España no es el primer país ni será el último que protagonice en el Parlamento Europeo un debate sobre el Estado de Derecho, pero la ocasión no era habitual. La ley de amnistía y el pacto entre el PSOE y Junts para que Sánchez siga siendo presidente ha elevado, no solo el tono, sino también la batalla política. No es una cuestión nacional; es un tema europeo. Y así ha visto este miércoles en el intercambio de 'golpes' en el pleno de Estrasburgo. En un lado, populares, liberales y derecha radical; en otro, socialdemócratas y resto de izquierda. Un debate que duró más de dos horas, con 15 intervinientes 11 de ellos españoles.
El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha dicho oficialmente ante la Eurocámara que la Comisión estudia "con detenimiento, de forma objetiva e independiente" si la Ley de Amnistía cumple con la legislación europea. "Seguimos muy de cerca esta cuestión", ha apuntado Reynders, quien ilustró su alocución ante los parlamentarios europeos con una frase definitoria: "El Estado de Derecho es lo que nos une".
"La Comisión mantiene su posición sobre la situación en Cataluña: es una cuestión interna de España, y tendrá que dirimirse en cuanto a su orden constitucional", había explicado anteriormente el belga, que de paso reprochó a España la paralización en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Eran muy esperadas las palabras de Reynders en este aspecto. "La falta de renovación tiene efectos negativos en el funcionamiento del Supremo, y por eso seguimos instando a las partes a tomar las medidas necesarias", resumió, apoyado en los informes del Ejecutivo comunitario, que también incluye "problemas" con el mandato del Fiscal General del Estado, cuyo papel "tiene que ser reforzado".
La Comisión mantiene su posición sobre la situación en Cataluña: es una cuestión interna de España, y tendrá que dirimirse en cuanto a su orden constitucional
Sin profundizar más en el asunto de la amnistía —la Comisión todavía no ha publicado su posición oficial sobre la norma—, el belga se centró en apuntar todas aquellas "mejoras" que tiene que implementar el Gobierno para "garantizar la independencia judicial", y tuvo también algunos elogios sobre los hitos ya cumplidos. Esa prudencia de Reynders no fue "una sorpresa" para los eurodiputados, tal como apuntaron algunas fuentes consultadas por 20minutos, que entienden la "cautela" a falta de la reunión prevista entre el propio Reynders y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, la semana que viene en Bruselas.
En cuanto a la norma, Reynders recordó su carta al Gobierno —entonces en funciones— a los ministros Bolaños y Llop, pidiendo "detalles", y asumió el comisario "las muchas quejas" de ciudadanos y de organizaciones en cuanto a la separación de poderes y al respeto al Estado de Derecho.
"Nos tomamos en serio las recomendaciones"
Por parte del Gobierno, en el marco de la presidencia española del Consejo, no estuvieron ni el presidente Sánchez ni el ministro Albares. En su lugar habló la secretaria de estado de Asuntos Exteriores, Ángeles Moreno, quien aseguró que la ley de amnistía "es una cuestión de ámbito nacional" y que ahí tiene que resolverse, sobre todo después de quedar registrada en el Congreso. Además, aseguró que si alguien tiene que decir algo será el Tribunal Constitucional. Reiteró Moreno, con todo, "el compromiso de España con la defensa del Estado de Derecho", más allá de las críticas recibidas por la oposición al Ejecutivo. "Nos tomamos siempre muy en serio las recomendaciones de la Comisión sobre este asunto".
Los casos de Polonia y Rumanía ponen sobre aviso a España. El primero es el más flagrante, pues el país está condenado al pago de 1 millón de euros diarios por una norma que sirve para que el Ejecutivo elija directamente a los jueces. Varsovia tiene abierto un procedimiento del artículo 7 de los Tratados —aunque se encuentra congelado ante la necesidad de la unanimidad—. El rumano es un precedente mucho más parecido a lo que puede estar pasando ahora en España. El que fuera líder del Partido Socialdemócrata del país, Liviu Dragnea, fue acusado de un delito de corrupción y estaba previsto que se beneficiara de una ley de amnistía ya en el año 2019. Este planteamiento fue criticado por el entonces presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker.
"De otorgarse la amnistía, como prevén algunos en este país, sería un paso atrás en el Estado de Derecho", sostuvo entonces el político luxemburgués. "Si la Comisión debe ser brutal en su evaluación, lo será. Y si debemos utilizar otros instrumentos a nuestra disposición, lo haremos", añadió por su parte el que era vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans. La medida acabó parándose porque pasó por un referéndum y 8 de cada 10 votantes la rechazaron. Ahora en España empiezan a tomar nota por lo que pueda pasar, pero a día de hoy la Comisión opta por la cautela... pero no se despista del todo.
El primero en intervenir este miércoles en el debate fue el líder del PPE en la Eurocámara, Manfred Weber, que citó tanto las quejas y las críticas del CGPJ a la ley de amnistía como la oposición a la misma del expresidente del Gobierno, Felipe González. Para el alemán, Sánchez “pasará a la Historia por haber roto el Estado de derecho en España”. El dirigente conservador tiene claro además que, directamente, “Si la gente no es igual ante la ley; ya no hay Estado de Derecho”.
Europa asiste atónita al desmantelamiento del Estado de Derecho en España
En esa misma línea se pronunció la portavoz del PP, Dolors Montserrat. “Europa asiste atónita al desmantelamiento del Estado de Derecho en España”, expresó, insistiendo en una llamada a la UE para que reaccione. “La amnistía de Sánchez es la condena de Europa”, aseveró, porque “crea ciudadanos de primera y de segunda” tras la decisión de un presidente, dijo, “que no tiene escrúpulos”. Montserrat destacó que la norma viene acompañada de “la denuncia de todos los jueces españoles” contra un pacto “que convierte a los jueces en delincuentes y a los delincuentes en jueces”. Apeló la catalana a la Comisión para que evite que “Sánchez convierta el sueño europeo de España en una pesadilla”.
Puigdemont, Comin y Ponsatí, presentes en el pleno
El debate empezó a subir mucho más de tono cuando tomó la palabra el líder de Cs, Adrián Vázquez. "Donde antes decíamos Polonia y Hungría ahora decimos España, y eso debería avergonzarles", dijo, mirando a Iratxe García. "Es una ley de amnistía redactada por quienes se van a beneficiar de ella", expresó el eurodiputado naranja, antes de dirigirse a otros eurodiputados socialistas a los que pidió "alzar la voz porque ya sabemos como acaba", con Hungría y Polonia como ejemplos. "La historia se escribe en días como hoy", terminó al tiempo que dejó "toda la confianza" en la Comisión porque, concluyó, Bruselas "hará lo correcto".
Es una ley de amnistía redactada por quienes se van a beneficiar de ella
Desde Vox la dureza fue a más, no solo con Jorge Buxadé sino también con Hermann Tertsch, que se dirigió directamente a Carles Puigdemont, Toni Comin y Clara Ponsatí, los tres beneficiarios de la amnistía, presentes en el pleno. Buxadé definió a Sánchez como “egocéntrico, narcisista, manipulador, mentiroso, sin empatía ni remordimiento y con una patológica necesidad de poder y control”, antes de añadir que el Estado de Derecho “ya no existe en España” y pedir que sigan las movilizaciones frente a la sede de Ferraz. “Noviembre nacional”, apeló el eurodiputado mientras Tertsch sostenía que la amnistía es “un golpe de estado”, ante lo que el vicepresidente del Parlamento Europeo tuvo que llamarle la atención.
Sí encontró el Gobierno de Sánchez en el debate el abrazo de quienes son sus socios de investidura, empezando por el propio Comin, que se dirigió precisamente a Manfred Weber. “Los jueces de su país juzgaron estos hechos y dijeron que no era rebelión, que no era sedición y que no era ni siquiera desórdenes públicos. Dijeron que era un ejercicio de derechos fundamentales”, comentó. Para él, “lo que es una amenaza para el Estado de Derecho es la deriva trumpista del PP y de Vox”.
Por su parte, la socialista Iratxe García, líder de S&D, acusó al PP de "no respetar los resultados" del 23-J y criticó que los populares "sigan bloqueando" la renovación del CGPJ, además de recordar, dijo, que el Gobierno de Rajoy "creó la llamada Policía patriótica". El debate fue subiendo de tono y García recordó que fue bajo un Ejecutivo conservador cuando se dieron el 1-O y la declaración unilateral de independencia. Con un plenario casi vacío, la española aseguró que Weber "miente" y considera que el Partido Popular no tiene credibilidad para llevar estos debates al Parlamento Europeo. "No hay mayor ataque al Estado de Derecho que su alianza con la extrema derecha", concluyó Iratxe mirando a los eurodiputados populares, antes de abrazar la mayoría que ha hecho presidente a Sánchez.
Por su parte, María Eugenia Rodríguez Palop, de Unidas Podemos, aseguró que la ley de amnistía “no ataca el Estado de Derecho, sino que lo garantiza” y para Izaskun Bilbao (PNV) la norma propone “soluciones” desde el lema europeo de “unidos en la diversidad”. En ese sentido también se posicionó Diana Riba (ERC), que celebró la medida y acusó al PP de ver “más provechoso amnistiar a corruptos antes que a demócratas”.
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