El Gobierno vuelve a sacar la chequera. El Ejecutivo ha aprobado este martes un nuevo decreto en el que prorroga medidas ya activas para luchar contra las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania y su deriva inflacionaria y aprueba otras nuevas, lo que tendrá un coste de 8.900 millones de euros. Desde que se inició el conflicto hace ya año y medio, el montante total de dinero invertido, según el Gobierno, es de 47.000 millones de euros, que se dividen en ayudas directas -como la de la gasolina o la rebaja del transporte público- y exenciones fiscales, como las que abaratan la factura de la luz.

Lo dijo el presidente Pedro Sánchez desde el primer momento y lo repite en cada ocasión que puede: "Movilizaremos todos los recursos del Estado para proteger a la media clase trabajadora". Cuando finalice el año, esa frase se habrá traducido en la inversión del 3,4% del PIB para paliar la crisis económica, que desde el Gobierno ven ya en época remitente. De hecho, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta económica Nadia Calviño hizo énfasis en esto dando datos: España es el país que más crece de la Unión Europea si se mira el dato interanual (un 4,2%) y uno de los que menos inflación tiene, con un 3,2%.

Es por eso por lo que este último paquete -el cuarto grande, aunque el séptimo para el Gobierno- no ha sido tan boyante en lo que a medidas se refiere. Pese a la cercanía de las elecciones -quedan apenas tres semanas para el 23 de julio-, el Ejecutivo no ha incluido una gran medida como sí ha hecho en otras ocasiones. Pasó con el descuento de 20 céntimos por litro de gasolina en el primer gran decreto; con la ayuda directa de 200 euros para asalariados, autónomos y desempleados con una renta inferior a los 14.000 euros del segundo; o con el cheque alimentación de 200 euros para rentas bajas y la rebaja del abono transportes que metieron en el tercero.

Todas las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno... y la que se queda fuera del nuevo decreto

El paquete aprobado este martes destaca, no obstante, por dejar decaer otra de las medidas estrella que también se incluyó en la pandemia: la prórroga automática de seis meses para los contratos de alquiler que terminaran su duración. Su objetivo era blindar a los inquilinos ante "aumentos abusivos de los precios de alquiler", pero Moncloa aduce dificultades jurídicas para mantenerlo ahora que ya no estamos en una situación extrema. Destacan, además, que esa prórroga ya queda incluida para inquilinos vulnerables -y es de un año- en la ley de vivienda, así como el tope del 2% a los alquileres durante este año y del 3%, en el siguiente.

Por el contrario, se mantienen otras dos importantes medidas: la rebaja del IVA de los alimentos básicos -la inflación de los alimentos sigue siendo del 12%, aunque son cinco puntos menos que en febrero- y las ayudas al transporte público. Respecto a la primera, rebaja del 4% al 0% el IVA del pan, la leche, los huevos, la fruta o la verdura y del 10% al 5% las pastas. No se toca el de la carne y el pescado. En cuanto al transporte público, el Gobierno destinará otros 380 millones de euros para financiar el 30% de descuento en los metros y en los autobuses, con la condición de que las comunidades y los ayuntamientos pongan al menos un 20% más de sus propias arcas.

Los transportistas, agricultores y ganaderos podrán seguir beneficiándose durante seis meses más del descuento del carburante: de 10 céntimos hasta septiembre y de cinco, hasta diciembre. También se congela el tope al precio de la bombona de butano y se mantienen las ayudas a la industria electrointensiva. Asimismo, el Gobierno ha incluido una nueva medida, que trata de la desgravación en el Impuesto de la Renta para personas físicas (IRPF) de hasta el 15% para la compra de vehículos eléctricos hasta diciembre del 2025, hasta un límite de 20.000 euros, con el fin de "incentivar la transición verde y hacer frente al reto de la emergencia climática". 

Sin embargo, esta última medida no tiene tanto que ver con la emergencia económica por la guerra, al igual que otras que se han metido nuevas para que no decaigan al estar ya prometidas por el Gobierno. Es el caso también del apartado en el que se incluyen los principales permisos del proyecto de la ley de familias, que había caído tras disolverse las Cortes con el adelanto electoral. Uno será de cinco días al año retribuidos por hospitalización de familiares, otro "por causa de fuerza mayor" por motivos familiares urgentes y el tercero, un tercer permiso parental de ocho semanas -sin remuneración-. 

La misma casuística ocurre con el derecho del olvido oncológico, una promesa de Sánchez en la campaña electoral de las municipales y autonómicas y que trata de que no se tengan en cuenta los antecedentes oncológicos a la hora de contratar productos y servicios. De igual manera, el Ejecutivo ha introducido en el decreto la creación de una línea de avales a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para garantizar el 20% de la hipoteca de una primera vivienda para jóvenes menores de 35 años con ingresos anuales inferiores a 37.800 euros y para familias con niños a cargo, algo que también anunció Sánchez en campaña. Aprovechando la última sentencia europea sobre los VTC, el Real Decreto que deberá convalidar el Congreso en menos de un mes también blinda al sector del taxi como "servicio público", creando nuevas vías para limitar a Uber y a Cabify.