La Abogacía General de la Comunidad de Madrid ha interpuesto este miércoles ante el Tribunal Constitucional (TC) el recurso contra el impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, que se aprobó el pasado diciembre y entró en vigor el pasado 1 de enero con carácter retroactivo. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sostiene que este tributo "invade las competencias fiscales y financieras" de las comunidades autónomas y, además, argumenta que el procedimiento por el que se aprobó, a través de una enmienda a una proposición de ley que ya estaba tramitándose en el Congreso, no se ajusta a la ley.

Por todo ello, ha solicitado al tribunal de garantías que suspenda el impuesto de forma temporal, aunque el vicepresidente madrileño, Enrique Ossorio, ha confesado este miércoles que no confía demasiado en que se estime esta petición. "El fondo se va a ganar seguro, pero la cautelar es muy complicada", ha señalado el también portavoz del Ejecutivo.

Invasión de competencias, quiebra del principio de seguridad jurídica, vulneración de la igualdad... los argumentos del recurso al impuesto de solidaridad

Ossorio ha explicado que los precedentes en causas similares revelan que es "muy raro" que el tribunal acepte unas medidas cautelares solicitadas por el gobierno de una comunidad autónoma sobre una ley elaborada por el Gobierno de la Nación. Este tipo de mecanismo es automático cuando es el Estado el que recurre por inconstitucional una norma autonómica, pero no cuando sucede al contrario. 

El vicepresidente de Díaz Ayuso, no obstante, ha afirmado que el Ejecutivo regional no tenía otra opción más que presentar este recurso y pedir las cautelares porque, según ha remarcado, "causa perjuicios a los madrileños". En concreto, de acuerdo con las estimaciones que maneja la Puerta del Sol, este nuevo tributo puede suponer que dejen de llegar a la Comunidad de Madrid entre 1.200 y 1.600 millones de inversión extranjera al año y podría ocasionar la pérdida de 13.000 contribuyentes y 5.000 millones de ingresos.

Como "contrapeso" al impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, Díaz Ayuso anunció hace unas semanas que pondría en marcha un incentivo del 20% en el IRPF autonómico para nuevos inversores, una bonificación que ya se está tramitando para llegar a tiempo a la Asamblea antes de que acabe la legislatura.