El Gobierno ha decidido prorrogar hasta final de año las subvenciones al combustible de uso profesional para transportistas, agricultores y ganaderos. Así lo aseguraban este martes fuentes gubernamentales a 20minutos y lo ha confirmado posteriormente la vicepresidenta primera, Nadia Calviño en rueda de prensa.
De esta forma, transportistas y agricultores seguirán beneficiándose de descuentos en los combustibles, aunque en una cuantía más reducida a partir del otoño. Los 10 céntimos por litro repostado de bonificación actuales se reducirán a cinco a partir de octubre y permanecerán en esa cantidad hasta final de año.
Como ya ocurría en el anterior decreto, podrán beneficiarse de la ayuda los camiones o furgonetas que transporten mercancías, autobuses, ambulancias, taxis y VTC. La ayuda se abonará, de nuevo, al final de cada mes de aplicación, junto a la devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos.
De esta forma, el Ejecutivo accede parcialmente a las reivindicaciones de la asociación mayoritaria de los transportistas (la CETM), que advertía el lunes de que no prolongar la medida podría generar una "tensión imprevisible" en un sector en el que el combustible puede suponer más del 30% de los costes.
Desde la CETM, han emitido un comunicado en el que valoran que el Gobierno "cumpla con su compromiso y haya decidido mantener en cierta manera las ayudas al sector". No obstante, advierten de que la medida "será insuficiente si los precios siguen al alza" y piden al Gobierno que se plantee aumentar las bonificaciones si, llegado el momento, la situación lo aconseja.
Calviño ha señalado que la evolución de la guerra en Ucrania ha generado una "incertidumbre reforzada" que está provocando que las previsiones de precios del gasóleo internacional estén repuntando al alza. En este contexto, se ha decidido prorrogar los descuentos para garantizar la "máxima confianza y tranquilidad" en la segunda mitad del año.
"No hay que olvidar que el precio del gasóleo ha alcanzado máximo históricos a raíz del conflicto", señala la nota de prensa difundida por el Ministerio de Transportes. La situación, sin embargo, es ahora bastante distinta que cuando estalló el conflicto. El precio de la gasolina se situaba la semana pasada en 1,596 euros por litro, prácticamente al mismo nivel que antes de la invasión y lejos de los más de dos euros que se llegaron a registrar el verano pasado. Por su parte, repostar un litro de gasóleo —el combustible más utilizado en el transporte profesional— costaba la semana pasada 1,427 euros, su nivel más bajo desde enero de 2022. No obstante, las últimas noticias que llegan de los mercados internacionales apuntan a que los precios podrían subir en las próximas semanas.
El Gobierno ha decidido reducir progresivamente su cuantía por el impacto fiscal significativo que han supuesto hasta la fecha todas las medidas de ayuda adoptadas desde la pandemia, que Calviño ha cifrado en 47.000 millones de euros en siete paquetes distintos. El Ejecutivo quiere asegurarse de que las medidas van "bien dirigidas" y son útiles para seguir bajando la inflación.
La Airef estima que las subvenciones a los combustibles de uso profesional supondrán un gasto para las arcas públicas de 1.347 millones de euros hasta junio. Partiendo de la base de esa estimación, un cálculo rápido sitúa el coste de prorrogar las medidas en otros 674 millones de euros, hasta alcanzar los 2.000 millones en total.
En contra de las recomendaciones europeas
La decisión de prolongar las ayudas a los combustibles contradice los mensajes que llegan desde las instituciones europeas. El pasado 24 de mayo la Comisión Europea recomendó a España que comience a retirar las medidas energéticas de apoyo y utilice ese ahorro para reducir el déficit público.
Más beligerante se ha mostrado la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, que en sus últimas intervenciones públicas ha instado a los países de la eurozona a que retiren sin demora las medidas de apoyo a la ciudadanía para evitar elevar las presiones inflacionarias a medio plazo. Si esto ocurriera, el BCE se vería obligado a subir más los tipos de interés.
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