Israel Flórez se sienta ante un grupo de periodistas y amigos para felicitarse de una sentencia histórica: la de una jueza de Madrid que el pasado jueves aceptó que los testigos de Jehová puedan ser calificados como "secta destructiva" y sus seguidores como "víctimas". Flórez, presidente de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, acude a la rueda de prensa unas horas después de que su hijo, que también abandonó la organización, se quitase la vida. "He intentado salvar a mi hijo y no he podido. Hay gente que ya ha salido que no duerme por el miedo inculcado, con constantes intentos autolíticos, con fibromialgia, depresión, enfermedades mentales...", asevera con la voz entrecortada.
Flórez denunció con 26 años haber sufrido abusos en la infancia por parte de un anciano (lo equivalente a un cura), algo que le pidieron que no contara, y también vivió el suicidio de cerca en 2015, cuando su hermana se tiró por la ventana después de ser sometida a un juicio por adulterio y tras ser expulsada. Fue entonces cuando decidió dejar una religión que había profesado desde nacimiento y que también había inculcado a sus propios hijos. "Nos hacían creer que iba a haber un genocidio mundial. Nos ponían imágenes terroríficas de muerte y guerra. Yo también se las enseñé a mis hijos", señala resignado.
Junto a él, Enrique Carmona, el secretario de la asociación, fue condenado a pagar una multa por decir que los testigos de Jehová son peligrosos en una sentencia conocida también hace pocos días. "Nada nos va a parar para seguir adelante", reconoce. Acompañados del abogado Carlos Bardavío, especialista en grupos destructivos, anuncian que pedirán una reunión urgente con el Ministerio de Presidencia y su representante, Félix Bolaños, para pedir que la organización se haga cargo de las consecuencias en la salud mental de sus exmiembros, la mayoría de ellas debido al ostracismo y la muerte social que denuncia que llega con la renuncia al grupo. También quieren acabar con el notorio arraigo, los beneficios fiscales que tiene por ser una religión.
Además, participarán de la entrega de 300.000 firmas en el Congreso de los Diputados, promovida por la Red de Prevención Sectaria y del Abuso de Debilidad (Redune) para que se tipifique la persuasión coercitiva en el Código Penal español, algo que ya se hace en otros países de Europa, como Francia.
Así pues, desde cómo vestir o peinar, hasta la prohibición de llevar barba, "nos llamaban comunistas", los preceptos de los testigos de Jehová y el impedimento a tener una vida normal después de salir son los que han llevado a la jueza madrileña a la sentencia de hace unos días, de la que las víctimas esperan que no sea la única. "Han tratado de silenciarnos. Son responsables de que la Seguridad Social tenga que soportar el problema que han generado en miles de víctimas. No queremos que desaparezcan, solo que respeten los derechos fundamentales y constitucionales de las personas", señala Flórez. "El control mental existe. Nosotros mismos, después de salir, tendemos a sus lenguajes. Hemos luchado mucho y hemos sido resilientes", dice entre lágrimas.
"Queremos informar a la sociedad de lo que está pasando, que no se dejen engañar, el ostracismo no se lo cuentan a nadie y la realidad es muy dura"
Rameras y apostátas
En palabras de Carmona, las víctimas de los testigos de Jehová son ya 1.800.000 personas en todo el mundo. "Queremos informar a la sociedad de lo que está pasando, que no se dejen engañar, el ostracismo no se lo cuentan a nadie y la realidad es muy dura", apunta. "Pedimos que corrijan sus comportamientos, que haya una normalización e igualdad entre hombres y mujeres, que haya diversidad sexual", agrega, y también hace hincapié en que no existe la transparencia económica ni están obligados a presentar cuentas.
Entre algunos de los detalles de la organización, tanto Flórez como Carmona cuentan que a los que se van "se les tacha de apóstatas, pero como si fueran animales, y a las otras confesiones religiosas se les llama rameras". "El control es vergonzoso", afirma Flórez, que recuerda cómo su padre le gritaba en mitad de la madrileña calle Arenal cuando decidió dejar la congregación. "Queremos que digan públicamente que si te vas no habrá ostracismo y que se dejen de hacer comités judiciales", afirma.
"A las mujeres maltratadas se las recomienda no denunciar. A la gente que sufre abusos se le piden dos testigos oculares para llevar el caso adelante. Todo esto es una problemática en la que los poderes públicos tienen que intervenir", detalla el abogado Bardavío, que pone de manifiesto que este tipo de "conductas imprudentes" sirven como vía "para futuras reclamaciones civiles y penales" y que el Fiscal General del Estado "está obligado a investigar tras ser informado" sin que sea necesaria una demanda colectiva.
Aún así, todos ellos piden que quien haya sufrido este tipo de acciones denuncie a través de la asociación o de sus propios abogados.
"Haber estado activamente en la asociación, también ayudando a otras personas, me ha servido a nivel terapéutico por saber que no estaba solo y que no era el único"
"Solo pensaba en quitarme la vida"
Aunque denunciar no es fácil, más si aún nos se ha dejado al grupo. Gabriel Pedrero puso una demanda tras dejarlo todo y perder todo. Este joven de 36 años denuncia haber sufrido abusos por parte de un anciano desde los 12 a los 16. "No me atreví a denunciar porque nos enseñan que el espíritu santo de Jehová es el que nombra a los ancianos y tenía miedo de desobedecerle, pero también sabía que estaba incumpliendo sus normas con lo que estaba pasando", cuenta. "Me lo callé y lo dejé en manos de Jehová. Nos dicen que el fin del mundo está muy cerca y decidí esperar a que llegara".
Pedrero formó parte de la congregación desde su nacimiento hasta hace 4 años, cuando contaba con 32. Con 15, le diagnosticaron trastorno límite de la personalidad por "la acumulación de cosas vividas". "Solo pensaba en quitarme la vida", dice. Cuando decidió dejar la comunidad, según cuenta, los ancianos recomendaron a su padre, siervo ministerial (a un paso de convertirse en anciano), que le echara de casa. No lo hizo por sus problemas de salud. "Vivía con él y fue horrible. Me castigaron con la muerte social".
Entre otras cosas vividas, su madre falleció cuando él tenía 20 años "por no permitir que le hicieran una trasfusión de sangre". "Haber estado activamente en la asociación, también ayudando a otras personas, me ha servido a nivel terapéutico por saber que no estaba solo y que no era el único", reconoce.
Pedrero denunció los abusos sufridos un año después de irse de los testigos de Jehová. Desde entonces, la organización ha interpuesto hasta ocho recursos infructuosos para que se desestimara, ahora está a la espera de juicio. "Han intentado silenciarme", asegura.
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