Un punto importante para entender la Unión Europea es el reparto de competencias. Qué puede hacer y qué no puede hacer la Unión cuando se abordan según qué temas. Esa es una cuestión que ya está también sobre la mesa cuando se habla de la ley de amnistía registrada en el Congreso y que ha pactado el Gobierno de Pedro Sánchez con los independentistas, con Carles Puigdemont como principal actor y quizá también como gran beneficiado de una norma a la que todavía le queda camino para alumbrarse definitivamente. Que se apague es, en cambio, el objetivo de la oposición, y por eso han elevado la presión para que el asunto tome cuerpo en Bruselas.
El debate sobre la situación del Estado de Derecho en España, celebrado este miércoles en Estrasburgo, sirvió no solo para que los grupos tomaran posiciones, sino también para saber oficialmente que la Comisión Europea estudia "con detenimiento, de forma objetiva e independiente" si la Ley de Amnistía cumple con la legislación europea. "Seguimos muy de cerca esta cuestión", ha apuntado el comisario de Justicia, Didier Reynders, quien ilustró su alocución ante los parlamentarios europeos con una frase definitoria: "El Estado de Derecho es lo que nos une". Ahora un momento clave será la reunión que tenga la próxima semana el propio Reynders con el recién nombrado ministro de Justicia, Félix Bolaños, precisamente para analizar el texto de la norma y que el Gobierno le explique al Ejecutivo comunitario “los detalles” que ya pidió Bruselas hace semanas.
"La Comisión mantiene su posición sobre la situación en Cataluña: es una cuestión interna de España, y tendrá que dirimirse en cuanto a su orden constitucional", había explicado anteriormente el belga ante el pleno, y de paso reprochó a España la paralización en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Eran muy esperadas las palabras de Reynders en este aspecto. "La falta de renovación tiene efectos negativos en el funcionamiento del Supremo, y por eso seguimos instando a las partes a tomar las medidas necesarias", resumió, apoyado en los informes del Ejecutivo comunitario, que también incluye "problemas" con el mandato del Fiscal General del Estado, cuyo papel "tiene que ser reforzado".
Pero, ¿ahora qué? Fuentes comunitarias consultadas por 20minutos sostienen que la examinarán como se ha hecho en otros casos, pero insisten en que la Comisión "no se va a exceder en sus competencias" y ponen el foco en que la constitucionalidad o no de la ley de amnistía la deciden "los tribunales nacionales", en este caso el Tribunal Constitucional. Las sanciones, por ejemplo, son un caso extremo y el Ejecutivo comunitario simplemente recuerda que ya está cumpliendo con sus papel a raíz de la carta del comisario Reynders pidiendo "detalles" al Gobierno central.
La Comisión "no se va a exceder en sus competencias" y se pone el foco en que la constitucionalidad o no de la ley de amnistía la deciden "los tribunales nacionales",
Otras fuentes especializadas en la parte jurídica añaden que "es un poco pronto para tener una opinión clara" pero a nivel macro "es normal que la Comisión pregunte por la amnistía" dado el contexto porque el Ejecutivo comunitario consulta sobre todo esto constantemente. "La ley, en todo caso, es inteligente, porque se cubre las espaldas", explican, aunque el Gobierno tendrá que explicar "muy bien" algunas partes. ¿Qué podría pasar? En un caso muy extremo, que se aplique el mecanismo de condicionalidad de los fondos europeos, "pero eso no va a ocurrir por la amnistía", sostienen las fuentes porque "no hay riesgo" sobre esos fondos. Hay una vía sobre el TJUE, pero este "no tiene competencias muy claras para meterse en esto ni va a querer meterse en esto".
El elemento más extremo es el artículo 7 de los Tratados, que de aplicarse contra un Estado miembro -en este caso España- le dejaría sin posibilidad de voto en el Consejo. Para que se active, eso sí, se necesita unanimidad. Ahora mismo tanto Hungría como Polonia tienen abiertos procedimientos en este sentido, pero la cuestión no va hacia adelante precisamente porque se protegen entre ambos gobiernos. Este artículo permite suspender a un Estado miembro si infringe de forma grave y persistente los principios en los que se basa la UE según lo dispuesto en el artículo 2 el Tratado de la Unión Europea (respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos fundamentales, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías). Con todo, las obligaciones de ese país como miembro de dicha organización siguen siendo vinculantes.
Los casos de Polonia y Rumanía ponen sobre aviso a España. El primero es el más flagrante, pues el país está condenado al pago de 1 millón de euros diarios por una norma que sirve para que el Ejecutivo elija directamente a los jueces. El rumano es un precedente mucho más parecido a lo que puede estar pasando ahora en España. El que fuera líder del Partido Socialdemócrata del país, Liviu Dragnea, fue acusado de un delito de corrupción y estaba previsto que se beneficiara de una ley de amnistía ya en el año 2019. Este planteamiento fue criticado por el entonces presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker.
"De otorgarse la amnistía, como prevén algunos en este país, sería un paso atrás en el Estado de Derecho", sostuvo entonces el político luxemburgués. "Si la Comisión debe ser brutal en su evaluación, lo será. Y si debemos utilizar otros instrumentos a nuestra disposición, lo haremos", añadió por su parte el que era vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans. La medida acabó parándose porque pasó por un referéndum y 8 de cada 10 votantes la rechazaron. Ahora en España empiezan a tomar nota por lo que pueda pasar, pero a día de hoy la Comisión opta por la cautela... pero no se despista del todo. Ahora, lo que les queda tanto al Gobierno como a la oposición es esperar la palabra de Bruselas.
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