El Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) ha realizado un informe sobre los contenidos de discapacidad y accesibilidad de la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda.

La organización valora negativamente la nueva ley, ya que asegura que se olvida de las personas con discapacidad y los mayores. El informe presentado por Cermi recoge parte del preámbulo de la ley: "Dotar de instrumentos efectivos para asegurar la funcionalidad, la seguridad, la accesibilidad universal y la habitabilidad de las viviendas, garantizando así la dignidad y la salud de las personas que la habitan".

La accesibilidad universal está presente en distintos puntos de la nueva ley, como el artículo 3, que recoge que la ley considera como infravivienda aquella que no cumpla con los requisitos mínimos de accesibilidad universal y habitabilidad exigibles a la edificación.

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"Es una oportunidad perdida para la discapacidad porque la ley solo hace menciones genéricas de la accesibilidad, pero cuando descienden a la realidad no hay nada tangible para una parte de la población", se queja Óscar Moral, asesor jurídico de Cermi. "Se puede mencionar la accesibilidad universal pero es como decir nada cuando no se desciende a la realidad de cómo actuar".

El informe afirma que la falta de consideración hacia la accesibilidad hace que el derecho a una vivienda digna y adecuada que proclama la Constitución se disuelva y quede vacío. “A las personas con discapacidad las deja igual que antes de que se aprobara esta ley”, añade Óscar.

Ley de Propiedad Horizontal

El Cermi alerta de que la nueva ley ha hecho caso omiso a la reivindicación histórica –desde hace más de veinte años– del sector de la discapacidad de reformar la Ley de Propiedad Horizontal para garantizar la accesibilidad en los elementos comunes de los inmuebles.

“Hasta que no se modifique la Ley de Propiedad Horizontal, la accesibilidad no estará resuelta”, cuenta Óscar. “Pueden instar obras de accesibilidad en los elementos comunes siempre que dicha obra esté por debajo de doce mensualidades de derrama ordinaria de mensualidad. En ese caso la obra de accesibilidad es obligatoria, pero si no se somete a criterio de la comunidad de vecinos, que decide si la hace o no. La persona con discapacidad tiene todas sus obligaciones con la comunidad de vecinos pero no sus derechos porque no puede salir de su casa. Esa es la realidad de muchas personas”.

Según datos del Cermi, el 70% de los inmuebles de España de propiedad horizontal son inaccesibles, lo que supone que más de cien mil personas con discapacidad y mayores estén presas en sus viviendas.

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“A estas personas que no pueden salir de sus domicilios no se les ha dado ninguna solución”, protesta Óscar. “La nueva ley podría haberlo hecho, pero lo ha obviado completamente dejándonos igual que antes. De haberlo hecho habría permitido un cambio trascendental en esta materia”. Desde Cermi entienden que no todas las comunidades de vecinos tienen situaciones económicas que les permitan acometer por su cuenta estas obras de accesibilidad en portales, por ejemplo. “En estos casos deberían tener ayudas”, defiende Óscar. Tampoco se trata de que todas las viviendas sean accesibles de un día para otro, por eso lo que pide Cermi con su reforma de la Ley de Propiedad Horizontal es que establezcan como obligatorias y con cargo a la comunidad las obras y actuaciones de accesibilidad allí donde vivan personas con discapacidad y mayores de 70 años.

Otra realidad distinta es la necesidad de realizar obras de adaptación en el domicilio particular de la persona mayor o con discapacidad. “Esto suelen ser competencias autonómicas y municipales. En cada lugar se ofrecen distintos tipos de ayuda para la adaptación. En el Ayuntamiento Madrid, por ejemplo, esté el Plan Adapta, que está funcionando muy bien”, cuenta Óscar. Su deseo sería que esto se regulara adecuadamente en los distintos municipios españoles, pues hay algunos donde las ayudas son prácticamente inexistentes.

En Cermi tienen claro que seguirán luchando hasta conseguir sus objetivos. “Insistiremos, tienen que acometerlo tarde o temprano por la dignidad de estas personas a las que se les están vulnerando sus derechos. Es simplemente entrar y salir libremente de sus domicilios. Es terrible. Es colocar a estas personas en exclusión social, borrarlas como ciudadanos”.