El PSOE sostiene que la amnistía "persigue la consecución de un interés general", "refuerza el Estado de derecho" porque rebaja la "tensión" y es plenamente constitucional. Así figura en la exposición de motivos de la proposición de ley que los socialistas han pactado con Junts y que registraron este lunes en el Congreso, finalmente en solitario, aunque su intención era hacerlo junto a todos sus socios independentistas. En el texto, los socialistas se felicitan de la "solidez del sistema democrático" español que permitirá que los principales dirigentes del procés puedan ser amnistiados con el objetivo de "un interés superior: la convivencia democrática". Eso sí, no incluye ninguna contrapartida de los independentistas.
El preámbulo de la proposición de ley —que deberá pasar por una prolija tramitación en el Congreso y el Senado— está dividido en tres bloques. El más político de ellos es un amplio diagnóstico del momento político y por qué la actual situación, a juicio del PSOE, requiere de la aprobación de una medida de gracia. La exposición de motivos, además, contiene una argumentación para defender que la proposición de ley es totalmente constitucional. Y, por último, los socialistas defienden que la medida no solo es legal, sino que también supone una muestra de la "solidez" de la democracia en España garantizada por la Constitución.
Esta última afirmación, que con diferentes fórmulas se plantea en varias ocasiones en el texto, supone un cambio absoluto del tono que habitualmente mantienen los partidos independentistas catalanes sobre la democracia española y la Constitución. Junts, por ejemplo, ha acordado un texto en el que se afirma que "hoy, en el año 2023, España se caracteriza por ser una democracia y un Estado de derecho, en el que el principio de legalidad, el principio democrático y el respeto a los derechos fundamentales se configuran como pilares esenciales".
Bajo esa premisa, la proposición de ley sostiene que "una ley de amnistía solo puede fundamentarse en la solidez del sistema democrático, que demuestra así su capacidad de conciliación a través de un acto soberano de las Cortes Generales". A este respecto, el PSOE (y Junts, por haber acordado el texto aunque no haya estampado su firma al registrarlo) sostiene que la norma es "legítima", en primer lugar, por su "constitucionalidad". Y una vez asumido esto, defiende "la necesidad de abordar una situación excepcional en pro del interés general, apostando por un futuro de entendimiento, diálogo y negociación entre las distintas sensibilidades políticas, ideológicas y nacionales" que conviven en España.
La amnistía, apunta asimismo la proposición de ley, es una "institución que articula una decisión política mediante una ley aprobada por el parlamento como expresión del papel otorgado por la Constitución a las Cortes Generales, que se erigen como el órgano encargado de representar a la soberanía popular en los poderes constituidos". Y esa no es la única ocasión en la que el texto recuerda que todos los poderes, incluido el judicial, están sometidos a la soberanía nacional: la iniciativa también sostiene que "la amnistía no afecta al principio de separación de poderes ni a la exclusividad de la jurisdicción previsto en el artículo 117 de la Constitución porque, como reza su propio texto, el Poder Judicial está sometido al imperio de la ley".
"Al asumir las Cortes Generales esta decisión de política legislativa", afirma igualmente la proposición de ley, "no solo no invaden otros espacios, sino que, muy al contrario y en uso de sus competencias, asumen la mejor vía de las posibles para abordar, desde la política, un conflicto político". Y no solo en el presente, ya que el PSOE alerta de que, si no se aplicara la amnistía, "las tensiones podrían agravarse en los próximos años a medida que se sustancien procedimientos judiciales que afectan no solo a los líderes del procés (que son los menos), sino también a los múltiples casos de ciudadanos e incluso a empleados públicos" encausados por casos relativos a los referéndum ilegales de independencia.
Todos los delitos del 'procés'
La medida que se propone beneficiará a todos los encausados por actos delictivos relacionados con el procés que hayan finalizado después del 1 de enero de 2012 o comenzado antes del día de hoy. Incluirá a los líderes políticos o responsables administrativos implicados en el procés y a los policías que intentaron paralizar todos los actos ilegales y que también están imputados en Cataluña. De igual modo, establece que todas las causas penales abiertas se deberán archivar en un máximo de dos meses -lo que favorecerá a algo más de 400 personas- y se prohíbe que los beneficiados por la ley puedan acogerse a indemnizaciones.
Aunque no incluye ningún nombre y apellidos, los principales beneficiarios de esta ley de amnistía serán, por tanto, el expresidente catalán Carles Puigdemont, pero también su antecesor en el cargo, Artur Mas -quien convocó la consulta del 9 de noviembre de 2014-, además del resto de políticos huidos de la Justicia. Igualmente, Oriol Junqueras y el resto de exdirigentes catalanes que sí pasaron por el juicio y la cárcel, puesto que se extinguiría su pena de inhabilitación. Pero además, su aplicación tendrá impacto directo en los cargos intermedios de la Generalitat que también están encausados, así como ciudadanos que participaron directamente en la organización del referéndum ilegal, como directores de los colegios que abrieron el 1 de octubre de 2017.
La ley de amnistía tendrá efecto, también, sobre los CDR y Tsunami Democràtic, actualmente investigados por presunto terrorismo en la Audiencia Nacional. Si bien la amnistía excluye "los actos tipificados como delitos de terrorismo", sí serán amnistiados aquellos actos cuando no haya recaído "sentencia firme", como es el caso. Quedarán amnistiados los actos de malversación, y los actos cometidos en el marco de las consultas de 2014 y 2017 por los colaboradores de los líderes independentistas.
Los delitos que quedarán amnistiados (y los que no)
Quedarán olvidados los delitos de malversación, terrorismo, así como desórdenes públicos relacionados con el procés. La proposición de ley establece que se amnistiará a "quienes hubieran prestado asistencia, colaboración, asesoramiento de cualquier tipo, representación, protección o seguridad a los responsables de las conductas" relacionadas con el secesionismo. Se amnistiarán igualmente delitos de usurpación de funciones públicas y los de desobediencia, desórdenes públicos, y atentado y resistencia a la autoridad.
Según recoge también la proposición de ley, "quedarán amnistiados los actos de desconsideración o crítica vertidos contra las autoridades y funcionarios públicos" realizados en manifestaciones, asambleas y a través de actividades artísticas que buscasen reivindicar la independencia de Cataluña.
El texto establece, por otro lado, que la amnistía afectará a las actuaciones desarrolladas con el fin de "divulgar el proyecto independentista, recabar información y adquirir conocimiento sobre experiencias similares o lograr que otras entidades públicas o privadas prestaran su apoyo a la consecución de la independencia Catalana". Gracias a este fragmento de la norma podría beneficiarse el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluis Alay, acusado de un delito de malversación y prevaricación por haber asistido al referéndum de autodeterminación de Nueva Caledonia en 2018.
El segundo artículo de la proposición de ley recoge los actos que quedan excluidos de la amnistía, por mucho que estén relacionados con el procés. En primer lugar, se quedan fuera los actos "dolosos" contra las personas que hayan producido muertes, abortos o lesiones al feto, la pérdida o inutilidad de un órgano o un miembro, la pérdida o inutilidad de un sentido, la impotencia, la esterilidad o una grave deformidad.
Tampoco se podrán acoger a la medida de gracia quienes estén condenados en firme por delitos de terrorismo, los autores de torturas y tratos inhumanos "siempre que superen un umbral mínimo de gravedad", ni quienes hayan cometido "delitos de traición y contra la paz". Asimismo, se excluyen los delitos "que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea". Por último se pone una línea roja frente a los delitos que escondieran motivaciones racistas, antisemitas, antigitanas y discriminatorios en general.
Dos meses para aplicar la amnistía
Una vez entre en vigor la norma, los tribunales competentes ordenarán "la inmediata puesta en libertad" de los beneficiados, desaparecerán sus antecedentes y "quedarán sin efecto las órdenes de búsqueda y captura e ingreso en prisión". Esto último implica que Carles Puigdemont, que está procesado por desobediencia y malversación, podrá regresar a España inmediatamente sin exponerse a la posibilidad de ser detenido ya que cuando la ley se publique en el BOE quedará sin efecto la orden de detención nacional en su contra.
Sin embargo, Oriol Junqueras, que fue indultado parcialmente, tendrá que esperar a que el Tribunal Supremo estudie su caso y retire la pena de inhabilitación que permanece en vigor tras el indulto. El alto tribunal tendrá dos meses de plazo y la amnistía se tramitará con carácter "preferente y urgente", sin importar la fase del proceso judicial.
Además, se retirará cualquier medida cautelar establecida por un tribunal contra cualquiera de los amnistiados. La proposición señala incluso que se alzarán las cautelares cuando se presente un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía.
Fuentes del Tribunal Supremo han señalado en los últimos meses que una posible respuesta a la ley de amnistía sería presentar una cuestión ante el Tribunal Constitucional, considerando que esto implicaría la paralización de la causa contra Carles Puigdemont.
Pero la proposición de ley dicta que la amnistía tendrá sus efectos como máximo dos meses después de que el texto se publique en el BOE, con lo que se esfuma cualquier posibilidad de que la orden de detención contra el expresident se mantenga en vigor hasta que el Constitucional resuelva.
Los órganos correspondientes deberán archivar también los procedimientos administrativos y retirar cualquier medida cautelar contra los presuntos delincuentes. Quedará igualmente extinguida la responsabilidad civil o contable de los beneficiados que estén siendo investigados en el Tribunal de Cuentas. Precisamente este tribunal tiene previsto celebrar este viernes un juicio por el supuesto desvío de fondos públicos para el referéndum del 1 de octubre, un acto incluido en la medida de gracia en el que estaría implicado el propio Puigdemont.
También en virtud de la ley de amnistía, los empleados públicos que hayan sido cesados por algún acto relacionado con las consultas de 2014 y 2017 se reincorporarán en sus cuerpos con el reconocimiento de su antigüedad. Eso sí, no tendrán derecho a pedir indemnizaciones: "La amnistía [...] no dará derecho a percibir indemnización de ninguna clase ni generará derechos económicos de ningún tipo en favor de persona alguna". Tampoco se devolverá el dinero abonado en multas por delitos que ahora quedan amnistiados.
En las causas que investiguen delitos penales, como la que investiga el instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena o la que instruye Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional, se deberá decretar "el sobreseimiento libre" o una "sentencia absolutoria". Si la Fiscalía y las partes no solicitan la aplicación de la ley, el propio juez deberá decretarla de oficio. También se aplicará la amnistía para los indultados por el procés, pues aún tienen en vigor su inhabilitación, tal y como señala el texto legal: "La concesión de un indulto total o parcial con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley no impedirá la revisión de la sentencia firme".
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