Después de semanas de especulaciones, este lunes se conocía el texto de la proposición de ley que recoge la amnistía que el PSOE ha pactado con los independentistas catalanes para lograr su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Estas son las claves del texto.
¿Qué periodo abarca la amnistía?
La proposición de ley recoge que quedarán amnistiados las personas que hayan cometido delitos y hayan sido encausadas por en el ámbito del procés a partir del 1 de enero de 2012, "año en el que comenzaron a desarrollarse los hechos del proceso independentista", y el 13 de noviembre de 2023.
¿Cuántas personas se beneficiarán?
Habrá en torno a 400 beneficiados por la ley. Según fuentes del Gobierno, se dividen en más de 300 independentistas y 73 policías encausados.
¿Qué delitos quedarán amnistiados?
Quedarán olvidados los delitos de malversación, terrorismo, así como desórdenes públicos relacionados con el procés. La proposición de ley establece que se amnistiará a "quienes hubieran prestado asistencia, colaboración, asesoramiento de cualquier tipo, representación, protección o seguridad a los responsables de las conductas" relacionadas con el secesionismo. Se amnistiarán también delitos de usurpación de funciones públicas y los de desobediencia y atentado y resistencia a la autoridad.
De igual modo, "quedarán amnistiados los actos de desconsideración o crítica vertidos contra las autoridades y funcionarios públicos" realizados en manifestaciones y actividades artísticas que reivindicasen la independencia de Cataluña.
El texto también establece que la amnistía afectará a las actuaciones desarrolladas con el fin de "divulgar el proyecto independentista, recabar información y adquirir conocimiento sobre experiencias similares". Esto podría beneficiar al jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluis Alay, acusado de un delito de malversación y prevaricación por haber asistido al referéndum de autodeterminación de Nueva Caledonia en 2018.
¿Cuáles quedan excluidos?
El segundo artículo de la proposición de ley recoge los actos que quedan excluidos de la amnistía, por mucho que estén relacionados con el procés. En primer lugar, se quedan fuera los actos "dolosos" contra las personas. Precisamente la semana pasada, el juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón abrió la puerta a investigar la vinculación de Tsunami Democràtic con la muerte de un ciudadano francés en el aeropuerto de El Prat durante las protestas organizadas por esta plataforma.
Sin embargo, para que esta muerte quedase fuera de la amnistía, el juez tendría que demostrar no solo que sea imputable a la organización, sino que fue intencional. Tampoco se podrán acoger a la medida de gracia quienes estén condenados en firme por delitos de terrorismo, los autores de torturas y tratos inhumanos, "siempre que superen un umbral mínimo de gravedad", ni quienes hayan cometido "delitos de traición y contra la paz".
¿Cuándo se haría efectiva la amnistía?
Una vez entre en vigor la norma, los tribunales competentes ordenarán "la inmediata puesta en libertad" de los beneficiados en un máximo de dos meses, desaparecerán sus antecedentes y "quedarán sin efecto las órdenes de búsqueda y captura e ingreso en prisión". Esto último implica que Puigdemont, que está procesado por desobediencia y malversación, podrá regresar a España inmediatamente sin exponerse a la posibilidad de ser detenido. El líder de ERC, Oriol Junqueras, que fue indultado parcialmente, tendrá que esperar a que el Supremo retire su pena de inhabilitación.
Además, se retirará cualquier medida cautelar establecida por un tribunal contra cualquiera de los amnistiados. La proposición señala incluso que se alzarán las cautelares cuando se presente un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía.
Fuentes del Tribunal Supremo han señalado en los últimos meses que una posible respuesta a la ley de amnistía sería presentar una cuestión ante el Constitucional, considerando que esto implicaría la paralización de la causa contra Puigdemont. También quedará extinguida la responsabilidad civil o contable de los beneficiados que estén siendo investigados en el Tribunal de Cuentas.
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