Los inspectores de Trabajo y los funcionarios de Justicia mantendrán sus protestas ante el Ejecutivo pese a la convocatoria adelantada de elecciones generales anunciada el lunes por el presidente Pedro Sánchez. El enorme protagonismo que ya ha adquirido la celebración de nuevos comicios no ha disuadido a ninguno de estos colectivos de mantener las protestas.
Los principales sindicatos de la Inspección de Trabajo se han reunido este martes y han votado unánimemente a favor de mantener las movilizaciones previstas para el próximo 7 de junio en varias capitales de provincias. Eso sí, han decidido aplazar la próxima jornada de huelga a la última semana de junio, con la esperanza de que haya margen para alcanzar un acuerdo que desatasque el conflicto. "Es indudable que la convocatoria de elecciones trastoca todas las estrategias, pero ello no puede llevar al abandono en la defensa de las medidas pactadas y recogidas en el acuerdo que hasta la fecha está incumplido", señalan desde CC OO.
El colectivo exige al Gobierno que cumpla el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo, un acuerdo aprobado en Consejo de Ministros en 2021 que recoge una serie de compromisos aceptados por el Gobierno. Entre ellos, destacan mejoras en la calidad del empleo, refuerzos en la capacidad de actuación de los inspectores y una modernización de la institución que incluyera refuerzos de personal y nuevos perfiles técnicos.
"Creemos que hay que seguir porque no estamos ante un Gobierno en funciones, eso será a partir de 23 julio. El trabajo técnico está hecho, no requiere tramitación parlamentaria y no afecta a los Presupuestos Generales del Estado", señala Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS). Ercoreca insiste en que los inspectores de trabajo están detrás de muchas de las medidas estrella aprobadas durante la legislatura —como la reforma laboral, los ERTE o el SMI— que marcarán la campaña.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública —que se encarga de gestionar las ofertas de empleo público— y el Ministerio de Trabajo negociaron durante año y medio una salida al conflicto. Pero cuando parecía que el pacto era inminente, todo saltó por los aires, lo que provocó un "profundo malestar" en el ministerio que dirige Yolanda Díaz y el propio colectivo de inspectores. Ahora, la situación ha dado un nuevo giro tras la convocatoria de elecciones, que previsiblemente reducirá considerablemente la acción de gobierno.
La última oferta presentada por Función Pública pasa por la contratación de 781 efectivos más en tres años y la dotación de una productividad extraordinaria de 6 millones de euros. Sin embargo, esta resolución no contempla cambios en la relación de puestos de trabajo (RPT), una condición sine qua non para que los inspectores den el sí al acuerdo. Fuentes tanto de Hacienda como de Trabajo señalan que se sigue trabajando para dar salida al conflicto y que la disolución del Parlamento no afecta a este tipo de procesos.
En Justicia mantienen la huelga indefinida
Por su parte, los funcionarios de Justicia, lejos de cesar en sus reivindicaciones, han protestado en la mañana del martes frente a la sede del Partido Socialista, en la calle Ferraz. Y aseguran que la huelga indefinida que celebran desde el pasado 22 de mayo continuará "pese al adelanto electoral". "No estamos ante un Gobierno en funciones, sino ante un Gobierno plenamente activo que, sin duda, va a seguir trabajando con normalidad en las próximas semanas", ha señalado en este sentido el sindicato CSIF a través de un comunicado emitido este martes.
Tanto esta organización como el resto de las convocantes —STAJ, UGT y CCOO— han tomado, por tanto, la decisión de mantener sus medidas de presión contra el Ejecutivo, que este mismo año ha concedido subidas salariales a los letrados de la Administración de Justicia, a los jueces y a los fiscales. La principal exigencia que los funcionarios han mantenido desde el comienzo de su protesta es una subida retributiva de entre 350 y 430 euros mensuales. Pero también solicitan un papel en la negociación del contenido de la ley de eficiencia organizativa (LOEO) que se tramita actualmente en el Parlamento.
Según han apuntado los sindicatos, "no existe impedimento legal" para que el Gobierno negocie para solucionar el conflicto. De hecho, señalan que "existen precedentes de acuerdos firmados por gobiernos semanas antes de unas elecciones en 2008 y en 2018". Tras un mes de protestas y paros parciales que el 22 se tornaron en una huelga indefinida, los funcionarios de Justicia exigen al Ministerio de Justicia "que no utilice el anuncio realizado por el presidente del Gobierno para escabullirse de su responsabilidad". Más aún, las organizaciones han instado al propio Pedro Sánchez a que intervenga en el conflicto "obligando a sus ministras a que se sienten a negociar".
Sin embargo, fuentes del Ministerio de Justicia sostienen que al disolverse las cortes, "las leyes de eficiencia decaen" y "cualquier subida" va ligada a estas normas. Precisamente esta semana, mantienen, se iba a comenzar a dialogar con los funcionarios, cosa que a su juicio "ya no tiene mucho sentido". "De momento no habrá LEOE, cuando la haya, hablamos", han zanjado desde la cartera de Pilar Llop.
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