El Gobierno ha reforzado el papel de las comunidades energéticas en la que participan consumidores, industrias y empresas con actividades distintas al sector obligando por ley a que se les garantice un acceso "no discriminatorio" a la red eléctrica como el que tienen otros participantes en el sector y se eliminen los "obstáculos" administrativos que enfrentan para su puesta en marcha, justo en un momento en el que arrecian las sospechas sobre las trabas que las compañías eléctricas ponen al hasta ahora eslabón más débil, los ciudadanos que hacen autoconsumo, que en estos momentos investiga la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Esta salvaguarda figura en el real decreto-ley que aprobó el Consejo de Ministros la semana pasada. Con el pretexto de trasponer una directiva europea sobre las comunidades de energía, el Ministerio de Transición Ecológica aprovechó también para introducir dos nuevos artículos en la ley del Sector Eléctrico que velan por que tanto estos colectivos como otros similares, las comunidades ciudadanas de energía, no tengan que estar "sujetas a condiciones injustificadas o discriminatorias" ni a "procedimientos que les impidan participar".

Estas disposiciones legales coinciden en el tiempo con la investigación que conduce la CNMC sobre las presuntas trabas que algunas compañías eléctricas ponen a empresas y hogares con placas fotovoltaicas para generar electricidad, que hace unos días le llevó incluso a inspeccionar las sedes de Naturgy y Endesa. 

La Alianza por el Autoconsumo -compuesta por 70 organizaciones de defensa del consumidor, ecologistas y empresas de autoconsumo- denuncia que las grandes empresas son la "principal barrera" a la producción doméstica de electricidad, que ha vivido una explosión en los últimos años, pero solo en instalaciones que no precisan conexión a la red o verter excedentes. Cifran en hasta 1.000 puntos de acceso a la red "bloqueados" por los "obstáculos" que ponen estas compañías, en forma de "trámites administrativos e injustificados", "demoras" o "requerimientos desproporcionados e injustificados" para que quien pone placas solares en su hogar o empresa pueda conectarla a la red o verter la electricidad que no consuma.

Pymes, usuarios y administraciones

Es en este contexto en el que el Gobierno aprovechó el decreto-ley de medidas anticrisis para reforzar el papel y las oportunidades dentro del mercado de dos tipos de comunidades energéticas, las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía. Ambas son agrupaciones de particulares, pequeñas administraciones o empresas que se unen para generar electricidad conjuntamente y repartirla en función de su participación en ellas, con la opción también de vender los excedentes.

A diferencia del autoconsumo doméstico, son entes colectivos que el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) define como "entidades jurídicas de participación totalmente voluntaria y abierta en las donde el control efectivo lo ejercen sus miembros, que pueden ser personas físicas, pymes o autoridades locales", que se implican de forma directa en la planificación y puesta en marcha de medidas para implantar "energías renovables en la producción, consumo y/o comercialización de energía eléctrica, térmica (calefacción), mecánica o combustible (biogás), así como en el desarrollo de medidas de eficiencia energética o de movilidad sostenible".

Desde la semana pasada, estas dos figuras quedan definidas y convertidas en ley como trasposición al ordenamiento jurídico español de una directiva europea, para lo que el Ministerio de Transición Ecológica había convocado una consulta pública en la que indicaba que estas comunidades energéticas tendrían "cupos específicos en las subastas" de renovables y se les reservaría capacidad en los nudos de la red eléctrica, aspectos hasta ahora destinados a los grandes productores de electricidad. En el caso de acceso a la red, también al autoconsumo, pero con las dificultades y "trabas" que denuncian los usuarios y en estos momentos investiga la CNMC.

"Teníamos la instalación ejecutada desde noviembre de 2021 y pagada desde diciembre y hubo que esperar unos seis o siete meses para que las empresas estuvieran conectadas y disfrutaran de suministro eléctrico". Así resume Joaquín Ballester, el gerente de la sociedad que gestiona el polígono industrial de Fuente del Jarro, en Paterna, donde hace justo un año cuatro empresas se convirtieron en pioneras al conformar -al menos oficiosamente, porque no llegaron a registrarse como tal- la Comunidad Energética Local Fuente del Jarro, promovida por una gestora de un área industrial.

Estas compañías pusieron a disposición en total seis cubiertas para instalar en ellas placas solares que debían proporcionarles electricidad y, aunque Ballester no quiere hablar de obstáculos y, doce meses después destaca los beneficios sobre aquellos primeros dolores de cabeza, relata un proceso de "luces y sombras" en el que, a la dificultad de convencer a empresas para que entraran en el proyecto -algunas lo hicieron y salieron antes de que diera sus frutos-, se sumó la "desconfianza" al ver que la cosa no avanzaba. Según cuenta, ni la empresa distribuidora ni el propio Ministerio de Industria sabían a ciencia cierta cómo proceder.

"Tardó lo que no está escrito en arrancar porque, en principio, como éramos los primeros que intentaban hacerlo, Iberdrola distribución no tenían claro el operativo y nos costó bastante que la engancharan a red", recuerda Ballester de unos meses en que el precio de la electricidad "estaba a precio de oro" y cada mes no 'engachados' suponía que las empresas participante tenían que pagar la luz más cara. Lo consiguieron hace ahora justo un año y ahora asegura que las empresas "llevan un año contentas". Ahora, esperan poder entrar en un proyecto europeo al que se sumen más empresas y, quizá, hasta el ayuntamiento de Paterna y para lo que, ya sí, se constituirán formalmente en comunidad energética local.

Igual trato 

Para evitar estos principios, se ha enmendado la ley del Sector Eléctrico que, además de definirlas e introducirlas como "sujetos" que desarrollan actividades de suministro de energía eléctrica, crea dos nuevos artículos que inciden en la obligación por parte de administraciones y empresas del sector energético a dar un mismo trato a las comunidades de energías renovables y comunidades ciudadanas de energía.

Indica que participantes y consumidores finales, también los domésticos, que se unan a a una comunidad de energías renovables mantendrán sus derechos de consumidor "sin estar sujetos a condiciones injustificadas o discriminatorias" y reconoce su papel para "producir, consumir, almacenar y vender" energía renovable, a compartirla y a acceder a todos los mercados de energía "de manera no discriminatoria". También insta a las administraciones públicas a "fomentar y facilitar" su desarrollo y a que, por ejemplo, "se eliminen los obstáculos reglamentarios y administrativos injustificado" para comunidades que deberán ser "accesibles" a todos los consumidores.

Por otra parte, la ley indica que cuando estas comunidades vendan parte de la energía que generen, deberán fijarse los "pertinentes cargos, gravámenes e impuestos" como pagan las compañías distribuidoras.