Al Gobierno se le acumulan las polémicas tan solo dos semanas después de ser investido. A la creciente crisis diplomática con Israel, que amaga con romper tras las "francas dudas" del presidente Pedro Sánchez sobre su cumplimiento del Derecho Internacional en Gaza, se han sumado los varapalos del Poder Judicial contra nombramientos del Ejecutivo; la amenaza de Repsol de paralizar sus inversiones en España o la primera batalla entre PSOE y Sumar, encarnada en las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz.
El choque diplomático con el país hebreo ha vuelto a vivir esta semana un nuevo capítulo. La embajadora española fue citada por el Ministerio de Exteriores israelí al término del viaje que Sánchez realizó a Israel la semana pasada, al considerar que el presidente había realizado declaraciones que suponían "apoyar el terrorismo". Esa fue la cuarta vez en la que la embajadora era llamada a filas. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, dio la crisis por "zanjada" el martes, pero nada más lejos de la realidad. Dos días después, Israel ordenó retirar temporalmente a su representante en España tras las últimas declaraciones del presidente del Gobierno en una entrevista en RTVE en la que puso en duda que el Ejército israelí esté actuando conforme al Derecho Internacional en Gaza.
En el ámbito nacional, la coalición -que superó la votación de investidura en el Congreso el pasado 16 de noviembre- ha vivido ya su primera disputa pública. Las contrincantes, eso sí, siguen siendo las mismas pese a que el ala izquierda ya no lo ocupe Unidas Podemos, sino Sumar. Y es que Calviño y Díaz han rememorado sus antiguas batallas. Esta vez, a cuenta del subsidio de desempleo. El desencuentro lleva tiempo cociéndose internamente, si bien se hizo público este miércoles, cuando Díaz, abandonó su habitual mutismo sobre las discrepancias en el Ejecutivo.
El área económica también ha sido objeto de polémica tras las declaraciones del presidente de Repsol, Antonio Brufau, en las que advirtió este jueves de que si no hay "estabilidad jurídica y fiscal" en España las inversiones por 1.500 millones de euros que la energética prevé llevar a cabo en el país para impulsar el hidrógeno renovable se irán a "Portugal o a Francia". Brufau levantó así la voz contra el acuerdo del nuevo Gobierno de PSOE y Sumar de prorrogar el impuesto especial para las energéticas y la banca -vigente actualmente para este año y 2024-, tal y como hizo a finales de octubre el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz.
Doble varapalo del Poder Judicial
A todo esto se suma el doble varapalo dado por el Poder Judicial al Ejecutivo ese mismo día, lo que ahonda en la crisis entre ambos poderes a cuenta de la ley de amnistía que ya se tramita en el Congreso y que beneficiará a los encausados por el 'procés' independentista. El Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo propinaron sendos tirones de orejas al Gobierno a cuenta de la renovación en su cargo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la continuación de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado.
En el caso de García Ortiz, el pleno del CGPJ votó muy dividido: ocho vocales se pronunciaron en contra de la idoneidad para su renovación en el cargo, mientras que siete votaron a favor, entre ellos el presidente interino Vicente Guilarte. Era la primera vez que el órgano de gobierno de los jueces se pronuncia contra un nombramiento propuesto por el Ejecutivo pese a no ser vinculante. García Ortiz fue nombrado fiscal general en agosto de 2022, en sustitución de Dolores Delgado. Su designación ya causó recelos tanto en el órgano de gobierno de los jueces como entre la asociación mayoritaria de fiscales, de sensibilidad conservadora.
Por otra parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo anuló este jueves el nombramiento de la exministra de Trabajo como presidenta del Consejo de Estado, acordado mediante decreto en octubre de 2022, al no reunir el requisito de "jurista de reconocido prestigio" exigido por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado.
Bruselas y la ley de amnistía
A lo largo de esta semana también ha tenido lugar la visita del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, a Bruselas para explicar la medida de gracia. Después de que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, asegurase la semana pasada que la Comisión se pronunciará "una vez que la ley esté aprobada", Bolaños añadió que en Europa "hay cero preocupación sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho en España". "Cero, ninguna", apuntó. Sin embargo, este viernes la Comisión desmintió al ministro al apuntar que "el análisis sigue en marcha". "El comisario no ha dicho por ahora que la ley de amnistía no plantea preocupaciones", añadieron. Fuentes de Justicia, no obstante, se reafirmaron en sus palabras.
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