El PSOE sostiene que la amnistía "persigue la consecución de un interés general", "refuerza el Estado de derecho" porque rebaja la "tensión" y es plenamente constitucional. Así figura en la exposición de motivos de la proposición de ley de amnistía que los socialistas han pactado con Junts y que registraron este lunes en el Congreso, finalmente en solitario, aunque su intención era hacerlo junto a todos sus socios independentistas. En el texto, acordado con los secesionistas catalanes de Junts, los socialistas se felicitan de la "solidez del sistema democrático" español que permitirá que los principales dirigentes del procés puedan ser amnistiados con el objetivo de "un interés superior: la convivencia democrática". Eso sí, no incluye ninguna contrapartida de los independentistas.
El preámbulo de la proposición de ley —que una vez se presente deberá pasar por una prolija tramitación en el Congreso y el Senado— está dividido en tres bloques. El más político de ellos es amplio diagnóstico del momento político y por qué la actual situación, a juicio del PSOE, requiere de la aprobación de una medida de gracia. La exposición de motivos, además, contiene una argumentación para defender que la proposición de ley es totalmente constitucional. Y, por último, los socialistas defienden que la medida no solo es legal, sino que también supone una muestra de la "solidez" de la democracia en España garantizada por la Constitución.
Esta última afirmación, que con diferentes fórmulas se plantea en varias ocasiones en el texto, supone un cambio absoluto del tono que habitualmente mantienen los partidos independentistas catalanes sobre la democracia española y la Constitución. Junts, por ejemplo, ha acordado un texto en el que se afirma que "hoy, en el año 2023, España se caracteriza por ser una democracia y un Estado de derecho, en el que el principio de legalidad, el principio democrático y el respeto a los derechos fundamentales se configuran como pilares esenciales".
Bajo esa premisa, la proposición de ley sostiene que "una ley de amnistía solo puede fundamentarse en la solidez del sistema democrático, que demuestra así su capacidad de conciliación a través de un acto soberano de las Cortes Generales". A este respecto, el PSOE (y Junts, por haber acordado el texto aunque no haya estampado su firma al registrarlo) sostiene que la norma es "legítima", en primer lugar, por su "constitucionalidad". Y una vez asumido esto, defiende "la necesidad de abordar una situación excepcional en pro del interés general, apostando por un futuro de entendimiento, diálogo y negociación entre las distintas sensibilidades políticas, ideológicas y nacionales" que conviven en España.
La amnistía, apunta asimismo la proposición de ley, es una "institución que articula una decisión política mediante una ley aprobada por el parlamento como expresión del papel otorgado por la Constitución a las Cortes Generales, que se erigen como el órgano encargado de representar a la soberanía popular en los poderes constituidos". Y esa no es la única ocasión en la que el texto recuerda que todos los poderes, incluido el judicial, están sometidos a la soberanía nacional: la iniciativa también sostiene que "la amnistía no afecta al principio de separación de poderes ni a la exclusividad de la jurisdicción previsto en el artículo 117 de la Constitución porque, como reza su propio texto, el Poder Judicial está sometido al imperio de la ley".
"Al asumir las Cortes Generales esta decisión de política legislativa", afirma igualmente la proposición de ley, "no solo no invaden otros espacios, sino que, muy al contrario y en uso de sus competencias, asumen la mejor vía de las posibles para abordar, desde la política, un conflicto político". Y no solo en el presente, ya que el PSOE alerta de que, si no se aplicara la amnistía, "las tensiones podrían agravarse en los próximos años a medida que se sustancien procedimientos judiciales que afectan no solo a los líderes del procés (que son los menos), sino también a los múltiples casos de ciudadanos e incluso a empleados públicos" encausados por casos relativos a los referéndum ilegales de independencia.
Acorde a la Constitución y la norma europea
Eso sí: los socialistas señalan que, aunque "las metas a perseguir dentro del marco constitucional son plurales", "todos los caminos deben transitar dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional". El matiz viene después, cuando se afirma que, "si bien no hay democracia fuera del Estado de derecho, es necesario crear las condiciones para que la política, el diálogo y los cauces parlamentarios sean los protagonistas en la búsqueda de soluciones a una cuestión política con una presencia recurrente en nuestra historia".
Precisamente la legalidad de la amnistía es otro de los asuntos en los que mayor hincapié hace el preámbulo de la ley, que afirma que el propio Tribunal Constitucional "ha establecido los requisitos para que una ley de estas características pueda ser válida en nuestro ordenamiento jurídico": que se trate de una ley "singular", que no haga distingos entre diferentes ciudadanos que hayan cometido los mismos delitos, y que responda a una situación "excepcional". Asimismo, el PSOE asegura que se cumple otro de los requisitos de constitucionalidad requeridos: evitar "que la amnistía pueda abarcar otro tipo de actos no conectados directamente con el proceso independentista y las consecuencias de este".
El preámbulo de la norma afirma, de la misma forma, que "desde la perspectiva del derecho de la Unión Europea, la institución de la amnistía está perfectamente homologada". "El Tribunal de Justicia de la Unión Europea" y "el Tribunal Europeo de Derechos Humanos" han "reconocido la validez y oportunidad política de la amnistía, fijando como límite las graves violaciones de los derechos humanos", recuerda la proposición de ley citando varias sentencias de esas instituciones.
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