La reforma de las pensiones tampoco convence a la OCDE. El organismo internacional se ha sumado este miércoles a las voces críticas que cuestionan que los últimos cambios hayan mejorado la sostenibilidad del sistema público. Así lo ha puesto de manifiesto en su informe Pensions at a Glance 2023, en el que analiza las modificaciones introducidas en los 38 países miembros, entre ellos España. La revalorización de las pensiones con el IPC es una fórmula extendida fuera de las fronteras españolas, pero la OCDE advierte de su elevado coste para las arcas públicas y sugiere la posibilidad de acometer subidas más moderadas sobre las pagas más altas para mitigar el gasto.
El organismo con sede en París cree que la reforma de las pensiones en España supondrá un mayor incremento de los gastos que de los ingresos, por lo que estos no solo no serán suficientes para garantizar la sostenibilidad del sistema, sino que además el déficit aumentará. En concreto, la OCDE recoge en su informe los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que advierten de que la brecha entre ingresos y gastos crecerá un 1,1% del PIB en 2050, principalmente por el coste derivado de subir las pensiones con el IPC.
La revalorización de las pensiones conforme a la inflación para evitar la pérdida de poder adquisitivo se ha traducido en 2023 en un alza del 8,5% en las pensiones contributivas. Esta subida será sucedida en 2024 por otra de en torno al 3,8%, a falta de que este jueves se confirme el dato de IPC de noviembre. De este modo, el Ministerio de Seguridad Social prevé que el gasto en pensiones aumente progresivamente del 12,19% del PIB en 2023 al 14,72% en 2050, teniendo también en cuenta el crecimiento del volumen de pensionistas por el envejecimiento de la población.
Además de la vuelta a la indexación de las pensiones con el IPC, la reforma acometida entre 2021 y 2023 incluye también medidas para aumentar los ingresos del sistema, tal y como reconoce la OCDE, y amortiguar el incremento de gasto, así como para mejorar las cuantías de las pensiones mínimas y la cobertura de las personas con carreras irregulares. En particular, el Gobierno aprobó este año una subida de las cotizaciones sociales —especialmente en las que pagan empresas y los salarios más altos—, a la vez que amplió el periodo de cómputo, un punto exigido por la Comisión Europea.
En ese sentido, el organismo con sede en París recuerda en su informe que España es uno de los pocos países de la OCDE que no utiliza el conjunto de la vida laboral para calcular las pensiones, ya que en lugar de introducir un "cambio significativo" en el número de años tomados en cuenta, ha optado por una pequeña extensión y una larga transición con impactos "poco claros". En concreto, la reforma amplía el periodo de cálculo de los 25 años inmediatamente anteriores a la jubilación a los 27 mejores dentro de los 29 últimos años de carrera, aunque por el momento los trabajadores pueden acogerse a la fórmula que más les beneficie. "Hasta 2044 este cambio solo puede aumentar los beneficios y los gastos", señala la publicación.
En conjunto, la OCDE desconfía de que todas estas modificaciones redunden en el equilibrio del sistema de pensiones y se remite a los cálculos de la AIReF. "Los ingresos adicionales solo cubren parcialmente los gastos crecientes derivados principalmente de la reintroducción de la indexación de precios: se prevé que los gastos anuales aumenten un 2,4% del PIB, lo que se traducirá en un aumento del déficit del 1,1% del PIB en 2050", señala el organismo con sede en París.
Aunque el informe no incluye recomendaciones específicas para España, el 'think tank' de las economías avanzadas recalca que el actual episodio de escalada de precios está poniendo en tela de juicio el planteamiento de revalorizar las pensiones con el IPC, ya que a largo plazo significa una carga importante para las finanzas públicas. "La protección de los pensionistas contra los picos de inflación es costosa", reconoce la organización internacional, que plantea como una posible alternativa acabar con las subidas homogéneas en todas las pagas. "Podría ser justo, en estas circunstancias excepcionales, que los pensionistas más pudientes apoyen el esfuerzo exigido a la población en edad de trabajar aceptando un menor aumento de sus pensiones", sugiere.
Además, la OCDE insiste en que para equilibrar los gastos y los ingresos en el sistema de pensiones es necesario aumentar las tasas de empleo entre los trabajadores de más edad. El envejecimiento de la población y la consecuente llegada de la voluminosa generación del 'baby boom' a la edad de jubilación es precisamente uno de los principales retos a los que se enfrentan el sistema de pensiones en España, y en el resto de economías de la OCDE. Al sur de los Pirineos, una de cada cinco personas supera ya los 64 años, una proporción que evidencia la tensión que afronta el sistema.
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