Quien contamina (no) paga

El Gobierno de Sánchez, siendo José Luis Ábalos ministro de Transportes, incluyó en las negociaciones con la Comisión Europea el pago por uso de las autovías a partir de 2024, bajo el principio de «quien contamina, paga». Nuestro país cuenta con más de 17.000 km de carreteras de alta capacidad, solo por detrás de China y Estados Unidos. Desde la crisis de 2008, el dinero público para su mantenimiento ha caído en picado, con lo que asistimos a su deterioro.

En la actualidad, 11 de cada 100 km presentan graves insuficiencias. La eliminación de muchos peajes, sobre todo en Cataluña, si bien supuso un acto de justicia, pues existía un agravio territorial, no ha hecho más que empeorar el problema, con embotellamientos diarios y mayor déficit para conservar esas vías en condiciones de seguridad. El mantenimiento de nuestra extensa red de carreteras requeriría una inversión de golpe de unos 11.000 millones. En 2022 solo se destinaron 1.370 millones y para este año están presupuestados 1.548. Obviamente, si entramos en recesión, esa cifra se recortará muchísimo.

El principio «quien contamina, paga» ha sido abandonado, por lo que seguiremos pagando todos por igual, tanto quien hace un uso intenso de la carretera como quien no tiene coche, aunque en realidad se invierta poco en su mantenimiento. Cuando en 2019 se anunció que el Gobierno estaba planteando el restablecimiento de algún tipo de pago por uso (como la viñeta que hay en otros países), le llovieron críticas, empezando por la oposición y siguiendo por los transportistas.

El estallido de la pandemia congeló la iniciativa y las convocatorias electorales sucesivas han desinflado ese planteamiento. Ciertamente, se necesita mucho coraje político para adoptar una medida así, sobre todo en medio de una escalada inflacionista. La semana pasada el Gobierno celebró que Bruselas hubiese aceptado su nueva propuesta de aplazar el pago por uso a cambio de incentivar el transporte de mercancías por ferrocarril, donde España tiene mucho por hacer.

El problema de fondo es que va a seguir faltando dinero para las carreteras, un dinero que debería priorizarse para el transporte de carga ferroviaria. Así pues, el Gobierno solo ha hecho que ganar tiempo. Lo valiente hubiera sido adoptar ambas medidas por razones medioambientales y presupuestarias: pago por uso de las autovías, liberando recursos para pisar el acelerador de las inversiones ferroviarias.

Lo populista es prometer el mantenimiento de las carreteras a través de los Presupuestos, sabiendo que el déficit inversor conllevará el peligro de circular por muchas vías. El principio de que «quien contamina, paga» implicaba coger el toro por los cuernos, pero en política es más cómodo ver al astado desde la barrera.