiscal, tuvo una idea inicial y cuando la estudió profundidad llegó a la conclusión de que no había terrorismo", ha afirmado el ministro, dando credibilidad al relato del fiscal Redondo después refrendada también por el Fiscal General del Estado.
Se descarta la reforma judicial planteada por Sánchez
También a través de la entrevista de Puente, el Gobierno ha aprovechado este jueves para dar carpetazo a la idea que lanzó el lunes el presidente del Gobierno de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para recortar los tiempos de la instrucción, como oferta a Puigdemont para que apoye la ley de amnistía a cambio de evitar que los procesos se eternicen o puedan 'guardarse en un cajón' para reaparecer en momentos determinados.
La idea empezó a hacer aguas casi desde el primer momento, particularmente porque fue precisamente el Gobierno de Sánchez el que deshizo una reforma previa aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, muy criticada por los socialistas, que acusaban al PP de querer entorpecer así las instrucciones por delitos de corrupción que afectaban a dirigentes populares. La reforma judicial ha sido criticada por Junts y por Sumar y en los últimos días fuentes socialistas y del Gobierno ya empezaron a disipar la posibilidad de que saliera adelante. Este jueves, Puente ha declarado que "no parece lo más conveniente".
"En su momento se limitaron los tiempos de instrucción en causas penales que resultaron no todo lo bueno que cabría esperar, pero vincularla exclusivamente a la Ley de Amnistía, desde un punto de vista jurídico, quizá no sea lo más conveniente".
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