El curso pasado, un total de 1.947 docentes de toda España pidieron ayuda al Defensor de Profesor, una figura creada por el sindicato ANPE en 2005 a raíz del caso de un alumno que se suicidó tras sufrir acoso escolar. Desde entonces, sus actuaciones ascienden a 44.386. Esta cifra es "la punta del iceberg" de un problema marcado principalmente por la carga burocrática del profesorado, las falsas acusaciones -tanto por parte del alumnado como de las familias- y las faltas de respeto hacia la figura del docente.
Estas son las principales conclusiones del informe del Defensor del Profesor del curso 2022-2023, presentado en la sede nacional de ANPE, en Madrid, este martes. Según este trabajo, las actuaciones realizadas el último curso descendieron ligeramente respecto a las del periodo anterior: en 2021-2022, en plena pandemia, atendieron a 1.994 maestros, y en 2020-2021, el primer curso con medidas anticovid, a 1.960. El 98% de los casos provienen de profesorado de la enseñanza pública.
"La complejidad de los casos sigue aumentando con factores como el ciberacoso, las falsas acusaciones a docentes, agresiones físicas o acoso encubierto que llega a normalizarse", destaca el informe. Por niveles, los casos atendidos con docentes de Secundaria han aumentado por segundo año consecutivo, del 42% del total del curso 2021-2022 al 47% en el periodo 2022-2023. También suben dos puntos porcentuales en ciclos Formativos de Formación Profesional, pero disminuyen en Primaria -del 39% al 35%- y en Infantil -del seis al cinco por ciento-. El informe recalca el "cambio de tendencia desde el origen del servicio" y apunta como ejemplo que en el curso 2013-2014 el 40% de las llamadas procedían de profesorado de Primaria, frente al 7% de Secundaria.
El mayor porcentaje de casos (el 33% y en "tendencia ascendente") se enmarcan en problemas con la Administración derivados de una aplicación "tardía" de la nueva LOMLOE, la falta de docentes, ratios altas o activación de más protocolos. En palabras de Sonia García Gómez, vicepresidenta nacional de ANPE, el profesorado sufre un "exceso de burocracia" que les obliga a realizar "tareas administrativas que nada tienen que ver con la función docente". En este sentido, ha lamentado tener que aplicar cada vez más protocolos "sin tiempo ni formación". Desde el sindicato agregan que los docentes dudan de que la "ingente cantidad de informes elaborados sean analizados en instancias superiores".
García ha exp licado que desde la pandemia, los centros "se han convertido en centros de apoyo a la salud mental del alumnado", lo cual ha derivado en que "cada vez se nos exige más, pero no nos dan más recursos, una paradoja que influyen en el estado anímico de los profesores", ha advertido. Sobre esta cuestión, el informe refleja un empeoramiento de la salud mental del profesorado, con un aumento de los casos de ansiedad (en torno al 80% de los casos atendidos), depresión (que pasa del 11% de hace dos cursos al 13%) y las bajas laborales (crece del 10% al 16%).
Falsas acusaciones
Los problemas a los que se enfrentan los docentes que más se incrementaron el pasado curso respecto al anterior fueron relacionados con las falsas acusaciones de alumnos (que pasan del 12% al 20%) y de padres (suben del 24% al 25%), una categoría incluida en los dos últimos informes. Según ha explicado la coordinadora estatal del servicio del Defensor del Profesor, Teresa Hernández Jiménez, son "difícil de trabajar porque van desde 'no ha explicado esto y lo ha puesto en el examen' a 'me mira mal'. Hay que comprobarlo y para eso está la Ley de Autoridad, que presupone la inocencia del docente. Este ítem es complicando de manejar y está creando verdaderos problemas a los docentes. Hay algunos a los que les da miedo entrar en clase". Para la especialista en convivencia en las aulas, la mejor solución es el apoyo entre los compañeros de trabajo y "nunca estar solos en el aula". Sin embargo, hay casos que pueden derivar en denuncias "muy difíciles de demostrar que conlleva ir a juicio y demostrar que no es cierto, pero el ambiente ya se queda ahí y dificulta mucho el día a día en las clases".
Las agresiones y conductas agresivas del alumnado al profesorado aumentaron un punto porcentual y representaron el 7% de las consultas del curso pasado. Se trata de "empujones", "lanzamiento de objetos" o "alguna colleja", principalmente. Las faltas de respeto fueron motivo de solicitud de ayuda al Defensor del Profesor en el 22% de los casos y las dificultades para dar clase, en el 21%. Desde ANPE observan también ciberacoso a los profesores, suplantación de identidad en redes sociales para ridiculizarles, aumento de amenazas o presión para subir notas.
Ciberacoso
El ciberacoso por parte de las familias del alumnado, según ha relatado la coordinadora del Defensor del Profesor de ANPE Madrid, Guadalupe Pérez Pérez, se puede dar en grupos de padres de Whatsapp, mucho más habituales en Infantil y Primaria que en Secundaria. Este ejemplo es "escandaloso" y ellos se vierten "insinuaciones y datos solapados" que revelan a quién se refiere y crean el "caldillo" para posicionar a las familias contra la maestra o el maestro. En otras ocasiones, las familias usan las redes sociales como Instagram o X (antes Twitter) o plataformas de los propios centros, usados para "desprestigiar". "Ponen auténticas barbaridades, pero se esconden y es difícil que esa denuncia prospere".
Su compañera, la vicepresidenta de ANPE Madrid, Carolina Fernández del Pino Vidal, recuerda que en esta comunidad "ha habido un grupo de padres que recientemente ha realizado pintadas y ha puesto carteles por donde vivía la persona". Fernández del Pino advierte de que "nadie es anónimo en las redes, a los padres se les coge cuando hacen esto".
Las cosas se deben gestionar de otra forma. Hay muchos mecanismos, pero no buscando la camarilla en el grupo del WhatsApp"
Precisamente en este mensaje se incide mucho en el Plan Director, que incluye visitas de agentes de la Policía a las aulas para alertarles de los delitos digitales. Es a esta iniciativa, que comenzó en Madrid y se aplica en otras autonomías pero no en todas, a la que las representantes de ANPE atribuyen un dato positivo del informe: el descenso a la mitad del ciberbullying del alumnado al profesorado.
En este sentido, Guadalupe Pérez aconseja a las familias que tengan cualquier problema con los docentes de sus hijos ir, en primer lugar, a hablar con ellos. "Las cosas se deben gestionar de otra forma. Si estás preocupada por algo, pide tutoría. Y si estás convencido de que el comportamiento del docente es irregular, ve a dirección o jefatura de estudios. Hay muchos mecanismos, pero no buscando la camarilla en el grupo del WhatsApp", ha aseverado, al tiempo que ha instado a las familias que detecten estos comentarios a responder que estos grupos de mensajería "no son el lugar" para tratar ciertos asuntos.
Desde ANPE Madrid, que ha gestionado 985 de las 1.947 actuaciones del Defensor del Profesor del curso pasado "porque es la Comunidad donde antes se implantó este servicio y donde más se conoce entre el profesorado", su vicepresidenta Carolina Fernández del Pino ha criticado que la Administración exija un sistema inclusivo en el que dar "20 clases distintas en 50 minutos" pero, sin embargo, no aumenten los recursos. "Nos sentimos superados y tremendamente frustrados", ha denunciado.
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