Los letrados del Congreso de los Diputados no ven motivos jurídicos para impedir que comience a tramitarse la proposición de ley de amnistía promovida por el PSOE tras su pacto con Junts. Así lo confirman a 20minutos fuentes parlamentarias, que explican que los servicios jurídicos de la Cámara Baja, en el informe que han elaborado antes de que la iniciativa inicie este martes su tramitación parlamentaria, consideran que "no parecen existir en la Constitución ni en la jurisprudencia constitucional elementos suficientes para determinar" que la proposición de ley contradice la Carta Magna.
La proposición de ley de amnistía será calificada este martes por la Mesa del Congreso, el órgano de gobierno de la Cámara, en lo que supone el primer paso de una tramitación que se prevé larga y ruidosa. La calificación no es más que un trámite por el cual la Mesa da luz verde a que comience este camino: al recibir una iniciativa, lo que tiene que hacer ese órgano es comprobar que no tiene errores de forma y que no es flagrantemente inconstitucional, y —en teoría— no debe hacer ninguna valoración política sobre el texto.
Que es un trámite lo demuestra el hecho de que prácticamente la totalidad de las iniciativas que registran los grupos son calificadas por la Mesa. Las excepciones más sonadas en los últimos años han tenido que ver con las comisiones de investigación que han solicitado en varias ocasiones los partidos nacionalistas y Unidas Podemos sobre las polémicas del rey emérito, que la Mesa ha rechazado tramitar argumentando que los negocios privados del monarca no está sujetos al control del Poder Legislativo. Pero esos casos son excepcionales: lo normal es que todas las iniciativas se califiquen.
No obstante, ante las dudas que ha suscitado la constitucionalidad de una medida como la amnistía, se habían llegado a plantear dudas sobre si la Mesa debería paralizar la proposición de ley, algo a todas luces improbable habida cuenta de que PSOE y Sumar controlan la mayoría en el órgano y de que, además, los informes de los letrados no son vinculantes para las decisiones que toma la Mesa. No obstante, los propios servicios jurídicos del Congreso no ven ningún problema legal en que la amnistía comience a tramitarse en la Cámara Baja, y las fuentes consultadas explican que, en su informe, los letrados avisan de que la calificación de las iniciativas por parte de la Mesa no está pensada como una primera instancia judicial.
Dicho informe recalca que el órgano de gobierno del Congreso no está capacitado para hacer un control previo de constitucionalidad a las iniciativas presentadas. Y, además, los letrados diferencian la proposición de ley de amnistía presentada por el PSOE de la que registraron en 2021 ERC, Junts, la CUP y PDeCAT, argumentando que aquella estaba concebida como un indulto general —prohibidos expresamente por la Constitución— y esta última "cuenta con elementos que la diferencian" de la promovida por los independentistas, entre otros, que no supone un indulto general.
Si hubiera otros posibles motivos de inconstitucionalidad, continúa el informe de los letrados, "no se derivarían de una lectura directa de ningún precepto de la Constitución, sino de una interpretación de los mismos aplicados a la figura de la amnistía que debería llevar a cabo el Tribunal Constitucional". Y esa doctrina, apuntan los servicios jurídicos del Congreso, "no se ha dictado aún" y no podrá dictarse hasta que la norma sea recurrida una vez aprobada.
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