La Comisión Europea cerrará este viernes la consulta que abrió a principios de mes para recabar datos más consistentes de los que tiene sobre el número de ejemplares de lobo que hay en la UE, de cara a una eventual rebaja de su nivel de protección, sin que el Gobierno español pueda facilitar una cifra representativa, ya que Galicia y el País Vasco son las únicas comunidades que han facilitado de momento información actualizada sobre cuántos ejemplares están presentes en sus respectivos territorios.

El 4 de septiembre, la institución que preside Ursula von der Leyen abrió de nuevo un procedimiento para recolectar datos para tener un conocimiento más claro de cuántos lobos hay en la UE. Se trata del segundo censo que realiza este año, después de otro en abril que no arrojó "una imagen suficiente". Así lo reconoció la Comisión cuando anunció el segundo, con el que espera tener mejor información con la que determinar si propone a los Estados miembros "modificar el estatus de protección del lobo dentro de la UE" que consagra la directiva de Habitats para introducir "más flexibilidad" si es necesario.

En ambas ocasiones, la Comisión ha dejado abierto el envío de respuestas a cualquier actor interesado, lo que incluye a gobiernos, organizaciones ecologistas, ganaderas o científicas o, prácticamente a cualquiera que quiera participar. En todo caso, en Ecologistas en Acción afirman que quien debe participar es el Gobierno central, a partir de los datos que faciliten las comunidades autónomas, que de momento no las han compartido con Madrid. 

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La participación 'oficial' de España en esta recogida de datos será limitada y no podrá aportar una cifra que ilustre adecuadamente la presencia del lobo en España, ya que sólo Galicia y País Vasco han facilitado datos actualizados a lo largo de los últimos meses, en los que el Ministerio de Transición Ecológica y las comunidades han estado en contacto para hacer un seguimiento de esta cuestión. Según la Xunta, el censo gallego de lobos realizado entre 2021 y 2022 arrojaba la presencia de 93 camadas de lobos -formadas por alrededor de una decena de animales-, que indica un "estado favorable de conservación", ya que en el censo de 2013-2015 se contabilizaron 90 camadas.

Transparencia y datos

Por citar otras 'comunidades loberas', una del PP y otra del PSOE, muy beligerantes contra la idea de que el lobo sea 'intocable', Castilla y León no tendrá los resultados de su censo anual de 2023 hasta final de año o principios de 2024, mientras que Asturias está ultimando el censo de 2022.

También tienen esta consideración otras como Cantabria, Navarra o La Rioja que, como la mayoría de autonomías, tampoco han remitido sus datos a Madrid. Todo a pesar de que la protección del lobo se ha convertido en los últimos años en un arma arrojadiza entre ecologistas y ganaderos, entre el Gobierno y el PP.

Hace unos días, el exministro del Interior y hoy eurodiputado Juan Ignacio Zoido criticó que, "en lugar de permitir una gestión cinegética del lobo, el Gobierno de Sánchez ha hecho todo lo contrario, extremando su nivel de protección sin ningún respaldo científico", y reclamó al Ejecutivo "que sea transparente y publique datos", que "dialogue con las regiones afectadas y ponga a disposición de los ganaderos los fondos de compensación que tanto necesitan".

De acuerdo a unos datos publicados recientemente por Efe, Transición Ecológica destinó ocho millones de euros el año pasado a compensar a las comunidades -y a los ganaderos en último término- por los daños ocasionados por el lobo. Castilla y León recibió 3,9 millones; Asturias, 1,9 millones; Cantabria, más de 875.000; La Rioja, 276.000; Castilla-La Mancha, 93.000, y Aragón, Cataluña, Extremadura y País Vasco, 50.000 cada una.

Diálogo sin frutos

Sin embargo, el diálogo sobre el lobo de los últimos meses entre Gobierno y comunidades no ha dado sus frutos porque desde que en mayo de este año todas acordaron que el Ministerio elaboraría un formato tipo para que cada autonomía pudiera volcar los datos de sus censos, solo dos han enviado datos actualizados. El documento se remitió a las correspondientes consejerías autonómicas unas semanas después y la mayoría de comunidades se comprometió a "remitir resultados" sobre censos con carácter anual en la mayoría de los casos, sin que los datos hayan llegado a tiempo para entrar en la consulta pública de la Comisión Europea.

Por la parte científica, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) publicaba recientemente un estudio que compara la situación genética de la población de lobos en los años 70, cuando era más reducida y todavía estaba presente en el sur de la península y en la actualidad, cuando las poblaciones de esta especie se concentran en el noroeste. "Detectamos una pérdida de diversidad genética debida a la extinción local del lobo en ciertas zonas, como es el caso de Sierra Morena, pero también pérdida de diversidad genética en el rango de distribución actual de la especie", explica una de sus autoras, Isabel Salado. El documento, sin embargo, no ha entrado a cuantificar cuántos lobos hay en España. "No hicimos ninguna estima del número de lobos presentes en ninguno de los dos periodos", apunta.

Ante la falta de datos, los cazadores piden un "censo cada dos años para hacer una gestión respecto a la realidad". "El Ministerio dice que no tiene datos de las comunidades, pero hay una estrategia del lobo retrasada y censos de 2014", lamenta director técnico de la Federación Española de Caza, Juan Ortega, que considera que "no parece muy normal incluir al lobo en el catálogo de especies de protección prohibiendo su caza con una directiva europea que permite cinegético norte del Duero, con datos de nueve años antes".

Mayor protección

Esta segunda recopilación de datos sobre el lobo que cerrará la Comisión este viernes es un nuevo intento de tener una imagen ajustada de cuántos son y calibrar exactamente el peligro que supone esta especie de la ganadería. La percepción del mismo ha escalado en Bruselas en los últimos meses, en los que la Comisión ha pasado de hacer oídos sordos a las voces que pedían que el lobo se pueda cazar para proteger granjas y ganaderías a prestar una mayor atención. En noviembre de 2022, Von der Leyen se abrió a "examinar" las preocupaciones de las regiones loberas y a principios de este mes dio un salto cualitativo al reconocer "el peligro real" que supone esta especie para la ganadería en algunas zonas y abrir esta nueva consulta de la que podría salir una propuesta para rebajar su nivel de protección en la UE.

En España, el lobo forma parte del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), lo que significa que no se le puede cazar ni matar, algo contra lo que protestan las 'comunidades loberas', las situadas al norte del Duero, donde más ejemplares hay de una especie cuya presencia ya es casi anecdótica al sur de este río. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Transición Ecológica recuerdan que también en la norma española existen excepciones -o "derogaciones", como las llamó Von der Leyen a principios de mes para animar a los Estados miembros a poder cazarlos sin tener que modificar la directiva de Hábitats-, cuando existen daños graves para el ganado que no pueden evitarse dentro del régimen de máxima protección. En la Estrategia para la Conservación del Lobo que aprobaron Gobierno y comunidades en 2022 se recoge que entre 2008 y 2013 386 fueron cazados "legalmente" por este motivo en Castilla y León, 108 en Asturias, 102 en Cantabria, 12 en Galicia, cinco en La Rioja y dos en el País Vasco.

"La concentración de manadas de lobos en algunas regiones europeas se ha convertido en un peligro real para el ganado y potencialmente también para los humanos. Apelo a las autoridades nacionales y locales a tomar medidas donde sea necesario. De hecho, la actual legislación de la UE se lo permite", dijo la presidenta de la Comisión".

Sea cual sea la participación en la recogida de datos que termina este viernes y las conclusiones que la Comisión extraiga de ellos, Ecologistas en Acción no augura grandes cambios en el régimen de protección de lobo en España.

Por una parte, porque esta organización calcula que si Bruselas se decide a presentar una propuesta para reformar la directiva Hábitats, esto es algo que llevaría años y que además debería superar la "división muy fuerte"en la UE sobre la protección de esta especie, como uno de los elementos de una 'guerra' todavía mayor, entre quienes quieren continuar impulsando el Pacto Verde y quienes quieren frenar o incluso retroceder.

Por otra parte, Ecologistas en Acción recuerda que la obligación de los países es cumplir con la ley europea como un mínimo, pero que si lo desean pueden ir más allá, de modo que. por lo que respecta al lobo, podría mantenerlo en el LESPRE.