El impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas ha pegado un pinchazo en toda regla en su recaudación. La Agencia Tributaria ha ingresado solo 623 millones de euros por este tributo, apenas un 40% de los 1.500 millones que esperaba obtener cuando presentó este gravamen en septiembre del año pasado. Y casi el 90% de los ingresos obtenidos provienen de la Comunidad de Madrid.

Las cifras contrastan con los buenos resultados logrados por los impuestos especiales a banca y empresas energéticas, aprobados en el mismo paquete. La recaudación por estos dos tributos en el primer periodo de pago ascendió a 1.454 millones, un dato que llevó a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a anticipar unos ingresos de más de 3.000 millones de euros a final de año, en línea con lo previsto por el Ejecutivo.

El nuevo impuesto a las grandes fortunas se diseñó como un calco al impuesto sobre el Patrimonio —que grava la riqueza de los contribuyentes más acaudalados del país— pero con la idea de que, en la práctica, solo se aplicase en las comunidades que bonifican este tributo. Como los ingresos obtenidos por el "impuesto de solidaridad" van a parar íntegramente a las arcas del Estado, el Ejecutivo pretendía así contrarrestar las bonificaciones fiscales aprobadas por las autonomías en manos del PP.

Ello explica que el 89% de la recaudación que se ha obtenido con el nuevo tributo procede de las grandes riquezas madrileñas, la comunidad que más grandes fortunas concentra y la única —junto a Andalucía— que bonificaba al 100% el impuesto sobre el Patrimonio en 2022. Una bonificación total que provoca que, en la práctica, nadie pague por este impuesto en esos dos territorios.

Finalmente, han sido 12.010 los contribuyentes que han abonado el "impuesto de solidaridad", con una cuota media de 52.000 euros por contribuyente, señala el Ministerio de Hacienda. Cifras muy alejadas de los objetivos que se planteaba el Fisco, que situaba en 23.000 los declarantes potenciales. Del total de declarantes, 10.302 residían en la Comunidad de Madrid, de donde se han recaudado 555 millones de euros. Después aparece Andalucía, con unos ingresos obtenidos de apenas 29,7 millones de euros a través de 865 declarantes, y Galicia —que bonifica al 50% el impuesto al patrimonio— con 9,8 millones de recaudación aportados por 91 contribuyentes. 

Además, se han obtenido otros 26,2 millones, principalmente de declarantes que residen en el extranjero. En el resto del territorio la colecta del impuesto ha sido residual. En Cataluña tan solo se han recaudado 2 millones de euros, mientras que en Cantabria, Asturias y Comunidad Valenciana los ingresos obtenidos siquiera llegan al millón. De hecho, hasta en ocho autonomías no se ha recaudado ni un solo euro. Se trata de Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia y La Rioja.

Henar de Pedro

Desde el Gobierno defienden que el tributo "cumple el objetivo marcado por el Gobierno de avanzar en una política fiscal más progresiva" y señalan que la recaudación conjunta junto al impuesto al patrimonio se eleva hasta los 1.868 millones en 2023. La propia ministra Montero ha calificado el dato como "bueno" y en Hacienda consideran que las cifras son "consecuentes" con las previsiones del Ejecutivo, que hablaban de unos ingresos de 1.500 millones. 

El Gobierno ha matizado en varias ocasiones que esa previsión se cumpliría solo si todas las autonomías bonificaran al 100% el impuesto al patrimonio, algo que en la actualidad solo ocurre en Madrid y Andalucía (aunque Murcia, Cantabria, Comunidad Valenciana han manifestado su intención de eliminarlo). Sin embargo, esos 1.500 millones de recaudación fue la cifra que el Ejecutivo remitió a Bruselas en el Plan Presupuestario en el que detalla los ingresos fiscales que esperaba obtener.

Pinchazo recaudatorio

La recaudación del impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas ha quedado muy descafeinada por un error en su diseño que el Gobierno no logró subsanar a tiempo por la velocidad con la que se sacó adelante el tributo. Se trata de una cuestión técnica que, en la práctica, ha facilitado que los contribuyentes hayan pagado al final hasta un 80% menos de lo que les hubiera correspondido.

El quid de la cuestión está en el llamado "escudo fiscal", una regulación que impide que las cuotas conjuntas de IRPF, patrimonio y solidaridad de grandes fortunas superen el 60% de la base imponible del impuesto sobre la renta. Es decir, los contribuyentes no deben pagar por estos tres impuestos más del 60% de las rentas que obtienen. 

La ley por la que se estableció el nuevo impuesto señala que cuando la cuota íntegra de estos tres tributos superase el 60%, los declarantes podrían reducirse hasta un 80% la cuota a pagar por grandes fortunas. Al hablar de "cuota íntegra" y no de "cuota minorada" miles de contribuyentes madrileños han podido acogerse al escudo fiscal, pese a que no han pagado ni un euro por el impuesto al patrimonio. La razón es que la cuota íntegra refleja el pago que correspondería a los contribuyentes si el impuesto no estuviera bonificado al 100%, mientras que la cuota minorada sí tiene en cuenta esa bonificación.

Hacienda intentó corregir este error por la puerta de atrás en la orden ministerial que aprobaba el modelo para el cobro del impuesto, pero el Consejo de Estado emitió un duro dictamen reprendiendo al departamento de María Jesús Montero. En el texto, adelantado por Vozpópuli, se acusaba a Hacienda de "contravenir, de modo palmario y por un cauce totalmente improcedente" la ley. Finalmente, la redacción original de la ley se mantuvo, lo que llevó a organismos como la Airef a advertir de que la recaudación final que se obtendría sería mucho más baja que los 1.500 millones que vaticinaba el Ejecutivo. La autoridad fiscal estimó los ingresos en unos 635 millones, una cifra prácticamente calcada a la que se ha conocido este miércoles.

La Comunidad de Madrid lleva de nuevo a los tribunales el impuesto a las grandes fortunas

Recurrido ante el Constitucional

El impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas se encuentra actualmente recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) por los gobiernos autonómicos de Madrid, Andalucía y Murcia. El TC está estudiando la cuestión, aunque ya rechazó suspender cautelarmente el despliegue del tributo. El último movimiento judicial que afecta a esta figura ha venido protagonizado este mismo miércoles por la Comunidad de Madrid, que ha recurrido también el modelo de liquidación del impuesto. En caso de que el TC decida anular el tributo, Hacienda deberá  devolver lo recaudado a los contribuyentes, pero este proceso podría demorarse años hasta que el máximo intérprete de la Constitución resuelva la cuestión.