El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la ley de casa de Castilla y León que permite cazar lobos en su territorio, a pesar de que desde septiembre de 2021 una norma de carácter estatal lo prohibió en todo el país. Con este fallo, da la razón al Gobierno, que recurrió la norma castellanoleonesa amparándose en que había otra de orden superior.

Según la sentencia dictada este miércoles, el Tribunal declara inconstitucional la ley de caza de Castilla y León por los artículos en los que reconoce que el lobo es una especie cinegética y permite su caza cuando se tenga la autorización administrativa correspondiente. Esta disposición contraviene la Orden Ministerial que dictó en septiembre de 2021 el Ministerio de Transición Ecológica para prohibir la caza del lobo no solo al sur del río Duero, donde ya lo estaba, sino también al norte de él, lo que puso en pie de guerra no solo a Castilla y León, también a otras comunidades del norte de España como Galicia, Asturias, Cantabria o Navarra, que consideran que el lobo perjudica seriamente a sus ganaderos y piden poder cazarlo.

Sin entrar en el fondo de la cuestión, porque no es su cometido, el Constitucional a la razón al departamento de Teresa Ribera, que planteó un conflicto de competencias por considerar que la ley autonómica era contraria a una norma de mayor rango, de carácter estatal. 

Y así lo afirma en su sentencia el Constitucional. "Los preceptos impugnados vulneran el orden constitucional de distribución de competencias porque rebajan el nivel de protección medioambiental que para el lobo deriva de su incursión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE)" tal y como aparecía en la Orden Ministerial de septiembre de 20201. Desde su entrada en vigor, el Constitucional considera que de esta protección "resulta aplicable a las poblaciones de lobo situadas al norte del Duero" un precepto que "prohíbe cualquier actuación hecha con el propósito de dar muerte, capturar, perseguir o molestar a los ejemplares de las especies, subespecies o poblaciones incluidas en el LESRPE" y, entre ellas, también el lobo.

La sentencia rechaza las alegaciones de Castilla y León, que reconoció que existía una contradicción entre lo que dictaba la norma estatal y la suya con respecto a la caza del lobo pero indicaban que la Orden Ministerial que lo prohibía hay varios recursos -de la propia Junta o de Cantabria- ante la Audiencia Nacional.

El Constitucional ha rechazado estos motivos y ha declarado inconstitucional la ley de caza en una sentencia que, sin embargo, ha contado con el voto particular conjunto de dos magistrados, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel -ambos muy vinculados al PP-, que consideran que la Orden Ministerial que prevalecerá no puede considerarse una ley básica y, por tanto, "no puede ser utilizada como parámetro de enjuiciamiento de la ley autonómica".

Por el contrario, la mayoría de los magistrados han considerado que la Orden Ministerial, como desarrolladora de una ley básica, puede ser también considerada como tal. 

Contencioso 'lobero'

El recurso de competencias que presentó Ribera contra la ley de caza de Castilla y León es uno de los contenciosos que la vicepresidenta tercera tiene abiertos con las comunidades del norte de España, que en algunos casos se sigue en la Audiencia Nacional, por su decisión de prohibir la caza del lobo, que ha soliviantado también a comunidades del PSOE.

Una de ellas, Asturias, está haciendo un papel de mediador entre Transición Ecológica y las autonomías "loberas" para que Ribera "flexibilice" el reglamento que va a desarrollar la Orden Ministerial que ahora ha sido respaldad por el Tribunal Constitucional.

Tal y como dijo el presidente asturiano, Adrián Barbón, tras reunirse con Ribera a finales de junio, el primer borrador no ha gustado nada a las comunidades loberas, porque hace muy difícil poder dar muerte al lobo.