Una veintena de organizaciones sociales contra la pobreza energética ha iniciado este lunes una ronda de contactos con los partidos políticos para reclamar que el Gobierno que salga de las urnas en las elecciones del 23 de julio se comprometa a prolongar indefinidamente la prohibición temporal que existe en estos momentos para cortar la luz y el gas a hogares vulnerables que no puedan pagar las facturas, así como un plan que también implique a las grandes compañías energéticas para aliviar la deuda que las familias que se han acogido a la moratoria actual han generado desde que se creo por la Covid, en 2020.

Convertir en estructural e incluir en la ley la moratoria actual para que no haya cortes de luz y de gas y un "plan" sobre la deuda que han contraído las familias acogidas a ellas son dos de los cinco puntos que 21 organizaciones sociales hicieron llegar la semana pasada a los partidos que se presentan a las elecciones y que a lo largo de la semana explicitarán en reuniones físicas con las formaciones. Este lunes, se encontrarán con representantes del PSOE, del PP y de Sumar y también tienen previsto hacerlo con Bildu, ERC, la CUP o Coalición Canaria. A quienes no plantearán sus reclamaciones será a Vox, puesto que la organización ha decidido no reunirse "con formaciones que promueven discurso de odio", ha indicado una de sus portavoces, Irene González, de la ong Ingenieros Sin Fronteras, en declaraciones a los medios ante el Congreso antes de empezar la ronda de contactos.

La ola de calor activará este lunes las alertas en más de 30 provincias: estas son las zonas más afectadas

En estos momentos, en España hay una moratoria para que no sea posible cortar el suministro de agua, gas y electricidad a las familias vulnerables que no puedan pagar las facturas. Así se acordó en uno de los primeros decretos de medidas para paliar los efectos de la pandemia, en 2020, y se ha ido prorrogando como consecuencia de la crisis energética, de modo que la prohibición estará vigente hasta enero de 2024. Sin embargo, es una moratoria, un aplazamiento en el pago de las facturas que va generando una deuda que la Alianza no sabe a cuánto asciende ni cómo deberán pagar después estos hogares. Según la ley actual, pueden pedirlo los hogares que cobran el bono social, unos 1,3 millones.

Lo que reclaman al próximo Gobierno es que la prohibición de cortes de luz y gas se convierta en "permanente".

En segundo lugar, "aprobar un plan para poder afrontar las deudas existentes", por parte de hogares que tienen la moratoria, algunos desde hace unos 40 meses. No hablan de "condonar" la deuda, pero sí de "abordarla" para que la obligación de pagarla no derive en una situación de "sobreendeudamiento" porque tengan que pedir préstamos para ello. Quieren que no solo esté implicado el Gobierno, también las empresas energéticas, a las que asegura que la moratoria actual no ha afectado en su cuenta de resultados.

Bono social automático

En tercer lugar, piden que la concesión del bono social de electricidad -y, por tanto, del bono térmico- sea "automático", que se otorgue a los hogares que cumplan los requisitos mediante el cruce de datos y sin que estas tengan que pedir la ayuda, puesto que está demostrado que no lo harán todos los que la necesiten. "Hace años que las organizaciones venimos denunciando las trabas burocráticas para acceder al bono social eléctrico", exponen la Alianza en su carta a los partidos, donde reclaman "automatizar y ampliar el bono eléctrico", porque la potencia sujeta en estos momentos a subvención no es suficiente para un hogar que no utilice gas y solo emplee electricidad.

También para ampliar el alcance del bono social, reclaman que cualquier comercializadora pueda gestionarlo, no solo las cuatro de referencia, que están vinculadas a cuatro compañías que ofrecen sus servicios también en el mercado libre pero que excluyen a otras empresas cuyos clientes no puedan tener consideración de consumidor vulnerable.

En cuarto lugar, instan a los partidos a crear una "tarifa social de electricidad", en el que el precio de la electricidad no esté sujeto a lo que marque el mercado sino "vinculado al coste de la vida y la renta disponible".

Por último, estas organizaciones piden tener una interlocución estable con el Gobierno sobre estas cuestiones.

Ola de calor

Las organizaciones creen que la negociación en la UE de un nuevo mercado de la electricidad, en la que el Parlamento Europeo plantea prohibir los cortes, y el hecho de España desempeñe este semestre la Presidencia del Consejo de la UE son un buen contexto para pedir un compromiso a los partidos que se presentan a las elecciones para que vayan más allá de lo que hay en estos momentos para luchar contra la pobreza energética. 

En España hay registros de sus efectos durante el invierno, cuando "un 17% de los hogares no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada", pero no todavía en verano, en olas de calor como la que empieza este lunes. La Alianza sí tiene constancia de que en el contexto europeo una de cada cuatro familias no puede refrigerar su casa en verano y que España está "a la cola de muchos otros países" por lo que respecta a la venta de refrigeradores.

"La ola de calor que se anuncia puede tener consecuencias graves", ha advertido la portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética, María Campuzano, que ha recordado que en 2022 murieron 4.700 personas por causas asociadas al calor. "Lo que plateamos es con esta ronda de contactos es situar la pobreza energética en la agenda política y que se vea como una prioridad en la próxima legislatura", ha indicado.

De momento, solo el programa electoral de Sumar recoge entre los partidos nacionales alguna de sus reivindicaciones. "Se reformará el bono social eléctrico y térmico para que la solicitud y la renovación sean automáticas", promete la candidatura de Yolanda Díaz.

De manera más imprecisa, el PSOE, propone "reforzar" los bonos sociales térmico y eléctrico y crear la figura del “consumidor electrodependiente” para mejorar su acceso a la energía. 

En esta materia, el PP plantea fundir el bono eléctrico y el térmico en un Bono Social Único (BSU), como "un pago directo al consumidor" que "mejorará" los dos anteriores.