Todo sobre los gases lacrimógenos en Ferraz: cuándo deben usarse y por qué Amnistía pide evitar hacerlo para "dispersar manifestantes"

Unas 3.800 personas -según datos de la Delegación de Gobierno de Madrid- se concentraron este lunes por la tarde a las puertas de la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz clamando contra los pactos del candidato socialista a la investidura, Pedro Sánchez.
Los antidisturbios recurrieron a botes de humo o fumígenos, y puntualmente a botes de gas lacrimógeno, dice Interior.
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Unas 3.800 personas -según datos de la Delegación de Gobierno de Madrid- se concentraron este lunes por la tarde a las puertas de la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz clamando contra los pactos del candidato socialista a la investidura, Pedro Sánchez.

Denunciaba Amnistía Internacional en 2020 que las fuerzas de seguridad de todo el mundo hacen un uso indebido y generalizado de los gases lacrimógenos. Lo hacen para disolver protestas de todo tipo cuando, según esta organización, en muchos de los casos no estaría justificado.

¿Es eso lo que sucedió en la noche de este lunes en la calle Ferraz de Madrid ante la sede del PSOE? La actuación de los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) dejó tres detenidos y se intervinieron palos, barras de hierro e incluso una pala.

Fuentes policiales consultadas por Europa Press han confirmado que se usaron balas de fogueo disuasivas, pero no pelotas de goma. Los antidisturbios también recurrieron a botes de humo o fumígenos, así como puntualmente a botes de gas lacrimógeno. La Policía Nacional "actúa siempre en parámetros de proporcionalidad para garantizar la seguridad de todos, y utiliza el material adecuado en cada circunstancia", dice estas fuentes.

El Ministerio del Interior ha defendido que la actuación policial fue "proporcional". Así, se asegura que los agentes usaron "gases lacrimógenos" cuando "los manifestantes cortaron las bridas de las vallas y tiraron botellas, huevos y objetos a la Policía".

Cómo y cuándo usar gas lacrimógeno

"Con demasiada frecuencia, en muchos países del mundo, las personas resultan gravemente heridas y a veces incluso muertas cuando la policía utiliza gases lacrimógenos, infringiendo las normas internacionales o las leyes nacionales vigentes", decía en 2021 Anja Bienert, del Programa de Policía y Derechos Humanos de Amnistía Internacional en Países Bajos y autora de un informe con normas para frenar el uso de sustancias químicas irritantes por parte de la policía.

Las autoridades no suelen crear un marco que garantice que la policía utiliza las sustancias químicos irritantes de acuerdo con los derechos humanos"

"Nadie discute que la policía tiene un deber difícil, y a menudo incluso peligroso, que cumplir. Pero las autoridades no suelen crear un marco que garantice que la policía utiliza las sustancias químicos irritantes de acuerdo con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos", asegura Bienert. Según su documento, "la policía sólo puede utilizar el gas lacrimógeno en caso de violencia generalizada cuando sea imposible hacer frente a los individuos violentos por sí solos. Nunca deben utilizar gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes pacíficos".

Parte del problema con el gas lacrimógeno "es simplemente que algunas fuerzas policiales malinterpretan cómo y cuándo pueden usarlo de forma legítima, mientras que otros prefieren hacer caso omiso de esas instrucciones y algunos lo utilizan como arma", lamentaba en 2020 Patrick Wilcken, investigador de Amnistía Internacional sobre Control de Armas, Seguridad y Derechos Humanos.

Sin embargo, a la espera de lo que pueda decir sobre lo ocurrido en Ferraz, las denuncias de Amnistía se vienen refiriendo a otros países. Crearon para ello el sitio web 'AI Gas lacrimógeno: Investigación', con una recopilación de incidentes en los que la policía y las fuerzas de seguridad causaron daños debido al uso inadecuado de gas lacrimógeno.

Parte del problema con el gas lacrimógeno es simplemente que algunas fuerzas policiales malinterpretan cómo y cuándo pueden usarlo de forma legítima"

Desde el lanzamiento de la web en 2020 (ahora cerrada), Amnistía Internacional ha verificado incidentes de uso indebido de gas lacrimógeno en más de 115 países y territorios, entre ellos, Israel/Territorios Palestinos Ocupados, Irán, Perú, Sri Lanka, Estados Unidos, Francia, Guatemala, India, Líbano, Malí, Myanmar, Nigeria, Serbia, Sudán, Túnez y Uganda.

El caso de la valla de Melilla

El 24 de junio de 2021 murieron en la valla de Melilla al menos 37 personas del África subsahariana que intentaban cruzar desde Marruecos a España. Amnistía Internacional acusó entonces a ambos países de cometer "crímenes de derecho internacional". El informe que redactó entonces la organización apuntaba que la policía arrojó piedras a los migrantes y les lanzó gases lacrimógenos en espacios cerrados.

Según la entonces diputada de ERC, Maria Carvalho, la policía española lanzó 86 proyectiles de gas lacrimógeno para repeler a los inmigrantes. Carvalho formaba parte de un grupo de parlamentarios que visitó el lugar de los hechos.

Necesidad de regulación

A pesar del uso indebido generalizado, no se ha acordado una normativa internacional sobre el comercio del gas lacrimógeno y otras sustancias químicas irritantes. Además, recuerda Amnistía, muy pocos Estados ofrecen información pública sobre el volumen y el destino de las exportaciones de gas lacrimógeno, lo que dificulta una vigilancia independiente.

Amnistía Internacional y la Fundación de Investigación Omega llevan más de dos decenios haciendo campaña en favor de mayores controles sobre la producción, el comercio y el uso del gas lacrimógeno. Como consecuencia, la Unión Europea ha introducido controles sobre el comercio de algunos tipos de material, y la ONU y el Consejo de Europa han reconocido la necesidad de regular la exportación de material para hacer cumplir la ley que pueda utilizarse para infligir tortura y otros malos tratos.

Qué dicen las organizaciones policiales

Y si el Ministerio del Interior defiende que la actuación policial en la noche del lunes ante la sede el PSOE fue "proporcional", algunas organizaciones policiales han mostrado su desacuerdo. Según el portavoz del sindicato policial JUPOL, Ibón Domínguez, la utilización de gases lacrimógenos fue percibida más como "política que operativa".

Las decisiones que se toman sobre la UIP viene por la escala de mando, y muchas veces son más políticas que operativas"

"Las decisiones que se toman sobre la UIP viene por la escala de mando, y muchas veces son más políticas que operativas. Quien tiene que dar la cara y dar explicaciones no es JUPOL, es Marlaska, el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía", ha declarado en la Cadena COPE.

"Nos dicen que estaban muy superados en números y que les arrojaron huevos y botellas. Pero es verdad que en otras ocasiones que los compañeros de la UIP han estado aguantando, como en Cataluña, y se les ha pedido aguantar más", dice Domínguez.

El portavoz de Alternativa Sindical de Policía, Alfredo Perdiguero, tampoco cierra filas con el Ministerio y asegura que "Interior no suele permitir usar [gases lacrimógenos] ni contra los radicales más violentos".

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