El Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Vivienda, con la oposición de los tres consejeros del PSE-EE, al considerar que invade competencias autonómicas porque regula aspectos que a pesar de no estar incluidos en la legislación de Euskadi sí son competencia de la comunidad autónoma.

El Consejo de Gobierno Vasco ha aprobado este miércoles la interposición de este recurso de inconstitucionalidad contra esta ley orgánica. En base al informe elaborado por los servicios jurídicos del Ejecutivo, quiere recurrir siete artículos de la ley estatal, una disposición transitoria, una disposición adicional y dos disposiciones finales.

Los socios del Ejecutivo autonómico, PNV y PSE-EE han mantenido sus discrepancias en torno a esta ley, que fue rechazada en las Cortes Generales por el partido de Andonio Ortuzar, diferencias que se han trasladado este miércoles al Consejo de Gobierno, donde los tres consejeros del PSE-EE, han mostrado su disconformidad con este recurso.

Fuentes del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, dirigido por el socialista Iñaki Arriola, han explicado a Efe que los tres consejeros del PSE-EE han mostrado su desacuerdo con el informe jurídico al considerar que la ley española "es una oportunidad para Euskadi porque no impone, sino que amplía derechos".

En este sentido, insisten en que la norma faculta a las autonomías para adoptar medidas para las que no tienen competencias y permite que dispongan de todas las herramientas posibles y útiles para afrontar el acceso a una vivienda asequible, camino que recuerdan que el País Vasco emprendió "hace tiempo".

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Llamamiento al diálogo

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha explicado que el recurso se ha decidido en base al informe de los servicios jurídicos de la institución, informe que, según ha recordado, tiene su origen en la aprobación por parte del Parlamento Vasco a principios de mayo de una iniciativa suscrita por PNV y PSE-EE.

El portavoz ha hecho un llamamiento al Gobierno central para tratar de encauzar esta cuestión en la comisión bilateral de cooperación para tratar de acercar posturas y llegar a un acuerdo que evite el recurso.

Zupiria ha explicado que los argumentos recogidos en el informe jurídico que incide en que la norma "ocupa" el espacio con el que cuenta la administración vasca "para poder desarrollar políticas propias en materia de vivienda", lo que genera "inseguridad jurídica sobre la normativa a aplicar".

"Se trata de la imposición a Euskadi de ciertas medidas y medios para llevarlas a cabo en aspectos de materia de vivienda que son competencia exclusiva de esta comunidad autónoma", considera el Gobierno Vasco, que insiste en que "el Estado pretende ser el único poder público que defina la función social de la vivienda", así como "regular en profundidad las acciones públicas promotoras de vivienda y la política pública de acceso a la misma".

Estas circunstancias relegan a la Comunidad Autónoma Vasca a "ser mera ejecutora" porque su competencia normativa en esta materia "queda vaciada completamente".

Ley vasca de vivienda

Asimismo, el informe jurídico señala que "en gran medida" el contenido de la ley se encuentra recogido y "bien regulado" con carácter previo en Euskadi a través de la ley vasca de 2015, que tal y como recuerda, fue validada por el Tribunal Constitucional.

En concreto, el informe señala que la norma estatal establece reservas de suelo destinadas a vivienda protegida en un alto porcentaje, lo que "vulnera la jurisprudencia constitucional al respecto", al tiempo que introduce "contradicciones" en cuanto al destino necesario del patrimonio público del suelo, lo que "limita la capacidad de decisión de Euskadi en políticas de su competencia exclusiva".

En cuanto a la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, la regulación del Estado "ocupa el espacio que ha de llenar el desarrollo de la normativa vasca", lo que "cierra la posibilidad de tal desarrollo".

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Estrategia recentralizadora

Por todo ello, el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno del Ejecutivo vasco entiende que "el Estado está negando la posibilidad a la sociedad vasca de ser, a través de sus representantes elegidos democráticamente, dueña de su propio modelo en política de vivienda".

"De manera deliberada y con una estrategia recentralizadora se está obviando que en el Estado existen realidades diferentes y gestiones muy diferenciadas en este ámbito en concreto, ya que Euskadi es la comunidad autónoma que más VPO ha construido, solo por detrás de Andalucía, comunidad que cuadriplica nuestra población", denuncia este departamento.

En definitiva, el Gobierno de Iñigo Urkullu defiende la capacidad de la ciudadanía vasca para "establecer su propio camino en aquello que tiene reconocido por ley y sin injerencias" y subraya la necesidad de "proteger el espacio reconocido al Departamento vasco de Planificación Territorial, Vivienda y Transporte", para definir y materializar las políticas de vivienda en base a las necesidades del País Vasco.