La socialista Meritxell Batet siempre estuvo en la diana de las críticas del PP. Pero desde su marcha, hace ya seis meses, hay quienes bromen en la bancada popular con que echan de menos a la que fuera presidenta del Congreso. Su sucesora, Francina Armengol, ha roto con su marcador. En apenas medio año, los populares han vertido mil y una quejas tanto por sus discursos "políticos" en actos institucionales como por lo que consideran un trato privilegiado con los socios del Gobierno, rompiendo así con el principio de igualdad de la Cámara. Esta misma semana, los de Alberto Núñez Feijóo han elevado dos nuevas quejas en torno al modus operandi de la presidenta de la Cámara Baja. Su equipo, en cambio, achaca todo ello a "una estrategia política del PP para desgastar la imagen de las instituciones independientes que no controlan".

El estreno de Armengol tras su nombramiento en agosto ya fue accidentado. Si al candidato popular le concedió 10 días para presentarse a su investidura —que se atisbaba fallida—, al candidato Pedro Sánchez le otorgó hasta 40 días. La denuncia del PP pasaba porque la presidenta no fijaba la fecha porque Sánchez no tenía aún amarrados los apoyos para su investidura. Mientras se sucedían las negociaciones con los independentistas, el Congreso estaba sin funcionar. "El Gobierno en funciones lleva más de cinco meses sin control del Legislativo, lo cual evidencia el deterioro del sistema parlamentario español", censuraba a finales de octubre la oposición. El 25 de octubre, Feijóo dio un ultimátum a Armengol para que reactivase la actividad del Congreso, el cual, a su juicio, llevaba semanas "secuestrado": o la presidenta del Congreso convocaba a la Junta de Portavoces en un plazo de 48 horas o el Grupo Parlamentario Popular "adoptará las acciones que correspondan en derecho".

A los pocos días se produjo una cita histórica: el 18 cumpleaños de la princesa Leonor y su jura de la Constitución ante el Parlamento. El 31 de octubre, la presidenta del Congreso pronunció un discurso solemne, pero cargado de mensajes políticos. La socialista destacó el "compromiso" de la heredera de la Corona con los ciudadanos al tiempo enfatizaba que "no hay poder fuera de las leyes". Estas palabras molestaron a la oposición, que entendieron que la presidenta no debía cumplir con un papel político sino meramente institucional. 

Lo mismo ocurrió en noviembre durante la apertura solemne de la actual legislatura. La presidenta del Congreso finalizó su discurso entre ovaciones de los suyos y caras contrariadas de la oposición. "Cuando la presidenta del Congreso se comporta como diputada de un partido no merece el aplauso. Hemos estado respetuosos, pero aplaudir esta provocación nos parece inadecuado", señaló Feijóo a la salida de la sesión de apertura solemne de la XV Legislatura, que celebró en la Cámara Baja en presencia del rey. Según Alberto Núñez Feijóo, aquel miércoles 29 de noviembre había asistido al "peor discurso de un presidente del Congreso" que había escuchado en su vida.

A lo anterior le precedían otras tantas quejas por el trato privilegiado a los socios del PSOE así cómo el maltrato que sentían hacia el partido que más diputados tiene en la Cámara aunque esté en la oposición. Por ejemplo, a principios de septiembre, en el PP había malestar por el reparto de asientos y de despachos en el Congreso: "Se ha roto con el principio de equidad", decían a este medio. Y es que la bancada socialista abarca todo el lateral izquierdo, dejando espacio a Junts a partir de la cuarta fila, mientras el PP tiene que compartir el extremo derecho del hemiciclo con la tercera fuerza política, Vox. Esto conlleva un efecto visual relevante para los grupos. Además, dio un grupo a ERC y Junts "sin cumplir con los requisitos" así como más medios económicos y materiales a los socios.

En el mismo contexto de la doble vara de medir, sumado a decisiones técnicas de la Cámara, Armengol declaró nulo el voto de un diputado de Junts que se había equivocado al apoyar la investidura de Feijóo e implantó el uso obligatorio de los pinganillos en el Congreso antes de que fuera aprobado por la Cámara. También nombró a Fernando Galindo como letrado mayor cuando venía directamente del ministerio de administración territorial, un proceso legal pero "inadmisible" para los populares ya que preveían que había sido elegido únicamente para facilitar la admisión de la amnistía, un augurio que se acabó cumpliendo. No obstante, ahora los letrados de la cámara han mostrado sus dudas sobre la constitucionalidad de la ley. 

Precisamente este último asunto ha empañado la agenda política de esta semana junto a las polémicas enmiendas que ha aceptado la presidenta fuera del plazo establecido. Sobre el informe de los letrados, el PP ha acusado directamente a la presidenta de haberlos ocultado. No porque ella tenga la obligación de entregarlos antes del periodo de enmiendas. Ni siquiera porque sea su cometido, ya que corresponde a los letrados de la propia comisión de justicia, sino porque consideran que conociéndolo el secretario general ella lo debía conocer y tendría que haber sido remitido antes. Asimismo, los populares se han echado las manos a la cabeza cuando el jueves la presidenta aceptó las enmiendas a la amnistía que habían presentado el Gobierno y sus socios un segundo más tarde del plazo establecido. 

Y como estos otros ejemplos. Que si Armengol retiró del diario de sesiones lo que le pedían los independentistas y no lo que ellos sugerían, que si Armengol fragmentó los contratos de los pinganillos y el uso de traductores "para no tener que hacer un concurso público", que si Armengol aplicó la reforma del reglamento que presentaron los socios para que ella pudiera ser presidenta... El caso es que el PP tiene abierta una guerra contra la que consideran "la ministra 23 del Gobierno".