Este lunes ha comenzado en la Audiencia Provincial de Madrid la vista oral contra seis agentes de la Policía Nacional por lo sucedido el 21 de marzo de 2021, momento en el que accedieron con un ariete a una vivienda en la que se estaba celebrando una fiesta ilegal al estar vigentes las restricciones de horarios por el coronavirus.
Todo ello dio lugar a una situación conocida como "la patada en la puerta", que consiguió convertirse en uno de los momentos más famosos de la pandemia. Por estos hechos, la acusación particular en el juicio ha reclamado este lunes al jurado popular que valore que "nadie está por encima de la ley" para "violar" la Constitución.
Los agentes, a los que se les acusa de un delito de allanamiento de morada, se enfrentan así a cuatro años de cárcel a petición del abogado que defiende al inquilino, el letrado Juan Gonzalo Ospina. El fiscal solicita en cambio la absolución de cinco de los policías y entiende que en el caso del jefe de grupo actuó en la creencia de que el acto era legal.
Por el momento, las partes han procedido este lunes a la selección del jurado y a la lectura de los escritos de acusación y defensa. El martes tendrá lugar las cuestiones previas y alegatos de las partes, mientras que el miércoles declararán los acusados y testigos.
"Bastante ilusión" por el juicio
A su llegada a sede judicial, Gonzalo Ospina ha destacado en declaraciones a la prensa que afrontan el juicio con "esperanza" y "bastante ilusión" desde la parte jurídica, ya que ha sido "un camino muy largo" y "un procedimiento duro" con ataques a su persona incluidos.
Para el letrado, es "un triunfo de nuestra democracia llegar hasta aquí y que un jurado popular pueda decidir si existe un delito de allanamiento demorado". "Hubo tres decisiones judiciales que confirmaron que podrían existir indicios de criminalidad para entender que lo que se realizó fue un acto contra el derecho. Estamos hablando que unos agentes de policía que han estudiado el Código Penal, que han estudiado la Constitución Española y entraron con un ariete en época del covid en un domicilio", ha recalcado.
"Por tanto, consideramos que estamos ante un presunto delito de allanamiento de morada y confiamos en que el jurado, nueve ciudadanos libres e iguales, puedan determinar que somos todos iguales ante la ley, que en este país todos tenemos que cumplirla", ha aseverado.
Sobre los hechos, la acusación particular reclama cuatro años de cárcel e inhabilitación absoluta durante seis años por un delito de allanamiento de morada y daños. Además, el letrado Juango Ospina solicita una multa de 5.400 euros.
Actuaron ante la "desobediencia"
Por otro lado, el abogado Juan Antonio Frago, que defiende a dos de los agentes, ha defendido que sus clientes actuaron conforme a la legalidad al considerar que se estaban cometiendo varios delitos en el interior de la vivienda. Esta parte sostiene que los agentes accedieron ante "la desobediencia grave" por la reiteración a la negativa a identificarse hasta en 28 ocasiones.
"Tenemos los ruidos que, de una manera reiterada, también generan un delito del 325 del Código Penal. Tenemos el móvil inmobiliario, que es básicamente las coacciones reiteradas para evitar el legítimo disfrute del derecho de vivienda de los otros vecinos", ha recalcado.
Además ha recordado que las grabaciones muestran como hay cinco personas que querían salir y fueron retenidas, ya que una persona estaba opositando a abogada del estado y los antecedentes le podrían haber impedido sus aspiraciones.
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