Los ministros de Medio Ambiente de la UE han acordado este martes una posición común para negociar con el Parlamento Europeo la Ley de Restauración de la Naturaleza, que ha abierto una brecha entre los partidos que defienden la conservación de la naturaleza y la recuperación de hábitats hoy seriamente dañados y partidos ultras negacionistas del cambio climático, a los que se ha sumado el Partido Popular Europeo (PPE) debido a un eventual perjuicio al sector agrícola europeo y la seguridad alimentaria. Como ocurrió la semana pasada en la Eurocámara, la futura ley ha dado un paso más entre los gobiernos europeos en el Consejo de la UE, donde una mayoría cualificada ha acordado, si bien con concesiones de última hora que recortan los hábitats que los países europeos estarán obligados a recuperar para 2030.

"Hoy es un buen día para la naturaleza", ha declarado la ministra sueca de Medio Ambiente y presidenta semestral del Consejo, Romina Pourmokhtari, al término de una votación que ha contado con el apoyo de España, aunque también con la advertencia por parte de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, de que le hubiera gustado más ambición en el texto con el que ahora los gobiernos de la UE negociarán la redacción definitiva de la ley con la Eurocámara.

"No basta proteger el 30 % de los espacios terrestres y marinos para 2030, sino que debemos también restaurar los ecosistemas particularmente dañados", ha afirmado. Según ha dicho Ribera durante el debate, el acuerdo entre los ministros está "por debajo" de lo que hubiera deseado "y, sin embargo, es un paso muy significativo". Cuando el 1 de julio dé comienzo la Presidencia semestral de España de la UE, Ribera será presidenta del Consejo de Medio Ambiente y, como tal, será la encargada de negociar con esta posición común con el Parlamento Europeo, donde el ponente en este asunto es el socialista español, César Luena.

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La Ley de Restauración de la Naturaleza busca proteger la biodiversidad de la UE, para corregir su "alarmante declive", según la advertencia de la Comisión Europea, en vista de que "más del 80% "de los hábitats europeos están en malas condiciones de conservación o que "más del 70%" de los suelos están en "condiciones de insalubridad", lo que produce una "pérdida de productividad agrícola por un valor de 1.250 millones al año".

Para detener esta tendencia, la Comisión propone en esta ley obligaciones jurídicas a los Estados miembros para proteger la biodiversidad. Así, tendrán que desarrollar Planes de Restauración Nacional para, en conjunto, restaurar "al menos el 20%" del territorio europeo para 2030 y de todos los que necesiten restauración para 2050. Si la norma se promulga, los gobiernos europeos tendrán también que crear leyes que protejan todos los hábitats, no solo aquellos que queden dentro de la Red Natura 2000. 

La aprobación de esta ley requiere el visto bueno del Consejo -los gobiernos- y del Parlamento Europeo, donde se ha constatado la tensión que a un año de las elecciones europeas recorre la UE entre quienes quieren imprimir más velocidad a la transición ecológica y la agenda verde europea y quienes quieren ralentizar el ritmo, bien porque reniegan del cambio climático, bien en respuesta a las preocupaciones y rechazos que algunas políticas medioambientales provocan en el sector agrícola.

Este martes, la posición común entre los ministros de Medio Ambiente ha salido adelante a pesar del rechazo de Polonia, Suecia, Finlandia o Italia y de las dudas que han manifestado Bélgica o Países Bajos. 

Menores objetivos de restauración

Por el contrario, Hungría, República Checa, Bulgaria, Eslovenia, Alemania, Francia, Portugal, Chipre, Rumanía, Malta, Grecia, Dinamarca y España han apoyado una propuesta de compromiso en la que la Presidencia sueca había introducido algunos cambios a la propuesta original de la Comisión para "mantener un equilibrio entre mantener objetivos ambiciosos para la restauración de la naturaleza y permitir flexibilidad para que los Estados miembros pongan en pie la regulación", ha explicado la Presidencia sueca. 

"Los Estados miembros pueden eximir a estos proyectos de demostrar que hay soluciones menos dañinas en determinadas circunstancias", ha subrayado la ministra sueca.

Estos cambios suponen, en esencia, limitar el impacto sobre ciertos hábitats de los planes de recuperación que los gobiernos estarán obligados a elaborar. Deberán poner en pie medidas para recuperar "al menos el 30% de hábitats terrestres, costeros, fluviales y marinos para 2030", pero a diferencia de lo que planteaba la Comisión, el 30% sobre el que deberán actuar se aplicará al conjunto de los distintos tipos de hábitats y no a todos ellos. Para 2040, las medidas de restauración deberán llegar a "al menos el 60" de los hábitats en mal estado y al 90% en 2050, en lugar de al 100% como pretendía Bruselas. 

Además, el Consejo fija en su posición negociadora unas excepciones según las cuales los Estados miembros podrán reducir el porcentaje de restauración en áreas marinas con sedimentos. Además, el Consejo reconoce que falta información sobre el estado de todos los hábitats, por lo que ha acordado que las medidas de restauración solo se aplicarán en aquellos de cuyo estado se tenga conocimiento.

Brecha en el Parlamento Europeo

Las concesiones a la baja con las que los ministros han encontrado un compromiso para defender la futura Ley de Restauración Natural discurren en paralelo -aunque no de una forma tan drástica- a la polémica que esta norma que defienden los ecologistas y rechaza parte del sector agrícola ha provocado en el Parlamento Europeo, donde la semana pasada estuvo a punto de salir adelante el bloqueo y retirada de la propuesta legislativa que exige el Partido Popular Europeo (PPE) y, dentro de él, también los eurodiputados del PP.

La deriva del presidente de los conservadores en la Eurocámara, Manfred Weber, a posiciones más cercanas a los partidos ultras que previsiblemente ganarán representación en las elecciones del año que viene le llevó a una campaña -con acusaciones de presiones incluidas- para rechazar una ley a la que se opone el sector agrícola, pero también los negacionistas del cambio climático. 

Aunque por la mínima, esta 'enmienda a la totalidad' no salió adelante y la comisión de Medio Ambiente de Parlamento Europeo pudo empezar a votar las enmiendas parciales. Tras levantar la sesión, está previsto que termine el 27 de junio para que su posición pueda ser aprobada por el Pleno y quedar lista para negociar con la Comisión y el Consejo, con la posición que se ha acordado este martes.

Durante el debate de la reunión de los ministros, el vicepresidente de la Comisión Europea para el Pacto Verde, Frans Timmermans, ha pedido que no se conviertan las políticas climáticas en "guerras culturales" con una "oposición tribal" donde "los hechos ya no importan".

"Es clave para mejorar la resiliencia y la productividad de la tierra, para garantizar nuestra seguridad alimentaria. En contra de lo que dicen algunos, esto no va a suponer un problema para la seguridad alimentaria. Si no ayudamos a la naturaleza a restaurarse, sí tendremos un problema", ha dicho.