Una vez que el rey Felipe procedió ayer a la inauguración solemne de la legislatura, podemos suponer que, en efecto, va a empezar la legislatura. Esta boutade se justifica por un hecho relevante al que, sin embargo, apenas se presta una mínima atención: las Cortes Generales, conformadas con los resultados de las elecciones del 23 de julio, se constituyeron el 17 de agosto; hoy es 30 de noviembre y, en esos casi tres meses y medio, apenas se han celebrado sesiones plenarias en el Congreso. Solo algún pleno meramente procedimental, y los de investidura: el fallido de Alberto Núñez Feijóo y el exitoso de Pedro Sánchez. Para ser esta una democracia parlamentaria, no parece que la productividad de la cámara sea mucha.
Que no se hayan celebrado más plenos es una evidente anomalía democrática, porque España es un Estado de derecho en el que rige la separación de poderes, y que el Gobierno estuviera en funciones a la espera de los acuerdos entre partidos no debe paralizar la actividad parlamentaria. De hecho, la legislatura empieza cuando se constituyen las cámaras legislativas, no cuando se inviste a un presidente. Y, por tanto, incluso si el Gobierno hubiera estado en funciones un año entero, el Parlamento no solo está legitimado para realizar sus funciones constitucionales, sino que está obligado a ejercerlas.
Tan lejos ha llegado la parálisis del poder legislativo, que no hemos asistido todavía en el Congreso a una sola sesión de control al Gobierno en esos tres meses y medio semivacacionales de nuestros diputados. Se podría entender, y con razón, que un gobierno en funciones derivado de los resultados de las elecciones de 2019 no debe ser controlado por un Parlamento renovado en 2023. Sin embargo, quizá recuerden que, durante buena parte de 2016, cuando los partidos no conseguían ponerse de acuerdo para investir a un presidente, el PSOE protestó airadamente, y con razón, porque Mariano Rajoy se negaba a someterse al control de un Parlamento derivado de las elecciones de 2015, cuando a él le había investido el Parlamento anterior, ya disuelto. Pedro Sánchez, entonces líder de la oposición, acudió al Tribunal Constitucional, que le dio la razón: el Parlamento debe controlar incluso a un gobierno en funciones.
Lo que ahora ha conseguido Sánchez dejando en suspenso la actividad parlamentaria ha sido retrasar hasta su investidura el debate sobre la amnistía en el Congreso, porque el ruido provocado hubiera añadido dificultades a las ya complejas negociaciones con Puigdemont para la investidura. Una vez superado ese trance, ancha es Castilla. Lo que ocurra a partir de ahora no será fácil de lidiar para Moncloa, pero con todo el poder en la mano, ya no hay problema.
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