El 'Informe sobre los derechos de los niños' de la Sindicatura de Greuges, presentado este lunes, indica que el 30% de los niños catalanes viven situaciones de vulnerabilidad En cifras absolutas son unos 400.000 menores. Sumando los adolescentes, esa cifra llega al los 750.000, lo que representa el 55% de los niños y jóvenes, más de la mitad. El 11,6% sufren privación material severa.
El informe que ha presentado la Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, este lunes a la presidenta del Parlament de Catalunya Anna Erra, muestra que el riesgo de pobreza infantil se redujo ligeramente en 2022. Sin embargo, los menores en situación de vulnerabilidad grave siguieron aumentando y aunque el riesgo de pobreza pasó del 28,6% en 2021 al 27,5% en 2022, los niños en privación material severa crecieron del 10% en 2021 al 11,6% en 2022. En términos absolutos son alrededor de 20.000 niños más.
La Sindicatura de Greuges denuncia en su informe la consolidación de la más severa vulnerabilidad socioeconómica ya que en septiembre de 2023 había tantos niños en esta situación como durante todo el 2022. Además, también han aumentado los niños en situación de desamparo o tutela, con un incremento del 6,8% desde 2021 hasta 2023.
Esta última cifra no contempla a los migrantes no acompañados. En este sentido, estos menores también experimentan un incremento notable. En el informe de la sindicatura se indica que en septiembre de 2023 fueron atendidos más menores no acompañados, 3.946, que durante todo 2022, un total de 3.868.
Otro aspecto que destaca el informe presentado este lunes es que la prevalencia de situaciones de riesgo aumenta con la edad. El estudio constata que en menores menores de seis años es de 1%, mientras que en los adolescentes asciende hasta el 2,9%. Entre los niños de nacionalidad extranjera, la prevalencia de las situaciones de riesgo es de un 2,9%, por encima de la media, que es un 2,4%.
Los niños socialmente menos favorecidos tienen el doble de probabilidades de sufrir un trastorno mental, un 16,2%. Sin embargo, entre los socialmente favorecidos, esta probabilidad se queda en un 9,7%. El informe indica que un 55,9% de los pacientes menores de edad atendidos en los centros de salud mental infantil y juvenil tienen de 12 a 17 años, una proporción muy alta cuando significan solo el 37,5% de esta población.
Finalmente, el 56,5% de los niños tutelados tienen 12 o más años y el 22,9% son de nacionalidad extranjera. Desde la sindicatura se apunta a que presentan mayores dificultades de acceso a la educación infantil de primer ciclo, y además tienen mayores dificultades en la etapa educativa. También presentan más dificultades para acceder al ocio.
Déficit de recursos
La institución critica los déficits y la falta de recursos para atender a estos colectivos más necesitados y las dificultades de las políticas de infancia de dar respuesta a las necesidades específicas. Asegura que hay falta financiación y que, si se excluye el ámbito de la educación, la inversión es ahora inferior a la de 2010.
Por su parte, los beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía, RGC, aumentaron un 68,2% y los atendidos en los servicios de atención socioeducativa un 13,3%. Sin embargo, el 74,3% de los niños en situación de privación material severa no son beneficiarios de la renta. Si se añaden los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, IMV, una cuarta parte de los niños en situación de pobreza severa no tiene acceso ni al RGC ni al IMV.
Entre los datos negativos, también se encuentra el incremento del 22,5% de las víctimas de violencia contra los niños en el periodo 2019-2022, con un total de 1.460 víctimas en 2022. Además, subieron las víctimas de violencia doméstica , un 22,% en el mismo período y un total de 2.187 menores de edad atendidos en 2022.
Acciones transformadoras
Ante esta situación, la Sindicatura de Greuges propone en su informe acciones transformadoras "para romper el círculo de la vulnerabilidad". En primer lugar, un acompañamiento intensivo a las familias con políticas de apoyo y acompañamiento a los núcleos familiares en situación más vulnerable.
En segundo lugar, definir una estrategia con actuaciones de carácter comunitario para la prevención en el ámbito de la salud. También plantea una regulación para un uso responsable de la tecnología, priorizar la escolarización de cero a tres años, ayudas para acceder al ocio y una renta para los niños.
En este sentido, la sindicatura afirma que es necesario determinar la renta de suficiencia económica mínima que necesita una familia para garantizar que cualquier niño tiene las necesidades mínimas cubiertas y crear una prestación específica condicionada a la renta que garantice que las familias disponen de los ingresos necesarios para satisfacer las necesidades mínimas.
Por último, ha planteado la desinstitucionalización de los niños tutelados, la lucha contra la segregación escolar y la garantía de la vivienda.
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