España quiere que el catalán, el gallego y el euskera sean lenguas oficiales de la Unión Europea. Pero el querer y el poder no siempre van de la mano, y el Gobierno -en funciones- está empezando a darse cuenta de que esa máxima aplica en este tema. Los 27 se reúnen este martes en un Consejo de Asuntos Generales (CAG) que tiene que servir para, de momento, tantear cómo están acogiendo la propuesta el resto de Estados miembros, aunque ya es conocido el veto de Suecia: Estocolmo tiene "dudas" y prefiere darse un tiempo para estudiar la idea. Mientras, el uso del catalán, el euskera y el gallego sí será una realidad en el Congreso, que celebrará su primer Pleno plurilingüe y, por tanto, estrenará intérpretes y pinganillos.

Fue condición de los grupos independentistas catalanes para que la socialista Francina Armengol fuera elegida presidenta del Congreso y se ha hecho realidad en pocas semanas. Y será precisamente en el Pleno que discutirá la reforma del Reglamento de la Cámara Baja para blindar el uso de estas lenguas cooficiales en todos los debates parlamentarios cuando se escuchen ya los cuatro idiomas. Una reforma que tiene la oposición frontal de PP y Vox, que no ven lógico utilizar pinganillos entre diputados que pueden comunicarse en la lengua común, el castellano.

En concreto, el Congreso pondrá a disposición de los 350 diputados, así como de sus trabajadores, de los periodistas parlamentarios y del público asistente a las sesiones, un total de 650 auriculares de un solo oído, a través de los cuáles se podrá escuchar el servicio de traducción simultánea a los diputados que decidan intervenir en una lengua diferente al castellano. El Congreso aprovechará 200 auriculares que ya tenía comprados y los otros 450 ya han sido adquiridos en los últimos días. El coste total de esta compra asciende a 7.600 euros.

Esa cantidad se pagará de una sola vez y no tendrá que volver a abonarse, ya que los auriculares pasarán a ser propiedad del Congreso. Por el contrario, el sistema técnico para recibir la traducción —los transmisores, conocidos en el argot como petacas, el cableado, etc.— se alquilará de aquí a final de año, con vistas a, ya en 2024, hacer una compra para establecer un sistema definitivo. Durante los últimos tres meses del año, el coste de alquilar estos sistemas será de 45.900 euros, una cuantía que incluye el servicio de mantenimiento y sustitución del material en caso de avería.

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El Congreso, por el contrario, no detalla cuál será el coste que supondrá la contratación de intérpretes durante los próximos tres meses para llevar a cabo la traducción hasta que se ponga en marcha el sistema definitivo. Hasta final de año, 12 intérpretes homologados serán los que trabajen en el Congreso, aunque no todos a la vez: se llamará a unos o a otros en función de la sesión. Estos intérpretes, autónomos, cobrarán su trabajo por horas.

En la UE, en cambio, el asunto no va a ser un camino de rosas para las intenciones de España y la propuesta tiene implicaciones no solo a nivel de la Unión -técnicas incluidas, pero también económicas- sino que afecta directamente al devenir político del país, con una investidura pendiente y unas negociaciones en marcha. ¿Cuáles son las claves por tanto antes del CAG?

¿Qué se espera del Consejo?

No demasiado. Ahora mismo los países miembros optan por ganar tiempo en tanto en cuanto la propuesta está en sus primeros pasos. España quiere, como poco, activar el debate, pero de la reunión no va a salir una decisión definitiva. Sí servirá para ver cuántos apoyos ha recabado el Gobierno y, sobre todo, para tener en cuenta a los Estados miembros a los que no les convence la idea. De momento los únicos que se han posicionado abiertamente en contra -o al menos ha mostrado reticencias de manera explícita- han sido Suecia y Finlandia, pero las fuentes consultadas por 20minutos aseguran que casi la mitad de socios tienen "dudas" sobre el asunto.

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¿Por qué Suecia y Finlandia vetan la propuesta?

Estocolmo ha frenado la propuesta de Pedro Sánchez porque, dice, está "indeciso" sobre las implicaciones que pueda tener. Suecia quiere examinar "más a fondo" cuáles son las consecuencias "legales y financieras de la propuesta", que requiere unanimidad en el Consejo. O votan todos los Estados miembros a favor, o no hay opción. "Hay muchas lenguas minoritarias que no son oficiales dentro de la UE", recalcan desde el Ejecutivo que lidera el conservador Ulf Kristersson. 

Más o menos lo mismo apuntan desde Finlandia. "Hay 24 lenguas oficiales en la UE. Aumentar el número de lenguas oficiales y de trabajo incrementaría la carga financiera y administrativa. Probablemente, también ralentizaría la toma de decisiones en la UE y retrasaría la entrada en vigor de regulaciones", señala el texto emitido desde Helsinki. No se trata por tanto de un veto per se desde el punto de vista lingüístico, sino más bien de un bloqueo hasta saber el coste real de la medida.

¿Qué dicen el resto de Estados miembros?

No demasiado. En la mayoría de capitales hay cautela o, directamente, silencio. Francia e Italia son susceptibles también de veto porque tienen situaciones parecidas en algunas de sus regiones mientras que otros países miembros como Alemania o Países Bajos, así como Dinamarca, la precaución residiría en los mismos motivos que aducen Finlandia y Suecia. El escenario actual emite el mensaje de que el debate irá para largo y, por supuesto, trascenderá de la presidencia española del Consejo, que acaba el próximos mes de diciembre.

¿Hay vías alternativas?

Sí, un paso intermedio pero que solo implicaría al Parlamento Europeo. Ya en 2022 el Gobierno envió una carta para que estas tres lenguas fueran de uso —aunque no oficiales— en la Eurocámara. Esta segunda fórmula es la que PSOE y Sumar han impulsado en el Congreso para que, a partir del martes, los diputados españoles puedan intervenir ya en catalán, gallego o euskera, pero también en asturiano, aragonés o aranés. Eso sí, si el tema se lleva a escala de los 27 y sale adelante, el Parlamento tendría que aplicarlas sin ningún giro más. El último precedente es el gaélico, que dio ese primer paso en la Eurocámara para luego convertirse en idioma oficial de la UE, que cuenta con 24.

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"No debería haber grandes escollos, y se está trabajando en dos esferas; a nivel del Consejo y a nivel del Parlamento Europeo, en este último caso desde hace meses además", recuerdan fuentes consultadas por 20minutos que prefieren esperar a ver cómo se desarrolla el debate entre los Estados miembros. La vertiente de la Eurocámara ya se exploró en 2005 durante el Ejecutivo de Zapatero con una petición parecida para la firma de convenios. Entonces no hubo acuerdo, pero sí se logró que las instituciones pudieran dirigirse a los ciudadanos en gallego, catalán y euskera, gracias entonces al voto de calidad de Josep Borrell, que era el presidente del Parlamento Europeo.

¿Cómo afecta a la posible investidura de Sánchez?

De momento desde Cataluña las voces independentistas -entre ellas la de Pep Guardiola- han iniciado una campaña para que se levanten los vetos a la medida, pero es que además desde el entorno del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ya van deslizando la idea de que si la propuesta lingüística no sale adelante, el apoyo de Junts a la investidura de Pedro Sánchez quedaría descartado. El debate, como las negociaciones, está en los primeros pasos, y solo el tiempo dirá si ambas cosas toman carrerilla.