El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una reforma del sistema de dependencia que recoge una subida de las prestaciones y una ampliación de las horas de asistencia a domicilio. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra, forma parte del Plan de Choque acordado por los socios del Gobierno en 2021 para revertir lo recortes de 2012 y beneficiará a unas 750.000 personas.

Se modifica así el decreto 1051/2013 para aumentar los tres tipos de prestaciones económicas en dependencia reconocidos en España: las de cuidados en el entorno familiar, las vinculadas al servicio y las de asistencia personal. 

Las de cuidados a familiares son las que más ven aumentada su cuantía, con un incremento del 17,6% respecto a la cantidad que se concede ahora mismo. Concretamente, las 540.000 personas que actualmente perciben esa ayuda notarán un aumento según el grado de dependencia: de 153 euros al mes a 180 para los del grado I; de 268,9 a 315,9 euros mensuales para los del grado II; y de 387,6 a 455,4 euros para los del grado III. 

Cuántos grados hay y a qué prestaciones y servicios dan derecho

Las vinculadas al servicio se incrementan de forma general un 4,5%, y además se equipara la cuantía máxima del grado II a la del grado III (747,25 euros mensuales), en el caso de la atención residencial; y la del grado I a la del grado II (445,3 euros), para las prestaciones económicas vinculadas al servicio de centro de día. Una equiparación que, según explican desde Derechos Sociales, se debe a que los precios de dichos servicios "son iguales o muy similares con independencia del grado que presente la persona en situación de dependencia". Casi 200.000 personas que verán incrementadas sus prestaciones por esta medida.

En cuanto a las ayudas para asistencia personal, que afectan a casi 10.000 personas, suben también un 4,5%, pero la cuantía del grado II se iguala al grado III, por la misma razón que se mantiene la equivalencia en las otras prestaciones. De este modo, se pasará de los 300 euros mensuales a los 313,5 para el grado I; y de los 426,1 y los 715 euros a los 747,25 euros mensuales para los grados II y III, respectivamente. 

Se establece un mínimo por primera vez

La reforma fija también, y por primera vez, unas cantidades mínimas de las prestaciones por dependencia que hasta ahora no estaban contempladas en la ley. Algo que, según apuntan desde el departamento de Belarra, reducía mucho la cuantía final al aplicar las reducciones de cada normativa autonómica, llegando algunas ayudas a ser "cercanas a los cero euros". 

El objetivo es que no haya ninguna persona que cobre menos de 100 euros al mes, partiendo de la base de que actualmente más de 60.000 personas no llegan a ese umbral y cerca de la mitad percibe menos de 50 euros mensuales. 

Tanto la subida de las cuantías máximas como de las mínimas será efectiva al mes siguiente después de que la reforma entre en vigor, esto es, el próximo 1 de agosto.

Más ayuda a domicilio

Otro de los cambios que contempla la reforma es una ampliación de las horas de la ayuda a domicilio que, en un principio, solo afectará a los casos que se incorporen al sistema después de que entre en vigor el nuevo decreto. Son en torno a 30.000 personas de aquí a finales de año, según estimaciones del Gobierno, que establece las siguientes intensidades horarias: de un máximo de 20 horas a un intervalo de entre 20 y 37 horas para el grado I; de 21-45 horas, a 38-64 horas para el grado II; y de 46-70 horas a 65-94 para el grado III. 

No se aplicará a los que ya están recibiendo este servicio, pues se trata de una ampliación progresiva que, según el Ejecutivo, responde a la complejidad de la ayuda a domicilio, que en la mayoría de ocasiones recae en entidades locales, con diferentes contratos. "No resultaría conveniente entonces realizar un incremento automático de horas de prestación del servicio en los casos actualmente atendidos, ya que podría existir imposibilidad de provisión", alegan en Derechos Sociales.  

Así, para los casos que ya estaban en el Programa Individual de Atención del Servicio de Ayuda a Domicilio (PIA de SAD) antes de la entrada en vigor de la reforma, se plantea mantener el número de horas, salvo que se revise el caso y siempre que la persona dependiente esté conforme, "de manera que en ningún caso se obligue a disponer de más horas del SAD si la persona no lo desea".

Flexibilidad por cuidado familiar

La iniciativa introduce también otra serie de cambios y flexibiliza el acceso a las ayudas para cuidados en el entorno familiar, de modo que se puedan solicitar también cuando la persona cuidadora no sea un familiar directo, que es algo que suele suceder habitualmente en las zonas rurales. Por otro lado, si las comunidades autónomas deciden ampliar dicha prestación y esta lleva vinculada una contratación de trabajadoras de servicio doméstico, esta ayuda podría pasar a considerarse como "servicio", de tal modo que no se penalice a las autonomías a la hora de recibir fondos por persona atendida. 

Finalmente, el decreto prohibirá que se pueda prestar teleasistencia con carácter de único servicio a personas con grado I de dependencia, para evitar resolver dichos expedientes con teleasistencias de bajo coste. 

Todos estos cambios se financiarán a través del incremento de la inversión estatal en dependencia que ha pasado de los 1.380 millones en 2020 a los 3.300 en 2023, después de que el PSOE y Unidas Podemos aprobaran los primeros presupuestos del Gobierno de coalición y se aprobase Plan de Choque en Dependencia que implicó una inyección de 600 millones de euros adicionales cada año entre 2021 y 2023. La reforma que finalmente ratifica este martes el Consejo de Ministros se pactó también con las comunidades autónomas en un Consejo Territorial de diciembre de 2022.