La ley de amnistía que 'borrará' los delitos cometidos por los encausados por el procés independentista catalán lleva meses en el debate público, pero su periplo parlamentario comenzará este martes en el Congreso. El Gobierno hará valer su alianza con las formaciones nacionalistas y secesionistas para aprobar la toma en consideración de la proposición de ley, lo cual supone el inicio de un camino que PSOE y Sumar quieren transitar lo más rápido posible, puesto que hace unas semanas aprobaron que la norma se tramite por la vía de urgencia en la Cámara Baja.
El debate y la votación que tendrán lugar este martes en el Congreso no implican que la amnistía vaya a ponerse ya en marcha, sino que comienzan a darse los pasos parlamentarios para aprobarla. Será, sin embargo, una de las primeras muestras de la solidez de la mayoría parlamentaria con la que cuenta el Gobierno, puesto que, salvo sorpresa, la toma en consideración de la norma saldrá adelante con 178 votos (los de PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG) y 172 en contra (los de PP, Vox, CC y UPN).
La tramitación de la ley, no obstante, no será tan rápida como deseaban en primera instancia el Gobierno y sus socios. PSOE y Sumar consiguieron declarar urgente la norma en la Cámara Baja, pero el PP ha utilizado su mayoría absoluta en el Senado para hacer una reforma reglamentaria que le permitirá levantar esta declaración de urgencia una vez el Congreso apruebe la ley y la remita a la Cámara Alta. A efectos prácticos, eso supone que los populares podrán dilatar hasta dos meses adicionales la puesta en marcha de la amnistía, aunque no pararla definitivamente.
El PP ya perdió su primera batalla jurídica contra la medida hace unas semanas, ya que los servicios jurídicos del Congreso dieron luz verde a que la proposición de ley de amnistía echara a andar argumentando que "no parecen existir en la Constitución ni en la jurisprudencia constitucional elementos suficientes para determinar" que contradiga la Carta Magna. Si hubiera otros posibles motivos de inconstitucionalidad, sostenía el informe de los letrados, "no se derivarían de una lectura directa de ningún precepto de la Constitución, sino de una interpretación de los mismos aplicados a la figura de la amnistía que debería llevar a cabo el Tribunal Constitucional" una vez fuera aprobado el texto.
Además de la toma en consideración de la proposición de ley de amnistía, el Pleno de este martes debatirá la creación de las comisiones de investigación pactadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para su investidura. Se trata de dos presentadas conjuntamente por Junts y PNV: la primera pretende investigar la llamada Operación Cataluña y las actuaciones del Ministerio del Interior durante los gobiernos del PP contra el independentismo catalán, y la segunda busca esclarecer los atentados de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017.
Asimismo, el Congreso votará la creación de una tercera comisión, en este caso solicitada por ERC y EH Bildu, sobre el espionaje con el programa Pegasus del que supuestamente fueron víctimas en sus móviles 65 políticos, activistas, periodistas y abogados por su vinculación al independentismo catalán o vasco. Y el miércoles, tras la primera sesión de control al Gobierno de la legislatura, los diputados asistirán a la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en relación tanto a la crisis migratoria como a las actuaciones policiales en las manifestaciones contra la amnistía convocadas en las últimas semanas frente a la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.
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