El Congreso de los Diputados reanuda sus sesiones ordinarias este martes debatiendo la toma en consideración de una proposición de ley del PP que, entre otras cosas, busca dar poderes al Gobierno para prohibir los homenajes a etarras (conocidos con el término en euskera ongi etorri) sin intervención judicial antes de que se produzcan. Los populares apuestan por modificar de una tacada cinco leyes para, además, impedir el acceso al tercer grado penitenciario a los presos por terrorismo que no hayan pedido perdón a sus víctimas.
La prohibición de los ongi etorri es una reivindicación clásica de las asociaciones de víctimas del terrorismo, si bien en los últimos tiempos la justicia no ha encontrado argumentos jurídicos suficientes para evitar estos actos. La doctrina europea es muy garantista con las libertades de expresión y reunión y muy reacia a la prohibición de manifestaciones con anterioridad a su celebración, y la práctica habitual en los últimos años ha sido la de permitir la convocatoria de estas concentraciones y dar órdenes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que vigilen estrechamente cualquier posible humillación a las víctimas del terrorismo u otros delitos relacionados, como el enaltecimiento, ya recogido en el Código Penal.
No obstante, la proposición de ley presentada por el PP que se debatirá y votará este martes en el Congreso apuesta por endurecer la ley para permitir a las delegaciones del Gobierno prohibir, de manera preventiva, las manifestaciones de homenaje a presos etarras. Esas prohibiciones podrían aplicarse "cuando existan razones fundadas para considerar que, con la celebración de estos, se pueda producir una victimización posterior mediante humillaciones y ataques a la imagen de las víctimas del terrorismo".
No queda claro, sin embargo, cuál debería ser el criterio para considerar "fundados" estos indicios de que podría producirse una posible humillación. La proposición de ley del PP se limita a señalar que debería entenderse que este supuesto se produciría "siempre que dichos actos se organicen para apoyar o rendir homenaje público a condenados por terrorismo, a colectivos de presos terroristas o a las organizaciones terroristas a las que pertenecen o pertenecieron; o fueran convocados por personas físicas o jurídicas relacionadas con los condenados por terrorismo o que justifican directa o indirectamente la actividad terrorista".
Celebrar estas manifestaciones tras una prohibición expresa de la Delegación del Gobierno se consideraría, si se pusiera en marcha el texto el PP, una infracción muy grave a la ley de seguridad ciudadana. Y eso supondría la imposición de multas de entre 30.000 y 600.000 euros, que además podrían tener como destinatarios los ayuntamientos en los que se celebren estas concentraciones, ya que la proposición de ley establece que, en caso de prohibición, los consistorios "tendrán prohibido facilitar la celebración" de la manifestación y plantean que "las autoridades del ayuntamiento que fueran responsables del incumplimiento de esta obligación responderán personalmente de las sanciones o multas que pudieran imponerse".
El texto promovido por el PP también incluye una reforma del Código Penal para castigar con prisión de uno a tres años "la convocatoria, promoción, realización de actos o la difusión de mensajes que entrañen descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares". Esas penas se impondrían "en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo mediante la difusión de servicios o contenidos accesibles al público a través de medios de comunicación, internet, o por medio de servicios de comunicaciones electrónicas o mediante el uso de tecnologías de la información".
Pedir perdón para acceder a beneficios
Asimismo, el PP propone en la iniciativa cuya toma en consideración se debatirá este martes exigir a los presos etarras requisitos extraordinarios para acceder a "cualquier beneficio penitenciario", también al tercer grado. En concreto, la proposición de ley plantea como condiciones "la satisfacción de la responsabilidad civil con sus rentas y patrimonio presentes y futuros", "mostrar signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas" y "colaborar activamente con las autoridades policiales o judiciales" en el esclarecimiento de otros crímenes de la banda terrorista.
El último de los requisitos a cumplir sería "realizar una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito que resulte creíble y que no tenga una mera intención finalista", aunque de nuevo no se explicita con qué baremo se mediría la credibilidad de una eventual petición de disculpas. El texto se limita a señalar que "el cumplimiento íntegro de estos requisitos tendrá que acreditarse mediante informes de la Audiencia Nacional y de la fiscalía adscrita a la misma, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean, así como de su colaboración con las autoridades".
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