España cae por tercer año consecutivo en el ranking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2023 elaborado por la ONG Transparencia Internacional. El estudio revela que España mantiene una calificación de 60 puntos sobre 100, pero desciende una posición en la clasificación global hasta el puesto 36 de 180 países estudiados, y el puesto 14 entre los 27 estados de la Unión Europea.
La organización, que se dedica a combatir y concienciar los efectos de las malas prácticas públicas en el mundo, ha señalado que "el debilitamiento del sistema judicial es una de las causas fundamentales de este descenso". A pesar de mantenerse igual respecto al año anterior, en los dos precedentes se experimentaron sendos descensos consecutivos, lo que evidencia un "estancamiento para avanzar en la prevención y lucha contra la corrupción".
El presidente del Comité Asesor del Transparencia Internacional, Manuel Villoria, ha subrayado en rueda de prensa que, en materia de percepción de la independencia judicial, España "está en la cola de Europa" por la "constante intención de presionar" del Gobierno y los políticos al Poder Judicial. La ONG ha centrado este año el foco del estudio en la Justicia y el Estado de Derecho por ser uno de los asuntos que más preocupación han generado en 2023 en todo el mundo "a consecuencia del auge de los populismos".
Por debajo de Lituania y Portugal
En el ranking 2023, España se sitúa, junto con San Vicente y las Granadinas y Letonia, un puesto por encima de Botsuana, dos por encima de Catar, y dos puestos por debajo de Lituania y Portugal. Según Transparencia Internacional, España "no debe conformarse con la posición actual" que la sitúa por debajo de países que hace dos años estaban claramente lejos de su posición, como Israel o Cabo Verde.
Para Villoria, el estancamiento de España junto al descenso de los dos años anteriores, revela las dificultades de las políticas públicas en España para mejorar la lucha contra la corrupción. "Sin duda, se puede afirmar que la corrupción continúa siendo un problema grave que debe poner en alerta a la ciudadanía y a los poderes públicos", ha subrayado.
Además, los expertos advierten de que el ascenso en la puntuación requiere "esfuerzos sustanciales" a nivel institucional, normativo y jurisdiccional, y revela lo "vulnerable que puede ser la posición de un país cuando los compromisos políticos no son reales y las medidas efectivas de prevención y lucha contra la corrupción no se logran implementar de forma efectiva".
"Los partidos políticos no han estado a la altura"
En la metodología seguida en el IPC solo se puede afirmar que hay una mejora significativa en la posición de un país cuando este logra elevar su puntuación de manera continua en años consecutivos. Por ello el presidente del Comité, considera que España tiene que realizar un "esfuerzo importante para mejorar su posición", lo que implica "implementar procedimientos y controles adecuados de integridad, transparencia y rendición de cuentas".
Villoria plantea la necesidad de reforzar el estatuto de la Fiscalía General especialmente en materia de independencia del Gobierno y la renovación inmediata del Consejo General del Poder Judicial, lo que ha considerado "un reto, porque los partidos políticos no han estado a la altura". Otras de las reformas que, según el especialista en transparencia, debería impulsar España son la regulación de los lobbies y grupos de interés, la mejora de la eficacia de los procedimientos judiciales para que no se alarguen en el tiempo y el refuerzo de las normas de declaración de intereses y bienes y de incompatibilidades de los cargos públicos.
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