El juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón puso de manifiesto este lunes la necesidad de sentar a Carles Puigdemont en el banquillo como presunto implicado en la causa de Tsunami Democrátic, pero no puede imputar al expresident mientras mantenga su inmunidad parlamentaria. Con lo cual, ha procedido a ofrecer al eurodiputado la posibilidad de comparecer voluntariamente ante el tribunal y si rechaza el ofrecimiento, cursará un suplicatorio ante el Parlamento Europeo para que le permitan investigar formalmente al líder independentista y llamarle a declarar como imputado en la causa por presuntos delitos de terrorismo.
En todo caso, García-Castellón tardará en obtener una respuesta de la Eurocámara y los visos de que la vía del suplicatorio den resultado podrían chocar con la posibilidad de que el Parlamento español tramite una ley de amnistía que -según reclama Junts- incluiría entre sus beneficiados a los imputados por el caso que dirige el instructor de la Audiencia Nacional.
Antes de acudir a la Eurocámara, "debe ofrecerse" a Puigdemont "la posibilidad de comparecer voluntariamente", según dicta el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De forma que, si el expresident no acude a la Audiencia de motu proprio, García-Castellón podrá reclamar al Parlamento Europeo que le permita citarle como imputado y someterle a un interrogatorio que, según explica el auto dictado este lunes, "versaría sobre cuestiones de carácter evidentemente incriminatorio".
Sólo con la aceptación de la Cámara podría investigarse y, en su caso, juzgar a Puigdemont, que goza de una inmunidad destinada a "ejercer libremente su mandato sin ser objeto de persecución política arbitraria". Así lo explica la propia web del Parlamento Europeo, que sitúa la inmunidad como "una garantía de la independencia e integridad del Parlamento como institución".
Si bien esta protección no puede invocarse "en caso de flagrante delito", en todos los demás supuestos impide que se detenga o procese a cualquier eurodiputado en cualquiera de los Estados miembros. Las autoridades nacionales, eso sí, pueden solicitar la suspensión de la inmunidad de un diputado. En estos casos, la petición se traslada al Comité de Asuntos Jurídicos, que actualmente preside el eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez, y este devolverá al Parlamento un informe recomendando cómo proceder. La decisión final la toma la propia Cámara por mayoría simple.
Mientras García-Castellón plantea su intención de abrir esta vía para sentar a Puigdemont en el banquillo, el juez instructor del procés, Pablo Llarena, lleva un largo camino recorrido persiguiendo el mismo objetivo. En marzo de 2021, de hecho, el Parlamento Europeo votó a favor de levantar la inmunidad del expresidente de la Generalitat, permitiendo a Llarena pedir de nuevo la extradición tanto de Puigdemont como del exconsejero Toni Comín.
A partir de entonces comenzó un largo proceso judicial que todavía no ha llegado a su fin, en tanto que Puigdemont ha ido recurriendo la suspensión de su inmunidad en la Justicia europea. Así, este mismo septiembre dio el último paso al presentar un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), con sede en Luxemburgo, y el instructor Pablo Llarena esperará a la resolución para reactivar, en su caso, las euroórdenes.
Así que los plazos, que van en contra de Llarena, son un obstáculo aún más infranqueable para García-Castellón, que este lunes dictó un auto situando a Puigdemont como posible implicado en la causa de Tsunami Democràtic e imputó a la número dos de ERC, Marta Rovira, junto a otras 10 personas.
Entre ellas figuran el empresario Oriol Soler, el exconsejero Xavier Vendrell y Jaume Cabaní, antiguo contable de Puigdemont implicado en la operación Volhov como parte de una presunta trama de blanqueamiento. Entre los testigos llamados a declarar, la portavoz de la Generalitat, Marta Vilalta, y el líder de Bildu, Arnaldo Otegi. Según revela el auto, todos ellos participaron en 2019 de una reunión celebrada en Ginebra, Suiza.
En el encuentro, que contó con la presencia de Junts, ERC, la CUP, Omnium Cultural, ANC y Anna Gabriel, se habría discutido la formación de Tsunami Democràtic, una organización que protagonizó disturbios en Cataluña en respuesta a la sentencia del procés. El más importante fue la ocupación del aeropuerto de Barcelona-El Prat y se saldó con importantes destrozos, la cancelación de más de 100 vuelos y 125 heridos.
Más aún, apunta el auto, "en el marco de esta acción se produjo el fallecimiento de una persona", un ciudadano francés. Debería "concretarse" si esta muerta "resulta objetivamente imputable a los responsables de la organización", recalca García-Castellón.
Con todo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha anunciado que recurrirá la resolución del juez instructor al considerar que los hechos no son constitutivos de un delito de terrorismo ni de desórdenes públicos terroristas, sino sencillamente de desórdenes públicos. Por esto mismo, el Ministerio Público aboga por que el caso lo lleven los juzgados de Barcelona, y no la Audiencia Nacional. Será la Sala de lo Penal de este tribunal quien estime o desestime el recurso.
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