El Ministerio de Igualdad en funciones se reunirá este lunes con las comunidades autónomas para analizar qué pudo fallar a la hora de proteger a las ocho mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en el pasado mes de agosto. El departamento que dirige Irene Montero convocó el viernes el llamado comité de crisis, creado hace menos de un año para evaluar los errores del sistema cada vez que se da una "concentración" de feminicidios (cinco o más asesinatos al mes). 

Será el quinto comité activado desde su creación y el segundo en este verano, que es ya el más trágico de los últimos cinco años. Cuatro asesinadas en junio, ocho en julio y otras ocho en agosto —a falta de un caso por confirmar— hacen de estos tres meses uno de los peores periodos estivales de las últimas décadas, con 20 crímenes machistas. Es decir, que la mitad de los asesinatos de este año se han cometido durante el verano. 

En total, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 40 en 2023 —diez más que la cifra confirmada el año pasado para estas fechas— y a 1.224 desde 2003, cuando comenzaron a contabilizarse en las estadísticas oficiales. El 20% de las víctimas había denunciado a su agresor previamente, tres de ellas tenían medidas de protección en vigor cuando fueron asesinadas, y a dos se las habían levantado por caducar el periodo de vigencia. Estos crímenes dejan 45 huérfanos menores de edad en lo que llevamos de año; 422 desde 2013.

Analizar caso por caso 

Así, responsables de Igualdad, del Ministerio de Justicia en funciones, de la Fiscalía y de las distintas autonomías analizarán caso por caso, y valorarán posibles medidas para mejorar esa respuesta institucional a la hora de proteger a las víctimas y evitar que la violencia de género llegue a su final más fatídico: el asesinato. 

"Hay muchos aspectos que permiten algo de mejora, y sobre todo mejora en la coordinación", reconoció este jueves la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, en una entrevista para RNE. Según explicó, a lo largo de esta legislatura han estado "muy empeñadas" en ampliar la información de forma preventiva a través de VioGén —el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género—, para que pueda recoger datos "sociales" y "civiles"; y no se limite únicamente a recopilar los criminales. "Otras administraciones aportan una información muy valiosa, incluso por ejemplo de cambio de domicilio, de cambio de trabajo, de cuestiones de régimen de visitas...", defendió. 

El objetivo no es otro que fortalecer la protección de las mujeres que están en mayor riesgo de sufrir violencia y dotarles de las herramientas y recursos suficientes —ayudas económicas, asesoramiento jurídico, asistencia psicológica, etc.— para que puedan dar el paso de denunciar a sus agresores. "Porque las mujeres no solo no denuncian en falso, sino que minimizan la violencia, y hay que ayudarlas también a detectarla y a salir de ella", argumentó Rosell. 

En esa línea trabajan los expertos que se reúnen en estos comités extraordinarios. Como ya han hecho en otras cuatro ocasiones, analizarán cada caso para ver qué podría haberse hecho mejor a la hora de prevenir el feminicidio. En el de mayo, por ejemplo, propusieron endurecer los exámenes previos a la concesión de las licencias de armas y evitar que los denunciados por violencia de género tengan acceso a las mismas, tras constatar que varios asesinatos se habían producido con armas de fuego. Se habló también de informar a las mujeres de los antecedentes penales de sus agresores, o de equiparar la cuantía de las ayudas económicas a las de las víctimas por terrorismo. 

Ocho crímenes confirmados en agosto