El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos ha apremiado al ministro Fernando Grande-Marlaska a que lo restituya como jefe de la Comandancia de Madrid, tras la sentencia del Tribunal Supremo a finales de marzo que declaró ilegal su cese. Por su parte, el Ministerio del Interior se ha remitido a los plazos judiciales, que permitiría posponer la decisión después de las elecciones generales del 23 de julio. 

Según confirman fuentes jurídicas a Europa Press, Pérez de los Cobos ha remitido una carta al ministro Grande Marlaska en la que le reclama que "a la mayor brevedad lleve a punto y debido efecto lo ordenado por sentencia firme, disponiéndose lo oportuno para ser restituido en su puesto y funciones sin mayor dilación". Sin embargo, fuentes del Ministerio del Interior aseguran que este departamento "cumplirá íntegramente la sentencia y que se atiene a los plazos marcados por la autoridad judicial", aunque sin concretar la fecha de restitución.

A finales de marzo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo confirmó la sentencia dictada el 31 de marzo de 2021 por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo Número 8 de la Audiencia Nacional que declaró "ilegal" el cese del coronel al entender que la causa no era "real" o, como poco, no se ajustaba "a la realidad".

Investigación sometida a reserva 

Pérez de los Cobos fue cesado en mayo de 2020, a los pocos días de declararse el estado de alarma por la COVID-19, y de que agentes de la Comandancia de Madrid iniciaran una investigación por orden de una juez sobre la posible conexión de la manifestación feminista del 8-M y la expansión de contagios.

El cese del coronel ha sido motivo de críticas recurrentes a la gestión de Grande Marlaska por parte de la oposición. El coronel afirmó en uno de sus recursos que su cese era una "directa consecuencia de no haber accedido a realizar un acto abiertamente ilegal", como hubiera ocurrido en el caso de "informar a los responsables políticos del Ministerio del Interior de una investigación sometida a la más estricta reserva".

Tras la resolución del Supremo, Grande Marlaska aseguró que iban a cumplir la sentencia, aunque reiteró que la decisión de cesarlo estaba justificada por pérdida de confianza debido a la filtración del informe del 8-M y a que no comunicó a sus superiores la práctica de esta diligencia, como había hecho anteriormente con otras novedades. Según él, en ningún momento desde la cúpula del Interior el interés fue conocer "el contenido" de dicho de informe.