El Tribunal Constitucional (TC) estudiará en su Pleno de la próxima semana un borrador de sentencia que propone rechazar el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas. Este tributo, que grava el patrimonio neto de las personas físicas de cuantía superior a los tres millones de euros, se creó de forma transitoria a finales de 2022 y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado siempre muy beligerante contra él, hasta el punto de haberlo llevado dos veces a los tribunales.

Según ha informado el propio tribunal, abordará este asunto en el Pleno del próximo martes y lo hará en base a la ponencia elaborada por la magistrada María Luisa Balaguer. Fuentes del tribunal de garantías han señalado a la agencia Europa Press que Balaguer sostiene que la creación de dicho impuesto no supone una invasión por parte del Estado de las competencias autonómicas en materia fiscal, como denunciaba Madrid. De hecho, la ponencia subraya que las facultades autonómicas no pueden interpretarse hasta el punto de neutralizar las estatales.

Madrid defendía en su impugnación que el nuevo tributo podría vulnerar, entre otros, los principios de seguridad jurídica, capacidad económica y no confiscatoriedad, así como la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas.

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Las citadas fuentes avanzan, además, que cabe esperar un apoyo claro de la mayoría progresista del TC -de siete magistrados frente a cuatro- a la ponencia de Balaguer. Por eso el escenario más probable es que el Constitucional rechace el recurso impulsado por el Ejecutivo de Díaz Ayuso.

Además de la Comunidad de Madrid, han impugnado este nuevo impuesto los gobiernos de Andalucía, Galicia y Murcia, todos ellos del PP. Tanto el Ejecutivo madrileño como la Junta andaluza pidieron que se suspendiera cautelarmente la aplicación del tributo, pero esto es algo que el Constitucional ya denegó la pasada primavera.