El Gobierno y los sindicatos de funcionarios han constatado este lunes su desacuerdo sobre los puestos de empleo público que deben crearse en 2020, de cara a un real decreto de Oferta Pública de Empleo (OPE) que limita el número de plazas a unas 18.266, entre las de nueva creación y las de promoción interna. Esta cifra contrasta con las más de 43.000 que había reclamado el sindicato mayoritario CSI-F o más de 10.000 solo en plazas de nueva creación que pedía CCOO, que ha rechazado esta cifra y ha denunciado la "posición cerrada" del Ministerio de Política Territorial y Función Pública que ha "imposibilitado" un acercamiento.

La oferta final que les ha trasladado el Ministerio de Política Territorial y Función Pública consiste en 9.270 plazas de nuevo ingreso en la Administración Pública y otras 8.996 para promoción interna. Estas cifras mejoran las que el departamento de Carolina Darias les presentó la semana pasada en cerca de 5.000 puestos de trabajo. Entonces, propuso crear 7.066 nuevos puestos y otros 6.247 de promoción interna.

Fuentes de la negociación han indicado que desde el Ministerio se les ha comunicado que esta cifra, el total de 18.266, es la que figurará en el decreto ley que el Gobierno tiene intención de aprobar antes de que termine el mes. Será previsiblemente en el Consejo de Ministros del martes de la semana que viene, porque fuentes del Ministerio descartan que vaya a ser en la reunión de este martes. También han rehusado hablar de cifras hasta que el decreto esté aprobado.

En todo caso, crear 9.270 plazas de nuevo ingreso y 8.996 para promoción interna está muy alejado de las pretensiones de los sindicatos. Y también de la histórica oferta público de empleo que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez para 2019 justo un mes antes de las elecciones generales del 28 de abril. Entonces, el Gobierno dio luz verde a  33.793 nuevas plazas, un 10% más que en 2018 y la más numerosa desde hacía 11 años.

La oferta pública de empleo que se prepara para 2020 queda lejos de esas cifras y también de lo que pedían los sindicatos de la función pública.

Los sindicatos rechazan el plan

El mayoritario, CSI-F, ha acudido a la reunión de este lunes con una propuesta para que en los próximos tres años el Gobierno incrementara la plantilla de funcionarios con 106.000 nuevos puestos de trabajo que deberían servir, entre otros, para reforzar sectores especialmente tensionados por la crisis de la Covid, como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), actualmente saturado con la gestión de los ERTE por la pandemia; la Seguridad Social, que tramita todas las prestaciones a los autónomos o el Ingreso Mínimo Vital, o la Administración de Justicia, donde se acumulan las causas, más aún, debido al parón durante la primera ola.

También con un "plan adicional" para la Sanidad, para crear casi 300.000 nuevas plazas hasta 2031 y en Educación, donde cuantifica las "necesidades" actuales en 43.393 puestos de trabajo públicos.

Todo lo contrario que persigue CSI-F, cuya propuesta reclama 106.000 nuevas plazas en los tres próximos tres años, tras evaluar la situación de la Administración Pública y concluir que en los 10 últimos años "se han destruido" 100.916 empleos públicos. Por eso, ha presentado un "Plan Estratégico de Recursos Humanos"  para crear en tres años 3.000 plazas nuevas en la Agencia Tributaria: 3.200 en el SEPE, 3.500 en Instituciones Penitenciarias, 6.000 en las entidades gestoras de la Seguridad Social y 28.000 en el resto de organismos de la AGE.

Por su parte, CCOO ha indicado al término de la reunión que "no compartimos ni el volumen ni la distribución" de los empleos públicos que el Gobierno cuenta con crear porque "abandona los sectores más críticos de la Administración General del Estado".

Por lo que respecta ala cantidad de plazas públicas, este sindicato recuerda que en 2019 hubo 8.709 bajas, sobre todo por jubilaciones, por lo que el incremento que hará el Gobierno para 2020 es solo un 6%. En su lugar, exigen que los puestos de nueva creación "no queden por debajo de los 10.150" que en ese caso elevaría la tasa de reposición al 26%.

Por otra parte, reclamaba "impulsar una OEP extraordinaria" que reconozca los "déficit de personal en determinados ámbitos demandados por la ciudadanía", como el SEPE, Seguridad Social, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, Extranjería o Instituciones Penitenciarias.

Recuperar poder adquisitivo

Por otra parte, el CSI-F ha llevado a la reunión con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública un estudio sobre "la pérdida retributiva de los empleados públicos" entre 2010 y 2020 entre los principales grupos de funcionarios -A1, A2 y C1- y concluye que su pérdida de poder adquisitivo "equivale a trabajar, 13, 15 y 18 meses gratis" respectivamente.

"Los empleados públicos arrastra una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9 y el 17,9% desde 2010", dice este colectivo, que reclama al Gobierno "un acuerdo de varios años" para recuperar la "estructura salarial" previa a 2010.