Los ecologistas estudian recurrir el fallo del Supremo del juicio climático: "Nos perjudica a todas, generaciones futuras incluidas"

"No beneficia a nadie, y desde luego nos perjudica a todas, generaciones futuras incluidas". Así se manifiestan las entidades ecologistas horas después de recibir el varapalo del Tribunal Supremo (TS) en el llamado "juicio climático" español, un fallo que desestima dos recursos presentados por varias organizaciones sociales contra el Gobierno ante la "falta de ambición en la lucha contra el cambio climático"  del plan de reducción de emisiones de CO2 por ser inferiores a las marcadas por el Acuerdo de París.

Greenpeace, Ecologistas en Acción-CODA, Oxfam Intermón y la Coordinadora de ONG el desarrollo, de hecho, estudian en estos momentos la viabilidad de un nuevo recurso porque no comparten la interpretación de Supremo. Consideran que ha sido una decisión a la ligera que se aparta de las conclusiones de otros tribunales europeos.

En declaraciones a 20minutos, el abogado ambientalista Jaime Doreste, participante junto con Lorena Ruiz-Huerta en la dirección letrada del Juicio por el Clima, ha asegurado que la decisión del Supremo de no meterse en la acción del Gobierno "es una oportunidad perdida en la lucha contra el cambio climático", pero ha insistido en que seguirán dando la batalla, y ya estudian si es factible la formulación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, e incluso llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre la base de que una "insuficiente acción climática compromete derechos fundamentales de las generaciones presentes y futuras".

El Supremo da la razón al Gobierno por su decisión de fijar para 2030 una reducción de emisiones de CO2 inferior al Acuerdo de París

Los ecologistas no comparten, "desde el respeto a la Sala", ni su interpretación del marco europeo del clima como un techo a la acción climática de los Estados ni su concepción estricta del principio de separación de poderes que vetaría que el Tribunal Supremo revisara la suficiencia de la actuación del gobierno. 

Pero sobre todo no entienden "el desprecio a la corriente jurisprudencial articulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el deber de una debida diligencia de los estados para la garantía de los derechos humanos ante riesgos ambientales que Tribunales Supremos y Constitucionales europeos han extendido a la lucha contra el cambio climático", ha agregado.

Una decisión a contracorriente

De hecho, hay sentencias previas en Francia o Países Bajos que sí condenaron la acción insuficiente de los Estados en la lucha climática. Y a a tal jurisprudencia se aferraban las ONG españolas. 

"El TS se ha mostrado explícitamente impermeable a los fallos de tribunales europeos e internacionales en los litigios climáticos", ha lamentdoa Doreste. para quien "el Supremo no ha estado a la altura del reto y la emergencia climática, sino que además ha sentado un peligroso precedente", ha considerado.

Los ecologistas creen, además, que el hecho de que el Gobierno haya revisado el objetivo de reducción de emisiones para 2030 que se estableció en un 23% respecto de 1990 les da la razón, en que "era muy insuficiente, sobre todo porque dejaba el grueso de los esfuerzos para alcanzar la neutralidad climática a 2050 para los últimos años".  Ahora el que el departamento de Teresa Ribera planee incrementar el objetivo de mitigación hasta el 32%, les confirma que "sí que había alternativas y era y es posible incrementar la ambición climática como país".