La Audiencia Nacional investiga una presunta estafa de venta online de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos que habría cometido una empresa de Don Benito (Extremadura) y que afectaría a cientos de clientes por todo el territorio español.
El procedimiento se inició a raíz de una denuncia interpuesta por una de las múltiples víctimas al haber comprado a través de una página web un dispositivo electrónico que nunca llegó a recibir. Tras esta, se registraron cientos de denuncias similares y las investigaciones policiales concluyeron la implicación de la mercantil Costomóvil.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Don Benito inició entonces las diligencias previas por un delito de estafa a través de internet. No obstante, la Sala Penal del Tribunal Supremo ha acordado en un auto asignar el caso al Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, después de que cada juzgado argumentara que era el otro el que debía encargarse de la investigación.
El Juzgado de Don Benito decidió inhibirse en favor de la Audiencia Nacional argumentando que eran miles los perjudicados, procedentes de varias comunidades autónomas, con una ingente cantidad de asuntos recibidos por correo ordinario, lo que obligó a la oficina de dicho órgano judicial, que tan solo contaba con dos escáneres, a realizar la laboriosa tarea de incorporar al expediente digital cientos de procedimientos.
Por su parte, el Juzgado 3 de la Audiencia estimaba que la competencia era del de Don Benito porque es allí donde se encuentra el domicilio social de la empresa titular de la página web a través de la que se ha cometido presuntamente el engaño, y está próximo al domicilio de las personas investigadas (también en la provincia de Badajoz), por lo que se cumpliría el principio de "facilidad de investigación".
Finalmente, el Supremo, como propugnó el Ministerio Fiscal, establece que la Audiencia Nacional es el órgano competente por la complejidad de la instrucción en relación al alto número de perjudicados, la diseminación de víctimas por todo el territorio nacional y la existencia de investigaciones por parte de las comunidades autónomas, que hace precisa su unión y coordinación para que sea efectiva la investigación.
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