El colectivo ‘trans’ pedirá a la Fiscalía que revoque la concesión del cambio de género de un maltratador condenado a cárcel que se ha inscrito en el Registro Civil de Sevilla como mujer, en virtud de la vigente ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y garantía de los derechos LGTBI, solicitando después ser indultado de sus penas al considerarse una persona "nueva", extremo ante el cual las víctimas, con las que ha podido hablar 20minutos, han mostrado también su indignación y pedirán el "ingreso inmediato en prisión" del condenado, ante este "fraude" con el que se ralentiza aún más el proceso.

Así, la presidenta de la Federación de Plataformas Trans, Mar Cambrollé, ha asegurado a este medio que se reunirá el lunes 25 de septiembre con el fiscal de sala, Miguel Ángel Aguilar, para que actúe de oficio en este asunto al considerar que el agresor ha incurrido en un posible "fraude de ley" con el perjuicio que conlleva para las personas trans, que se sienten "perseguidas" y para la ley en sí, que la "estigmatiza". 

"Me parece aberrante este tipo de comportamiento", destaca Cambrollé, que aduce además que la norma está blindada para que no pueda ser usada de manera fraudulenta: "la ley no es un subterfugio para eludir una pena" y recuerda que en su artículo 46.3 dice que no se puede "eludir la responsabilidad de un acto de violencia cometido con anterioridad al cambio de nombre y sexo". Del mismo modo, la activista trans ha explicado a este periódico que si el condenado entrase en prisión lo haría en una cárcel de hombres, "no va a variar su cambio a posteriori, se tiene en cuenta el momento en el que se comete el acto criminal y si lo ha cometido como un hombre, vas a pagar como un hombre", concluye.

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A este respecto, fuentes del Ministerio de Justicia han asegurado a 20minutos que aún no les consta dicha solicitud de indulto y en cualquier caso remiten también al mencionado artículo 46.3 de la ley 'trans' que exactamente reza así: "la rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nombre, no alterarán el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio registral, fuera aplicable a la persona a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Por ende, el Gobierno no podría exonerar de una pena en base a un cambio de sexo, y hasta la fecha no existen precedentes, bajo este Ejecutivo, que se haya concedido un indulto en casos relacionados con violencia de género, explican a este medio desde el Ministerio.

Las víctimas pedirán el ingreso inmediato en prisión

Por su parte, la abogada de las víctimas, María José Atoche, que afirma tener el certificado de concesión del cambio de nombre en el Registro, explica a este medio que el agresor justifica que cometió los delitos porque "estaba atrapado en el cuerpo de un hombre" y "tenía un trauma", alegando que se considera "una persona nueva" y "ha comprendido el daño que ha hecho", al tiempo que puntualiza que "eso no significa que se le vaya a eximir del delito" por haber cambiado de género, si bien podría haber cometido "un fraude de ley", pero tendrá que ser un juez el que dirima si ha hecho o no una "utilización torticera" de la norma para obtener un beneficio penitenciario.

Condenado a cuatro años y tres meses de prisión

Mientras tanto, el proceso se alarga y el agresor continúa en libertad. Es su último cartucho para evitar la cárcel. Está condenado a cuatro años y tres meses de prisión por delitos de violencia doméstica y de género a dos mujeres. En julio de 2019, el Juzgado de lo Penal número siete de Sevilla condenaba a Antonio Luis B.R. por violencia doméstica y de género, maltrato habitual, un delito de violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato; un delito de violencia doméstica y de género y coacciones y un delito de quebrantamiento de medida cautelar, con la eximente incompleta de anomalía o alteración psíquica.

Ya en marzo de 2022, el Juzgado de lo Penal número dos le condenó además a cuatro años de cárcel y diferentes multas por un delito de malos tratos físicos y psíquicos habituales con la atenuante de alteración psíquica, seis delitos de malos tratos físicos, un delito de coacciones en el ámbito familiar, un delito de daños, un delito leve de daños y un delito más de quebrantamiento de medida cautelar.

Posteriormente, en octubre de 2022, la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla estimó parcialmente su recurso de apelación contra dicha última condena, reduciendo sus penas de cárcel a tres años y cuatro meses. Su último paso ha sido el recurso ante el Gobierno central que amparándose en su nueva identidad de mujer.

"Sigue maltratándonos"

Un hecho que las víctimas califican de "surrealista", puesto que lo consideran una persona "machista, sexista y homófobo". Una de ellas, Elena -nombre ficticio-, lo describe a este medio como "todo lo contrario a lo que es un mujer", de hecho, opina que la elección del nombre no es arbitraria. Ahora se llama "Milán" que es "ambiguo", pues puede designar tanto a hombres como mujeres. "Sentimos resignación, dolor y bochorno", comenta la víctima a este periódico. 

"Yo ya veía el fin, creía que veía la luz del túnel y otra vez de nuevo se vuelve a apagar", lamenta Elena. "Sigue maltratándonos, sigue enlenteciendo el proceso, intentando hacernos daño", prosigue la víctima que confía en que "no se le conceda el indulto y que entre en prisión" al tiempo que añade que "no puede estar en la calle, es una persona peligrosa". Ambas denunciantes sienten "miedo" a represalias y que "él pueda cometer algún delito" contra ellas mientras esté en la calle: "mientras él esté libre, la presa soy yo", destaca la agredida.

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Cuenta a este periódico que con ella mantuvo una relación de año y medio. Se conocieron en las redes sociales y empezaron a salir en verano de 2017. "Al principio era una persona normal, era una relación idílica y poco a poco, de forma sutil, me iba diciendo lo que no quería que me pusiera, con quién no quería que me juntase o que no saliera con amigos gays", porque es una persona "homófoba, clasista, racista, sexista", reitera y añade que es un "fanático".  la relación "era normal hasta que me propina la primera bofetada, la primera paliza, la primera agresión sexual", relata Elena a este medio. 

"Llega un punto en el que no podía salir de ahí, no me dejaba, amenazaba con todo lo que me dolía, la familia, animales de compañía, e incluso con presentarse en el trabajo". Ante esta situación continuaba con él, porque asegura que "prefería que me hiciera el daño a mí a que se lo hiciera a cualquier persona de mi entorno", hasta que por fin logró salir de ahí "cuando conocí a Patricia y denunciamos conjuntamente".

20minutos

Patricia es la otra víctima. Ambas se conocieron a través de él, pues, según cuenta Elena a 20minutos, el agresor le habló de una nueva novia que había conocido y "a escondidas" se pusieron en contacto. Patricia conoció a Antonio en una salón de baile. Y paradójicamente "dejar de bailar fue lo primero que él me obligó a hacer", afirma. Estuvieron cuatro meses saliendo y recuerda que uno de los peores episodios que vivió con más miedo fue cuando él "me encerró en una habitación, me obligó a arrodillarse y él comenzó a fustigarse". Decía que lo hacía para no pegarme a mi", prosigue. Pero pronto llegó la primera agresión física: "un puñetazo en la cara".

Con el rostro ensangrentado llamó a su hermana que fue quien puso la primera denuncia. "Intentaba que tuviéramos accidentes de tráfico y con el simple hecho de mirarme sabía que había hecho algo mal", relata Patricia a este medio. "Yo he sido víctima directa pero hay unas víctimas indirectas que son mi familia, a mi padre le he quitado años de vida", abunda. "En esos momentos no sabía muy bien como gestionar la situación" hasta que denunció. Patricia tiene una orden de alejamiento y además un dispositivo de localización que salta si el agresor se encuentra a menos de 500 metros. Él ya ha estado ocho meses en prisión por incumplimiento de la misma. 

Pero Elena, pese a contar con una orden cautelar, no cuenta con esta protección que le advertiría si él se encuentra cerca. Por lo que el paso que él ha dado ahora les parece "indignante". Patricia asegura sentir "vergüenza que haya una ley que permita que seres como estos, con el simple hecho de decir me siento mujer, se le conceda en el registro civil". Un hecho que considera "incongruente". Lo define como un ser "racista, machista, cruel, una persona impulsiva, agresiva" pero sobre todo "es un psicópata, no sabes como va a reaccionar ni porqué".

No son las únicas que lo describen así. Este medio ha tenido acceso a comentarios de clientes y trabajadores de la empresa de seguridad para la que trabaja, que lo definen como "muy peligroso" y un "ser muy conocido por la Policía Nacional al tener varias denuncias puestas por violencia de género y peleas de todo tipo".